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18 de octubre 2022 - 5:02hs

La fiscal Gabriela Fossati, que investiga la trama de pasaportes adulterados en la que está involucrado el exencargado de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, relacionó los documentos de viaje de personas vinculadas a "poderes de inteligencia del país ruso", según dijo el viernes 14 durante una audiencia del caso. 

El escribano Álvaro Fernández, uno de los imputados en la causa, había dado algunas pistas en la Fiscalía sobre el motivo por el que ciudadanos rusos gestionaban pasaportes uruguayos con partidas de nacimiento apócrifas. Sin embargo, hasta ahora no se había mencionado de forma oficial los presuntos vínculos de los beneficiarios de los documentos con la inteligencia rusa. 

"No hemos podido determinar todos los motivos por los cuales esta gente quería tener documentación uruguaya. Fernández nos ha dado alguna información, alguna se comprueba y otra no se comprueba. Alguna es lógica, como que algunos ciudadanos querían escapar de la guerra (no para los que son anteriores del 2016 o 2017). Otra explicación es que era con la intención de obtener visas a Estados Unidos o para moverse libremente por Europa. La importancia de poder no frustrar esta investigación lleva nada más y nada menos de que estamos hablando, en algunos casos, de personas rusas que están vinculados con poderes de inteligencia del país ruso de antes y de ahora", señaló Fossati sobre el final de la audiencia, de acuerdo a la grabación a la que accedió El Observador. 

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Más allá de los motivos, con esta maniobra han accedido a documentación "cientos o miles" de ciudadanos, según profundizó Fossati.

En el marco de esta investigación fue imputado y enviado a prisión preventivamente Alejandro Astesiano, el encargado de la seguridad del presidente, Luis Lacalle Pou. 

Los roles dentro de la organización

La audiencia de este viernes tenía como finalidad imputar y fijar las medidas cautelares de Patricia Medina, pareja del escribano Álvaro Fernández, preso preventivamente por esta causa. Según expuso la fiscal Fossati, la mujer tenía un rol relevante en la organización puesto que le indicó en varias oportunidades a Fernández cómo manejarse. 

A partir del 2013 el escribano Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev comenzaron a trabajar en forma conjunta para conseguirle documentos uruguayos a rusos, utilizando partidas de nacimiento rusas adulteradas. 

Slivaev era quien ubicaba a los potenciales clientes y arreglaba los honorarios. Fernández, por su parte, era el encargado de ubicar uruguayos a quienes podrían arrogarle la paternidad de los naturales rusos. 

En el allanamiento del estudio de Fernández encontraron documentos de rusos que tenían pasaportes adulterados que le daban un poder a Patricia Medina, en algunos a ella sola y en otros junto con Slivaev. Incluso, algunos poderes generales para el manejo de una unipersonal.

Astesiano, por su parte, era el vínculo con algunos funcionarios públicos que permitían llevar adelante la maniobra. Interpol está tratando de identificar quiénes son esos funcionarios. 

"El modus operandi general era buscar una referencia de trabajo o constituir una empresa unipersonal para justificar su avecinamiento (un paso necesario en el proceso). Hay una gran cantidad de expedientes que se están procesando en este momento en la Corte Electoral en los que la justificación se hacía con más rigurosidad y profundidad. También surge de esa documentación vínculos de Slivaev, Fernández y Medina como testigos o gestores", advirtió Fossati en audiencia. 

La fiscal pudo detectar su presencia en dos casos, pero expuso que solo ha podido relevar el 5% de la información que le enviaron de la Corte Electoral, que es solo uno de los varios organismos a los que requirió información. Expuso que es tanta la información, que tuvo que pedirle a la Fiscalía General que le envíe un disco duro para poder cargarla puesto que el sistema no soporta tanta evidencia. 

Algunos de los ciudadanos rusos con documentos falsos declararon en fiscalía que Medina y Fernández utilizaban una gestoría ubicada en Maldonado. A Fernández se la detuvo en un domicilio cercano a la parada 25 de la Playa Mansa.

El 3 de octubre ella envió un mensaje a otra persona que decía: "Sí, no puedo hablar mucho, gracias. Esto es una bomba para mí. Los teléfonos están intervenidos, beso". Su pareja había sido detenida la semana anterior.

Dos apartamentos y una indagatoria por lavado 

La fiscal relató que Medina figura como "adquirente" de un apartamento en la calle Cerrito, que "habría adquirido" de Slivaev y su esposa. Fernández dijo en fiscalía que lo había adquirido en cuotas a Slivaev, luego en una segunda versión dijo que le había pedido dinero a su madrastra para comprarlo y que se lo había comprado a su pareja Patricia Medina. También hubo otro apartamento, también ubicado en la calle Cerrito, que lo había comprado a nombre de la hija de Medina.
"No tiene otra explicación que no sea el origen ilícito del dinero que se obtenía de los actos", advirtió la fiscal sobre estos movimientos. Fernández no tiene bienes propios y tiene una deuda de 45 mil dólares con la Suprema Corte de Justicia, razón por la que tiene suspendido el ejercicio de la profesión. 
Por otra parte, Fossati señaló que Medina y Fernández fueron los testigos para que la esposa de Slivaev obtuviera la residencia legal en el 2013.

La fiscal hizo hincapié en que el rol de Medina en la organización "no es menor" y para ilustrarlo leyó algunos de los chats entre ella y su pareja. Resaltó que los obtuvieron a raíz del teléfono de él, dado que ella borró todos sus mensajes y ahora Policía Científica deberá intentar recuperarlos. 

Finalmente, se imputó a Medina por la coautoría de un delito de suposición de estado civil y la autoría de asociación para delinquir. Deberá estar en prisión preventivamente hasta febrero del 2023. Entre los argumentos para pedir esa medida, Fossati recalcó que si estuviera en libertad la mujer podría intentar "liberar" a su hija. La fiscalía no descarta que tuviera vínculo con la organización. 

Advertencias ignoradas

Entre otras pruebas, se refirieron a la declaración del director de la sección de cédulas de identidad y pasaportes de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Juan Martínez. "Fue muy explícito porque fue quien inicialmente detectó las irregularidades. Hizo informes internos, pero no tuvieron éxito. Luego fue convocado por fiscalía y ahí aportó todo el conocimiento que él había podido recabar de su estudio de los expedientes", valoró la fiscal, que ya había destacado su rol en el pedido de imputación de Astesiano.

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