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Asesinatos y venganza: el año y medio de impunidad de un joven de 16 años

Era amigo del Kiki, a quien ayudó con 15 años cuando era el delincuente más buscado del país

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17 de julio de 2019 a las 12:10

Tiene 16 años y ya mató a dos personas. Intentó asesinar a otra, realizó varias rapiñas, ayudó a asesinos como el Kiki –en febrero de 2018 le consiguió un lugar para que se escondiera, cuando era el delincuente más buscado por la policía–, fue detenido por manejar una moto robada, fue imputado por tenencia, tráfico y fabricación ilegal de armas.

La policía lo detuvo todas esas veces –y otras varias–, pero hasta este viernes, cuando el delincuente conocido como "el Gordo Maicol" fue capturado luego de semanas de búsqueda por uno de sus asesinatos y ahora sí enviado a prisión, la Justicia lo había dejado libre. Una y otra vez.

En ocasiones porque no había pruebas. Pero en la mayoría de los casos porque los fiscales de Adolescentes decidían dejarlo libre ya que consideraban que los delitos que había cometido no eran lo suficientemente graves como para pedir que el menor fuera a la cárcel mientras esperaba el juicio. En su lugar, en vez de prisión preventiva solicitaban a la Justicia que lo enviaran a su casa bajo arresto domiciliario, al cuidado de su madre y bajo supervisión del Inisa por dos o tres meses.

“Era un psicópata muy peligroso”, dijo una fuente del Ministerio del Interior a El Observador. En total, tiene en su haber al menos media docena de delitos que han sido probados ante un juez. 

Es hermano de Cristian Alejandro Larrosa Martínez, otro delincuente con varios antecedentes penales, que se fugó de la cárcel de Santiago Vázquez –ex Comcar– el 26 de junio de este año y que cuatro días después, ayudado por el adolescente, intentó matar a un hombre a quien acusaba de haber tenido relaciones sexuales con su novia mientras estaba preso. Le dispararon tres veces, pero se salvó.

Diez días antes, el 20 de junio, el que quiso matar por celos fue el menor, y en este caso lo logró. Asesinó a Nicolás Maqueira Cuadrado “en la puerta de su casa”, según consta en el registro policial al que accedió El Observador, en donde quedó constancia que mató al hombre luego de encontrar mensajes de la víctima en el celular de su novia.

Le disparó sin siquiera cubrirse el rostro, “amenazó a varios familiares para que no lo denunciaran”, y le dijo esto a su pareja luego del crimen: “No lo maté porque se me trancó la pistola, le di un solo tiro”. Un solo tiro dirigido al abdomen que resultó mortal.

La policía lo buscaba desde entonces y lo capturó este viernes en su casa del barrio El Monarca, mientras dormía. En esa casa encontraron un rifle calibre 22, una mira telescópica, tres cuchillos –uno de ellos de cacería con 30 centímetros de hoja–, una pistola y un chaleco antibalas robados a un policía, varias balas para la pistola y el rifle.

Lo acusaron de homicidio, tentativa de homicidio, tráfico interno, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales en reiteración real, y lo mandaron a una dependencia del Inisa mientras se sigue investigando el caso, de acuerdo a información de Subrayado.

Rodeado por helicópteros

Christian Damian Pastorino estaba almorzando como si no hubiera pasado nada. Era febrero de 2018, y hasta ese mediodía el Kiki era el delincuente más buscado del país: había asesinado a su pareja meses atrás y a una cajera de un supermercado en un asalto –en el que también disparó a un guardia en el suelo y lo dejó parapléjico– que había cometido una semana antes para robar $ 2.000.

A su lado estaba el Gordo Maicol, por entonces de 15 años. Le había conseguido a su amigo ese escondite –una pequeña casa de madera– para que pasara la noche anterior. El operativo policial sobrevino de un momento para otro, con decena de efectivos y hasta con apoyo de helicópteros: los jóvenes se vieron rodeados, el Kiki se pegó un tiro en la cabeza y se mató, y el adolescente intentó escapar pero lo agarraron enseguida.

Ese sábado 17 de febrero fue la primera vez que este joven era detenido –al menos de acuerdo al registro proporcionado por el Ministerio del Interior–, y el día en que inauguró una carrera delictiva que no tuvo descanso durante un año y medio.

Sin embargo, y pese a haber sido imputado como “autor de una infracción grave de encubrimiento de homicidio”, la Justicia decidió el “cese de la detención y la entrega a su madre presente en audiencia en arresto domiciliario como medida cautelar", luego de formalizarse la investigación por este caso, la primera de su legajo.

Rapiña impune

No pasaron tres meses y, según la policía, el 30 de mayo, junto con su hermano y otro delincuente, el joven asaltó a un repartidor en la ruta 8, quien resultó herido de bala. Meses después, el 5 de setiembre, la víctima denunció a la policía que había visto en la calle a uno de los delincuentes que estaba con el menor durante la rapiña.

El identificado era Larrosa, que circulaba con su hermano menor en una moto. La policía los tuvo que perseguir, y cuando fueron capturados encontraron que el joven tenía además una Glock de nueve milímetros.

El adolescente volvió a ser imputado, esta vez como presunto autor de una “infracción grave prevista como un delito de porte y tenencia de armas”, ya que no se encontraron pruebas para formalizarlo por el asalto, pero la Justicia –a pedido de la Fiscalía– resolvió nuevamente el “cese de su detención y la entrega a su madre” –que estaba presenta en la audiencia judicial–, como medida cautelar por un plazo de 60 días mientras se lo seguiría indagando por el caso.

Un defensor de menores consultado por El Observador –y que no quiso ser identificado– dijo que es "común" que ante infracciones graves –como hurtos, receptación o encubrimientos, de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)– los fiscales no soliciten cárcel como medida cautelar. Que ese extremo se exige, porque el artículo 116 del CNA dicta que es obligatorio, cuando el menor es imputado por "infracciones gravísimas", como rapiña, homicidio, secuestro y violación.

El organismo del Inisa encargado de velar por que el joven cumpliera con el arresto domiciliario se llama Programa de Medidas Socioeducativas Comunitarias (Promesec).

Homicidio sin pruebas

Menos de dos meses después, el 20 de noviembre de 2018, para la policía este delincuente participó de un asesinato que no pudo probarse ante la Justicia.

Fue hasta la casa de Brian Maximiliano Paccielo, un joven de 24 años, con la intención de venderle dos revólveres calibre 38 y una pistola con un cargador de 30 municiones. Pero Paccielo se negó a comprarle las armas porque había sido acusado hacía poco por otros delitos y prefería mantenerse limpio.

Entonces discutieron. El intercambio se tornó violento. El menor le disparó ocho veces en el tórax.

El caso se hubiera resuelto si el testigo que había presenciado el asesinato se hubiera animado “a confirmar su declaración en segunda instancia”, es decir, a repetir lo que había dicho a los investigadores policiales ante un fiscal.

Pero se negó porque “no quería tener problemas”, y el joven homicida quedó libre, aunque ya tenía dos casos abiertos en la Justicia.

Acuerdo reparatorio y detenciones

Ya este año, el 8 de enero, el Gordo Maicol fue detenido con otro joven de 20 años luego de una persecución en el barrio Manga. La policía quería capturarlo porque estaban conduciendo una moto que había sido denunciada como robada ese mismo día: la víctima había sido asaltada por dos hombres que lo amenazaron con armas de fuego.

Pero no pudo identificar a los autores, ni hubo pruebas para condenar a los delincuentes por la rapiña, aunque sí por receptación, que es un delito menor que castiga a quienes usan objetos robados.

No obstante, la Fiscalía recurrió a una figura del nuevo Código del Proceso Penal que permite que ante delitos leves como este las partes puedan llegar a un acuerdo mediante el cual el imputado repara de alguna manera a la víctima. En esta oportunidad, los delincuentes quedaron libres porque  devolvieron la moto robada y la víctima se consideró resarcida.

Los delitos que siguieron fueron el homicidio del 20 de junio y la tentativa del 30.

Fuentes del ministerio del Interior dijeron a El Observador que, además, entre 2018 y este año el adolescente fue detenido al menos cuatro veces en controles policiales, por trasladarse en moto sin chapa, con chapa adulterada o sin libreta, y que en todos los casos se dispuso “entregar el menor al responsable”.

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