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27 de septiembre 2022 - 15:10hs

A finales de agosto comenzaron a llegar al Ministerio de Turismo decenas de denuncias a la agencia de viajes Transhotel, por no brindar los servicios de viajes, hotelería y espectáculos que cientos de personas le habían pagado. Un mes después, Fiscalía cuenta con 777 denuncias, que totalizan pérdidas cercanas a los US$ 910 mil, según confirmó a El Observador el fiscal del caso, Fernando Romano. La vía penal es solo uno de los tres caminos que los damnificados recorren para buscar que Transhotel les devuelva el dinero perdido.

Graciana Abelenda y Santiago Alonso son los abogados representantes ante la Justicia del grupo de personas afectadas, junto a un equipo conformado por otros dos abogados que prefieren no dar sus nombres. Consultada por El Observador, Abelenda explicó que el caso de la empresa tiene causas abiertas en el ámbito penal, administrativo y civil. 

En lo que respecta a lo penal, la abogada explicó que "se generó" una causa contra el dueño de la empresa, Radamés Montero, "con denuncias de todos los damnificados".

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Foto: Leonardo Carreño. Disposición de clausura en una de las ventanas de Transhotel

Romano detalló que hay un total de 777 denuncias contra la empresa, aunque 50 de ellas aún no fueron presentadas formalmente. Se denunciaron pérdidas de US$ 853 mil y $ 2.369.373 (US$ 55.881 con el cambio a $ 42,4), lo que da un total de US$ 908.881. Consultado sobre los tiempos de la investigación, Romano indicó: "No sé cuándo voy a formalizar".

En el plano administrativo trabaja el Ministerio de Turismo, que generó un "expediente con cada damnificado" para "ejecutar la garantía" de US$ 185 mil que Transhotel depositó para casos de este tipo, detalló la abogada. Para llegar a esta instancia, en Turismo esperan que la justicia decrete el cierre definitivo de la empresa, hecho para el que deben esperar los 10 días de que dispone la compañía para presentar sus descargos.

Hasta este lunes las autoridades del Ministerio no contaban con novedades sobre la empresa, confirmaron a El Observador.

La garantía será repartida en un "prorrateo" entre todos los damnificados, según informaron fuentes de la cartera. El grupo de abogados calculó que a través de esta vía las personas afectadas recibirán "una quinta parte" del dinero que perdieron, dijo Abelenda.

Por último, tanto los viajeros como algunos proveedores de servicios de Transhotel (quienes organizan viajes por ómnibus o realizan trabajos de marketing para la empresa) que tienen servicios sin cobrar a la empresa, solicitaron el concurso de la agencia de viajes a través de la Justicia civil. 

La defensa de los damnificados presentó la solicitud hace dos semanas, pero la Oficina Central de Notificaciones y Alguacilatos (Ocnya) "todavía no mandó la notificación", algo que esperan ocurra este miércoles o jueves, remarcó Abelenda. Cuando llegue la notificación, Transhotel tendrá diez días para presentar sus descargos.

Según la abogada, desde ese momento se abren tres posibilidades: la primera es que la empresa "se presente y diga que tiene activos suficientes" para cubrir las demandas; la segunda es que "se presente y diga que no pueda cubrir" las pérdidas; la tercera es que no se presente. En los últimos dos casos, la Justicia llamaría a un interventor, que sustituiría a la dirección actual de la empresa y convocaría a una "junta de acreedores" para que "presenten sus créditos".

"La ley de Concursos busca la continuidad empresarial, pero en este caso es bastante difícil", adelantó la defensora de los afectados. La imposibilidad de continuar llevaría a la liquidación de la empresa.

Para Abelenda lo primero que se resolverá en el corto plazo será "la ejecución de garantías", que es de "solución rápida" y ya cuenta con los expedientes generados. "El plazo ya está corriendo para todos". Luego los abogados estiman que llegará la formalización en el plano penal, y por último se resolverá la demanda civil.

"No hay fechas ni certezas de nada"

Cecilia es hija de Diana, una mujer de 64 años que pidió un préstamo a cuatro años al Banco República (BROU) para poder viajar a España, viaje que contrató a través de Transhotel. "Confiamos porque era una empresa reconocida", dijo la hija a El Observador en agosto.

Un mes después Cecilia lamentó que "no hay fechas ni certezas de nada, es retriste todo". "Mamá ya no podrá viajar, el pasaje que le compró a esta gente en US$ 1.060 hoy sale más de US$ 1.700, nosotras no tenemos la posibilidad de conseguir esa plata. El viernes cancelamos las estadías por Booking con mucha angustia", expresó.

Paola, por su parte, contrató junto con su familia un paquete turístico en marzo por más de US$ 4.000. En Transhotel le pidieron una seña por el 50% del valor para reservar el hotel y los boletos de avión, y terminaron de pagar el viaje en agosto. "Se acercaba la fecha y no se nos entregaban los documentos para viajar. Insistimos y de un día para otro el local cerró", relató a El Observador.

Este martes, Paola explicó que su familia vive este proceso con "bastante ansiedad, pero bien". "Confiamos en el equipo nuestro (de abogados) que está trabajando y sabemos que va a llevar su tiempo", agregó la damnificada, que lamentó que sin la devolución a la familia le será "imposible" viajar.

Cecilia forma parte de un grupo de WhatsApp de damnificados, que engloba a 600 personas afectadas. Detalló que allí hubo demostraciones de molestia porque "todo está demorando mucho".

Sobre el proceso penal, la hija de Diana indicó: "Poco nos importa, porque el tipo (Radamés Montero) irá un ratito a una cárcel privilegiada y cuando salga disfrutará del millón y medio de dólares que nos robó". Además, para la mujer el concurso "no es garantía de nada, porque eso demora una vida y seguramente el tipo hace meses no tiene nada a su nombre".

Foto: Leonardo Carreño. Fachada de Transhotel

"Acá estamos, pagando el préstamo para que alguien claramente vinculado al poder se dé sus lujos, mientras juntamos peso a peso para intentar viajar el año que viene y esperando que a mamá le dé la salud para hacer el viaje que soñó con 64 años", criticó Cecilia.

"Sabemos que los tiempos de la justicia no acompañan a los tiempos de las personas que hay detrás", sostuvo Abelenda. La abogada llegó al caso junto a Alonso a través de un grupo de amigas "que se iban al Caribe". Iban a defenderlas, pero cuando vieron la cantidad de gente involucrada decidieron defender a todo el grupo.

"Estamos hablando de personas que han ahorrado para cumplir su sueño. Madres que laburaron de más para que su hija viajara en su cumple de 15. Hijos que trabajaron horas extras en verano para que sus padres festejaran sus 50 años de casados", relató.

Temas:

fiscalía Fernando Romano Ministerio de Turismo

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