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BROU investiga a funcionarios que trabajan cuatro días y cobraban cinco

Además recibían una compensación del 20% 

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15 de junio de 2019 a las 05:04

El Banco República (BROU) le inició un sumario a cerca de 20 funcionarios en el sector de clearing, que engañaban  a la institución financiera para trabajar cuatro días a la semana –en lugar de los cinco que debían cumplir por contrato–, y además cobrar un adicional del 20% por sobre el sueldo. La maniobra salió al descubierto a raíz de una denuncia anónima, en la que se señala además que la irregularidad se viene llevando adelante desde hace años. 

La situación se originó en el sector del clearing, donde los trabajadores tienen un régimen de trabajo móvil mediante el cual pueden modificar sus días de descanso a cambio de cobrar un sobre sueldo del 20%. 

De esta forma, algunos  trabajadores realizan su labor de martes a sábado y descansan los domingos y lunes, mientras que otros iban al banco de  domingo a jueves y descansaban viernes y sábado. 

La denuncia anónima señala que estos trabajadores no solo no cumplían con este régimen de trabajo móvil, a pesar de que cobraban el plus, sino que además fraguaban el sistema de asistencia con el objetivo de que figurara que el personal iba a trabajar sábado o domingo –según les correspondía– cuando en realidad no lo hacían. De esta forma no iban a trabajar los viernes, sábados y domingos, o los sábados domingos y lunes. 

El resultado era que los funcionarios cobraban un plus por plegarse a un sistema flexible al que en realidad no se plegaban, además de que faltaban un día a la semana. 

El banco investiga ahora desde cuándo se viene realizando esta maniobra, pero se estima que fue sostenida durante años, por lo que el engaño podría haber significado un perjuicio económico millonario al banco, en tanto se pagaba por horas que no se trabajaban. 

El Observador consultó al banco, que si bien confirmó que se había sumariado a un grupo de trabajadores por “presuntas irregularidades en las constancias de las asistencias a los lugares de trabajo”, se excusaron de dar mayores comentarios hasta tanto no haya concluido la investigación administrativa. 

El régimen de horario móvil fue implementado por la institución estatal en 2003, con el objetivo de que quienes trabajen en aquellas unidades que deben funcionar los siete días de la semana puedan descansar al menos un sábado o un domingo. 

Fuentes de la institución señalaron que como aquel acuerdo impide que los trabajadores realicen horas extras durante la semana, con frecuencia si alguien trabaja más allá de su horario ordinario los jefes del área descuentan esas horas extra del fin  de semanas que les tocó trabajar. 

Esta posibilidad de manipular la forma en la que se cargan las horas es legítima, pero podrían haber sido utilizadas por los funcionarios para agregarse horas que en verdad no fueron trabajadas. 

Los psicólogos ñoquis

En 2014 el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP destituyó de su cargo a tres psicólogos de la Unidad de Diagnósitco Integral (UDI), luego de que El Observador informara sobre la actuación de al menos seis funcionarios que concurrían en la mañana a las oficinas, ubicadas en Fernández Crespo, para marcar tarjeta, pero luego se retiraban a trabajar a sus consultorios privados o mutualistas. En horas de la tarde volvían para marcar tarjeta de salida.

El hecho derivó en una investigación administrativa de urgencia por parte de la ANEP, que culminó con la separación del cargo y retención de haberes tres de ellos. Sin embargo, al terminar, la ANEP inició otra investigación administrativa en busca de más responsabilidades.

La denuncia se conoció por un anónimo pero luego se identificó a la denunciante y la ANEP le inició un sumario y aunque alegó que era por otras situaciones, calificó a la denunciante de “desleal a la Administración” por “recurrir a cualquier forma o medio” para dar a conocer el caso y la acusó de generar “escándalo público” con la denuncia.  “No se le quita relevancia a los hechos referentes a irregularidades en la asistencia de los funcionarios de la Unidad de Diagnóstico; por el contrario, se entiende que se deben denunciar y se deben adoptar las medidas que corresponden. Sin perjuicio, se entiende que esta situación no autoriza a que los funcionarios puedan recurrir a cualquier forma o medio, para ponerlos en conocimiento, incurriendo en un actuar absolutamente desleal a la Administración”, sostuvo. 

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