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BROU ejecuta bienes de directivos de Urutransfor; cooperativa denuncia "represalia"

La empresa autogestionada que en su momento recibió ayuda del Bandes y Fondes ahora denuncia que el gobierno "les bajó el pulgar"
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29 de abril de 2019 a las 05:03

El Banco República inició una demanda civil contra Urutransfor para reclamar todos los bienes de ocho directivos y exdirectivos de la cooperativa, como forma de cobrarse parte de un préstamo de US$ 2,8 millones que la firma mantiene con la entidad estatal. A esto se le suma que el 20 de marzo la cooperativa recibió un telegrama de Banco Bandes por el que le reclamaba el pago inmediato de la deuda de US$ 2 millones que la cooperativa mantiene con la financiera venezolano.

Jorge Couselo, quien hace 11 meses comenzó a asesorar a la cooperativa, dijo a El Observador que la acción del banco es una muestra de que “a la cooperativa se le está bajando el pulgar a nivel político”.

Urutransfor tiene un pasivo de más de US$ 7,5 millones, distribuido en US$ 1,9 millones de créditos al Bandes, US$ 2 millones del Fondes, US$ 2,8 del BROU y US$ 800 mil con UTE. La mayor parte de esa deuda, según explicó Couselo, se tomó con el objetivo de invertir en la planta de modo de adaptar su capacidad de producción para cumplir con un contrato millonario con la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec), el cual prometía hacer crecer la firma a un ritmo vertiginoso.

En 2013 Corpoelec firmó un contrato con Urutransfor por US$ 32 millones, en el que le encargaba la producción de 60 transformadores hechos a medida, al tiempo que dejaba la puerta abierta para en una segunda instancia firmar otro negocio por US$ 100 millones. Para poder subirse a esa aventura, la empresa que para aquel entonces facturaba entre US$ 2 y US$ 3 millones al año, requirió de financiación y fue allí que apareció el Fondes y el Bandes que le prestaron asistencia financiera.

Sin embargo, aquel negocio que se hizo en el marco del Fondo Bolívar Artigas firmado por Uruguay y Venezuela, no prosperó. El primer acuerdo se selló en 2005 llevado adelante por el presidente Tabaré Vázquez en su primer mandato, luego fue ratificado por el expresidente José Mujica y su par venezolano Nicolás Maduro en 2014, y en 2015 nuevamente por Vázquez y Maduro, y que incluso contó con la visita de los dos últimos presidentes venezolanos en la planta industrial de Urutransfor.

Cuando Corpoelec dejó de pagar (se exportaron productos por US$ 2,5 millones y se ofrecieron servicios por US$ 200 mil que nunca fueron abonados), la empresa ya no tuvo cómo costear las inversiones que hizo para poner a tiro su planta, y debió recurrir al BROU, explicaron los directivos de la cooperativa. En ese momento fue que firmaron como garantes del pago de esa deuda con sus propios bienes.

La deuda tenía un vencimiento anual, por lo que cada año se firmaba un aplazamiento del pago en el que se fijaban nuevas condiciones. El último acuerdo consistía en que el banco estatal se quedaría con el 100% de la facturación de la cooperativa, una situación que según Couselo no puede sostenerse si lo que se pretende es que la empresa pueda cumplir con sus compromisos y subsistir.

La empresa autogestionada venía pagando los intereses hasta diciembre de 2018, pero en enero recibió la noticia de que la deuda había pasado a “recuperación de activos”. El 8 de abril recibieron ocho documentos citando los nombres de tres directores y cuatro exdirectores de la cooperativa en el que le pedían reconocer sus rúbricas para iniciar los trámites de expropiación de sus bienes.

"No entendemos cómo llegamos a esta situación si hemos venido pagando”, cuestionó Couselo.

El Observador hizo la consulta al BROU por este tema pero desde la institución se informó que no se daría información sobre clientes. 

Cuando Urutransfor inició el negocio con Venezuela en 2013 la empresa tenía 90 empleados y "casi no tenía pasivo", según dijo quien asesora a la compañía desde hace 11 meses, Jorge Couselo. Hoy la firma tiene deudas por US$ 7,5 millones y 15 trabajadores, que solo van a la planta para cumplir con tareas puntuales, de modo de ahorrar costos de funcionamiento. 
“Represalia”

El responsable de la conducción de cooperativa aseguró que el gobierno está tomando una “represalia”, porque desde el principio tomó un camino distinto al que los actores políticos pretendieron llevarla.

La posibilidad de hacer negocios con Venezuela llegó en 2011 de la mano de Aire Fresco, la empresa cuyos dueños eran los extupamaros Omar Alaniz y Carlos Decia. Esta firma de intermediación presentó a un político venezolano dispuesto a hacer posible un contrato millonario con la firma Corpoelec a cambio de recibir una comisión del 10%.

Los trabajadores se interesaron en la posibilidad de abrir el mercado venezolano para sus productos, pero se negaron a pagar comisiones, por lo que rechazaron la propuesta y pretendieron negociar directamente con la empresa eléctrica. Fue así que se firmó un contrato por US$ 32 millones, que le permitiría crecer a la compañía lo suficiente para luego aceptar otro negocio por US$ 100 millones.

Para Couselo, aquella fue la primera transgresión. Es que Aire Fresco es una empresa de intermediación que había participado en distintos negocios de empresas uruguayas en Venezuela. La cercanía de esta firma con el MPP, había despertado sospechas en legisladores de la oposición, y fue así que los diputados del Partido Nacional Jaime Trobo y Rodrigo Goñi y el exdiputado frenteamplista (ahora vinculado al Partido Nacional), Gonzalo Mujica, denunciaron presuntas irregularidades en la Justicia del Crimen Organizado. Sin embargo, la causa fue archivada por el fiscal Luis Pacheco en mayo de 2018.

Para Couselo, la última transgresión que desató lo que a su juicio es una “represalia”, fue la decisión de la cooperativa de recurrir a un equipo de técnicos independientes para que los asesoren sobre cómo encausar el rumbo de la firma, e investigar presuntas irregularidades que la llevaron a su estado actual. Este equipo logró en 11 meses refinanciar la deuda que la empresa tiene con UTE, obtener un capital para empezar a trabajar y un acuerdo con la compañía eléctrica uruguaya que le garantizaba trabajo por tres años.

El directivo de la empresa dijo que esta información fue puesta en conocimiento del BROU y el 23 de diciembre pasado les aseguraron que la recomendación al directorio del BROU sería aplazar el pago de la deuda un año más y que Urutransfor continuara pagando intereses. Sin embargo, eso no se cumplió y ahora les ejecutarán los bienes a los directivos. Esto, sumado al requerimiento de pago del Bandes, pone contra las cuerdas a la empresa que según sus directivos es “perfectamente viable”.

Couselo dijo además que el BROU ahora exige que se busque una solución para saldar la deuda con el Bandes y el Fondes. La cooperativa propuso comprometer el 20% de su facturación al pago de las deudas con los tres acreedores pero el banco estatal no quiso recibir a los trabajadores, según Couselo.

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