Caso Astesiano: falta de traductores rusos genera dificultades en la investigación

Según supo El Observador, el abogado del ciudadano ruso Alexey Slivaev, Alberto Rojas, transmitió a Fossati la necesidad de que su defendido tenga un traductor debido a que entiende muy poco español. Rojas le sugirió que sea la hija de Slivaev, que nació en Rusia pero se crío en Montevideo. 

Fossati le transmitió que eso no iba a ser posible –ella no puede validar esa traducción como confiable– y que se enfrentaban, en ese sentido, a una seria dificultad: en Uruguay no hay traductores oficiales de ruso, solamente hay idóneos.

En Uruguay existen solamente traductores oficiales de inglés, francés, alemán, italiano, portugués. Los idóneos son aquellos de otros idiomas que pueden acreditar sus conocimientos pero no hicieron la carrera oficial en Uruguay. 

A su vez, muchos de los traductores idóneos están nombrados en la carpeta de investigación de la fiscal y sospechan que pueden haber oficiado de testigos frente a instituciones públicas para obtener la documentación falsa. 

Así, elegir uno realmente independiente se dificulta, puesto que aún no terminaron de analizar toda la información. 

Además, la fiscal le transmitió a Rojas que está convencida de que Slivaev habla el español suficiente como para entender lo que se le consulta y hacerse entender. Este ciudadano ruso, señalado por Fossati por captar a los rusos y gestionar la documentación, vive en Uruguay hace casi 15 años. 

El viernes pasado, en audiencia, relacionó los documentos de viaje falsos a personas vinculadas a "poderes de inteligencia del país ruso".

"No hemos podido determinar todos los motivos por los cuales esta gente quería tener documentación uruguaya. Fernández nos ha dado alguna información, alguna se comprueba y otra no se comprueba. Alguna es lógica, como que algunos ciudadanos querían escapar de la guerra (no para los que son anteriores del 2016 o 2017). Otra explicación es que era con la intención de obtener visas a Estados Unidos o para moverse libremente por Europa. La importancia de poder no frustrar esta investigación lleva nada más y nada menos de que estamos hablando, en algunos casos, de personas rusas que están vinculados con poderes de inteligencia del país ruso de antes y de ahora", señaló Fossati sobre el final de la audiencia, de acuerdo a la grabación a la que accedió El Observador. 

Los roles dentro de la organización

La audiencia del viernes 14 tenía como finalidad imputar y fijar las medidas cautelares de Patricia Medina, pareja del escribano Álvaro Fernández, preso preventivamente por esta causa. Según expuso la fiscal Fossati, la mujer tenía un rol relevante en la organización puesto que le indicó en varias oportunidades a Fernández cómo manejarse. 

A partir del 2013 el escribano Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev comenzaron a trabajar en forma conjunta para conseguirle documentos uruguayos a rusos, utilizando partidas de nacimiento rusas adulteradas. 

Slivaev era quien ubicaba a los potenciales clientes y arreglaba los honorarios. Fernández, por su parte, era el encargado de ubicar uruguayos a quienes podrían arrogarle la paternidad de los naturales rusos. 

En el allanamiento del estudio de Fernández encontraron documentos de rusos que tenían pasaportes adulterados que le daban un poder a Patricia Medina, en algunos a ella sola y en otros junto con Slivaev. Incluso, algunos poderes generales para el manejo de una unipersonal.

Astesiano, por su parte, era el vínculo con algunos funcionarios públicos que permitían llevar adelante la maniobra. Interpol está tratando de identificar quiénes son esos funcionarios. 

"El modus operandi general era buscar una referencia de trabajo o constituir una empresa unipersonal para justificar su avecinamiento (un paso necesario en el proceso). Hay una gran cantidad de expedientes que se están procesando en este momento en la Corte Electoral en los que la justificación se hacía con más rigurosidad y profundidad. También surge de esa documentación vínculos de Slivaev, Fernández y Medina como testigos o gestores", advirtió Fossati en audiencia. .

La fiscal hizo hincapié en que el rol de Medina en la organización "no es menor" y para ilustrarlo leyó algunos de los chats entre ella y su pareja. Resaltó que los obtuvieron a raíz del teléfono de él, dado que ella borró todos sus mensajes y ahora Policía Científica deberá intentar recuperarlos. 

Finalmente, se imputó a Medina por la coautoría de un delito de suposición de estado civil y la autoría de asociación para delinquir. Deberá estar en prisión preventivamente hasta febrero del 2023. Entre los argumentos para pedir esa medida, Fossati recalcó que si estuviera en libertad la mujer podría intentar "liberar" a su hija. La fiscalía no descarta que tuviera vínculo con la organización.