18 de octubre 2023 - 11:04hs

En Argentina se dice que "si te vas 20 días todo cambió, si te vas 20 años, todo sigue igual". A los efectos de ilustrar esto último, basta mencionar, por ejemplo, que el país reportó la inflación mensual de 12,4% en agosto, la más alta de este siglo, y como no veía desde febrero de 1991. Mientras tanto, la cifra interanual se ubicó en 124,4% y acumula una suba del 80,2% en lo que va del año, lo que la convierte en una de las más elevadas del mundo. Además, en los índices de precios mayoristas, el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) aumentó de 18,7% m/m en agosto. Al mismo tiempo, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 19,0% en el mismo período. Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 17,9% m/m.

Las cifras son sorprendentes, incluso para un país que enfrenta inflación crónica desde hace décadas, situación que solo se interrumpió mientras duró el régimen de convertibilidad (1991-2002). Sin embargo, esta instancia comienza a reflejar una nueva dinámica, con una inflación que corre cómodamente con cifras mensuales de dos dígitos, lo que se traslada inmediatamente a un empeoramiento drástico de las expectativas inflacionarias de cara al futuro (197,5% a 12 meses, 58,9% a 24 meses, según el REM de agosto). Por supuesto, nadie puede dudar del origen de la problemática inflacionaria: a saber, un gasto público excesivo, ronda el 40% del PBI, que al no poder ser financiado con impuestos ni con deuda, recurre a la emisión monetaria para cerrar la brecha.

En este punto, la ausencia de un plan de estabilización serio y creíble de cara al futuro, junto al descontrol en el gasto del Estado, que si se reduce es únicamente por la propia dinámica inflacionaria que licúa una parte de este (la no indexada), provoca que el país carezca totalmente de un ancla fiscal que pueda generar chances de empezar a pensar en una estabilización macroeconómica. Para muestra un botón, se espera que para este 2023 el déficit fiscal primario ronde el 2-3% del PBI, llegando al 5% si sumamos los intereses de deuda. En paralelo a esto hay que considerar el déficit cuasi fiscal del BCRA, que algunos proyectan en 8% del PBI. En total, cerca de 13% sería el déficit del sector público consolidado.

Dicho esto, vale hacer una precisión al respecto, si se ajusta por inflación, el país no tiene hoy un déficit cuasi fiscal considerable. Los intereses tienen un componente inflacionario que implica amortización real de capital, un ejemplo: supongamos que usted tiene una deuda de $ 1.000, la tasa es 50% y la inflación es 100%. Al año debe pagar $ 1.500. Quienes hablan de déficit cuasi fiscal, sostienen que este es de $ 500. Sin embargo, en términos REALES, lo que se tiene es un superávit de $ 500. Incluso si tomará una deuda por $ 500 y tendría la misma deuda que al inicio. Esto es porque, como cualquier modelo de represión financiera, tiene tasa de interés real negativa. De cualquier modo, vale decir que en 1989 en la previa de la hiperinflación la tasa real también era negativa. Por tanto, aquí la clave, no es la tasa real ex post (que considera la inflación efectiva), sino lo que suceda con la tasa nominal ex ante (que se determina en función la inflación esperada). Para bajar esta última se requiere unificar tipo de cambio, bajar expectativas de devaluación, y a su vez disminuir las expectativas de emisión. Esto último tiene implícito un plan fiscal creíble y un gobierno que deje de requerir la asistencia del banco central (que además debe ser independiente). 

El problema es que, en la Argentina de hoy, NADA de esto está dado, más ahora que se perdió el “ancla  política” como resultado de unas elecciones (PASO) que configuraron un escenario de tres tercios, con la emergencia de un candidato antisistema (Javier Milei-La Libertad Avanza) que recogió la mayor adhesión, seguido de cerca por Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y en último lugar el candidato/ministro Sergio Massa (Unión por la Patria). Dado lo inesperado del resultado, la incertidumbre electoral hoy está en máximos, con la candidata más genuinamente pro-mercado tercera en las encuestas (aunque subiendo marginalmente), mientras que el candidato que lidera (con chances incluso de triunfar en primera vuelta) carece de condiciones mínimas de gobernabilidad en caso de ser electo (no alcanza el tercio de legisladores en el congreso, con lo cual es pasible de juicio político), no tiene gobernadores, ni inicialmente los equipos necesarios para poder gobernar. El último protagonista de esta historia, el ministro Sergio Massa, devaluó un 22% el dólar oficial al día siguiente de las elecciones, devaluación que se trasladó con una velocidad inusitada a precios, desencadenando en buena medida la situación que tenemos hoy.

A su vez, con la intensificación de la competencia electoral, el ministro viene tomando una serie de medidas que representan un torpedo a la línea de flotación de lo poco que queda todavía a flote de ese barco a la deriva que es Argentina.

Una de las últimas decisiones: enviar un proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, que tendría en 2024 un impacto fiscal del 0,83% del Producto Bruto Interno (PBI), y el paquete total del plan, costaría arriba del 1% de PBI. Vale destacar que dicho proyecto contó con el voto afirmativo del peronismo, los libertarios, y la izquierda trotskista, solo posible en Argentina.

Y la lista de dádivas electorales continúa, todos unidos en la tarea de terminar de incubar una hiperinflación. Esto es así al punto tal, que, en una de sus últimas declaraciones, el candidato Javiel Milei (La Libertad Avanza) desalentó la renovación de plazos fijos en pesos, lo que apunta de forma intencionada o no a acelerar la corrida contra el dólar, con la idea de que “a más alto tipo de cambio” más fácil la dolarización. En este sentido, las reminiscencias con Menem en 1989, catapultado hacia el poder de la mano de la hiperinflación de Alfonsín son obvias, pero cuidado, porque el propio Menem tuvo también su propia hiperinflación en 1990, antes de estabilizar. Un juego muy peligroso.

Como sea, quien finalmente termine ganando las elecciones recibirá una inflación altísima, una brecha cambiaria arriba del 100% (llegó al 170% en estos últimos días), reservas netas negativas en el banco central, un déficit fiscal muy elevado, una deuda en moneda local mayormente indexada a inflación, o al dólar o ambas, y por ende, difícil de licuar.

Respecto de la deuda en moneda extranjera, tras las diversas reestructuraciones, el cronograma de vencimientos para el próximo año tiene pagos por unos $ 15 bn que se incrementa año a año hasta 2029 ($ 25 bn) para recién ahí empezar a caer. Sobra decir que el mercado internacional está cerrado hoy para la Argentina. A esto sumemos precios relativos distorsionados, en el marco de una economía totalmente desorganizada, con precios muy atrasados que conviven con otros muy adelantados. Esto solo si nos referimos a la coyuntura, pensando más en el largo plazo, se deberá reformar una economía repleta de una maraña imposible de regulaciones, laborales, tributarias, cambiarias, etc., que deberán ser actualizadas y concebir una apertura de la economía que permita reintegrarla al mundo, de forma competitiva.

Al mismo tiempo, el sector público tendría que ser restructurado, con reducción de la plantilla laboral a nivel nacional, provincial y municipal, a lo que habría que agregar una reforma previsional que haga sostenible la seguridad social. Todo esto permitiría recuperar el crecimiento, ausente hace más de una década en Argentina, y salir de la estanflación. Por supuesto, existen grandes desafíos de economía política que requerirán acuerdos y consensos.

Lamentablemente, en materia de gobernabilidad, hoy hay más dudas que certezas, imposible saberlo. Quizá la única ventaja que tendrá quien quiera estabilizar el país es una fuerte recuperación del sector externo hacia el año próximo apoyado en el agro y una balanza energética positiva, que proveerán de más dólares producto de un robusto superávit de cuenta corriente que podría superar los $10 bn. No es poco, pero es insuficiente sin un plan de estabilización.

En resumen, la oportunidad está, pero la tarea es titánica y requiere un proyecto de país y una institucionalidad que hoy brillan por su ausencia en medio de un sistema político más fragmentado, que parece apostar por una democracia de colisión donde, cuanto peor, mejor.

Es claro que Wall Street se está haciendo cada vez más a la idea de que el 60% de argentinos que rechazó al Kirchnerismo en la PASO no necesariamente habría votado por el fin del “populismo” (los coqueteos de Milei con Massa y el sindicalismo peronista, etc. apuntan en ese sentido), y lo cierto es, que, para más de lo mismo, no hay fresh money.

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