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Asentamiento Nuevo Comienzo: empieza el juicio y acusarán a cuatro familias por usurpación y robo de energía eléctrica
En enero de 2020 un aluvión de familias ocupó un terreno de más de 70 hectáreas en Camino Sanfuentes, pegado a los barrios Casabó, Cerro Norte y Santa Catalina. 14 de esas familias fueron denunciadas por usurpación y hurto de energía eléctrica; la mayoría decidieron desocupar el asentamiento en medio de una disputa judicial y mediática por la gran repercusión que tuvo el caso en la prensa. Pero, casi tres años después aún hay tres que permanecen en Nuevo Comienzo pese a estar próximos a enfrentar un juicio que los condenará por usurpar esas tierras, que son propiedad de una empresa privada.
Una de ellas es Patty, una de las almaeceneras del barrio. Era asistente personal del BPS y cuidaba a una niña con discapacidad, pero fue despedida cuando la madre de la menor supo, por la prensa, que estaba siendo indagada por la justicia por ocupar el asentamiento y robar energía eléctrica para su vivienda. Con el cobro de la liquidación, contó a El Observador, hizo una inversión en el comercio barrial con el que sustenta a sus dos hijos, uno de 17 y otra de 11 años.
José Luis se quedó sin trabajo durante la pandemia al igual que su pareja. En setiembre de 2020 se enteraron de que había un nuevo asentamiento cerca del Cerro. En ese entonces vivían en el barrio Maroñas. Se asentaron allí y él, que también era asistente personal del BPS, quedó sin trabajo cuando la persona que cuidaba murió. Cuando llegaron a Nuevo Comienzo pidieron permiso para vivir ahí. "Decidí quedarme porque no tengo dónde a ir. No es un capricho, es una necesidad", dijo en conversación con este medio.
José Luis se involucró con el barrio desde una olla popular en la que colabora. También contó que trabaja con huertas comunitarias y familiares y que en el asentamiento ya "hay cuatro o cinco" y que gracias a ese trabajo algunas escuelas de la zona oeste de Montevideo incorporaron también las huertas.
La tercera formalizada por usurpación y robo de energía es Katty. Ella y su familia fueron de las primeras que llegaron en el aluvión de enero de 2020. Ella trabaja en una panadería y su esposo en una fundación que coloca pisos de madera en asentamientos. Una cuarta familia que será acusada ya abandonó el asentamiento.
A mediados de marzo la Justicia los acusará por usurpación y robo de energía eléctrica, confirmó el fiscal del caso Diego Pérez, y con esa acusación el juicio llegará a su fin. Las penas por usurpación pueden ir desde tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y el de hurto de energía eléctrica, previsto en el artículo 343 del Código Penal, está penado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.
¿Qué sigue después de la acusación?
Patty, José Luis y Katty coincidieron en algo: los tres afirmaron que si la justicia no falla a favor de ellos, no tienen un lugar a dónde ir a vivir. A Katty la solución que se le ofreció fue ir a un refugio del Mides, ella y su hija a uno y su esposo y su hijo varón a otro. "Estoy desde los 15 años con mi marido y tengo 35. O sea, hace 20 años. Mis hijos se criaron con su padre, no puedo separarlo", señaló. Patty afirmó que, al igual que José Luis, no tienen a dónde ir en caso de que tengan que dejar el asentamiento.
La Intendencia de Montevideo (IM) ofreció un terreno para realojar a las familias y la oferta aún sigue en pie, dijeron fuentes de la comuna a El Observador. Sin embargo, prefirieron no dar a conocer la ubicación de lugar. Pero, para eso, el Ministerio de Vivienda debe intervenir con las construcciones. Desde la IM afirmaron que "no hay novedades" de parte de esa cartera.
El Observador intentó comunicarse con la ministra Irene Moreira, el subsecretario Tabaré Hackembruch y la directora Nacional de Integración Urbana y Social (Dinisu), Florencia Arbeleche, para saber si el MVOT planteará soluciones habitacionales para este asentamiento en el nuevo terreno de la IM, pero desde la cartera señalaron que no harán comentarios al respecto.
Los vecinos se reunieron por última vez con Arbeleche hace un año y, según su versión, la directora de la Dinisu plantearía una solución para los fornalizados por la justicia pero aún no tuvieron novedades al respecto.
