Nacional > UN MILLÓN EN EL CLEARING
Cabildo vuelve a la carga en defensa de deudores y en menos de dos meses decidirá si apuesta a un plebiscito
–Le estábamos curando la fiebre al enfermo, pero no la infección que le daba la fiebre.
La afirmación del senador Guillermo Domenech es la justificación esgrimida por Cabildo Abierto al adoptar esta nueva estrategia para avanzar en uno de los proyectos con mayor potencial de volver a tensionar un ya desgastado vínculo con el gobierno: la iniciativa de ley para la reestructura de deudas de personas físicas, una problemática de seguro sensible para 630 mil deudores declarados incobrables por el Banco Central.
El alcance del proyecto es aún mayor si se consideran las 980 mil personas que figuran en el Clearing de Informes, con la salvedad de que al contar nuevos fallecidos la cifra pueda ser menor que la brindada por la empresa Equifax en mayo del año pasado.
Pese a que tuvieron la chance de negociar los votos con el Frente Amplio –que había estirado su mano en pos de esa posibilidad tras una nueva redacción acordada entre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara– y que esa posibilidad mantenía en vilo al oficialismo, el partido de Guido Manini Ríos cambió la pisada con un nuevo proyecto cuyo "corazón" radica nuevas reglas para las tasas de interés y en el concepto de "deuda justa".
"Cabildo va a recabar la posición de los distintos partidos del Parlamento y va a evaluar la posibilidad de aprobación de este proyecto. Si las posibilidades no lo permiten, va a decidir los próximos pasos", anticipó en conferencia de prensa el General retirado, en línea con lo adelantado por su Mesa Política una semana antes, en una declaración en que condicionó su permanencia en la coalición de gobierno con duros cuestionamientos a la administración de Luis Lacalle Pou tras el cese de Irene Moreira como ministra de Vivienda.
A sabiendas de que el límite constitucional para avanzar en un plebiscito es el 27 de abril de 2024 –seis meses antes de los comicios deben presentarse las firmas que habiliten la consulta popular– la cúpula de Cabildo Abierto maneja que tiene entre dos meses y un mes y medio para ponerse de acuerdo en el Parlamento.
De no ser así, pondrán en marcha la recolección de firmas con vistas a lograr el piso del 10% de los habilitados para votar. A pesar de las dudas que sus socios tienen sobre su capacidad para emprender dicho camino, los liderados por Guido Manini Ríos confían en que la sensibilidad de la problemática allana la vía para lograr el respaldo popular y llevarla a las urnas como una bandera.
Un camino trabajoso
Fue el senador herrerista Gustavo Penadés quien, en línea directa con el Poder Ejecutivo, frenó el pasado noviembre la aprobación del proyecto inicial en el Senado. El Banco Central ya había llamado a los legisladores a ser "muy cuidadosos" respecto a "meterse en contratos entre privados", al tiempo que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que era una iniciativa “muy mejorable” en “casi todos los puntos”.
Era precisamente Penadés quien desde el Palacio Legislativo articulaba con el gobierno para la llegada de un texto alternativo que impidiera una votación conjunta entre Cabildo y la oposición. El dirigente herrerista se tomó licencia tras las denuncias radicadas en Fiscalía por explotación sexual de menores, y dentro de la fuerza conducida por Guido Manini Ríos no desconocen que hará falta su rol de interlocutor con línea directa con altas esferas del gobierno.
El texto ingresará este martes en la Comisión de Constitución y se abrirá una etapa para recibir delegaciones, aunque más acotada que de costumbre dada la proximidad de la elección. El proyecto está destinado a regular una posible reestructuración de deudas para aquellas personas que no tengan una vivienda familiar de un valor mayor a US$ 240 mil, con un solo vehículo que no supere los US$ 20 mil o que no ganen más de US$ 3 mil mensuales.
Una primera vía administrativa establece la posibilidad de acordar ante Defensa del Consumidor, siempre y cuando el ingreso del deudor no acabe por debajo del 60% sus ingresos mensuales por el saldo comprometido. En caso de no haber acuerdo con el acreedor, la iniciativa prevé llevar la causa a los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia Civil o a los Juzgados de Paz.
Además de detallar distintos plazos a seguir, el texto establece que se entenderá que el acreedor actuó "ilícitamente" cuando al otorgar su crédito no informó a la persona sobre el monto total que debería pagar en un futuro, así como también ante la falta de publicidad que no detalle las tasas de interés.
El proyecto cabildante concebido en los últimos días crea aquí el concepto de "deuda justa", una suerte de límite a la hora de acordar la cifra para la reestructuración. Esta misma deberá equivaler al monto pactado en un inicio más una tasa efectiva anual de hasta 2% (por intereses, multas, moras y otros recargos), pero no pudiendo superarlo, y restando los pagos que sí haya efectuado a la fecha el deudor.
De no haber acuerdo, el juez podrá determinar la "reestructuración judicial forzosa", sin excederse de ese límite de recargo, esa "deuda justa".
Otra de las innovaciones son los "topes máximos" a los intereses fijados por acreedores, debiendo atarse estos a los que el Estado se compromete cuando contrae deuda. "Si es en moneda nacional el límite será de cuatro veces el monto al que se endeuda el Estado, la tasa de endeudamiento. Y si fuera en dólares, será a tres veces la tasa en la que se endeuda el Estado", detalló Domenech.
La discusión se abre ahora para uno de los proyectos –en su filosofía– más resistidos por el gobierno y que hasta despierta resistencias en los sectores más moderados del Frente Amplio.
