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Cinco olvidos de Cabildo Abierto sobre el caso Rebollo

Las heridas de Gutiérrez, las armas de las muchachas, las fotos de la Policía Técnica, las declaraciones de los testigos y el policía que mató el Ejército

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27 de julio de 2022 a las 16:36

El procesamiento del teniente general retirado Juan Rebollo tuvo una muy áspera respuesta de las principales figuras de Cabildo Abierto, que rechazaron el dictamen de la Justicia.

Rebollo fue procesado con prisión por la jueza penal de 23er turno, Isaura Tórtora, por su participación en el operativo militar que terminó con la muerte de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, de 22, 19 y 19 años. El hecho ocurrió el 21 de abril de 1974.

El senador Guido Manini Ríos, candidato presidencial de Cabildo Abierto, escribió en su cuenta de Twitter: “Una vez más se comprueba lo que todos sabemos y muchos no se animan a denunciar, lo que incluso Azucena Berruti y José Mujica dijeron: esto no es Justicia, es venganza…”.

En la misma línea, el senador Guillermo Domenech escribió que el procesamiento “es un acto de indisimulada venganza, impropio de una Justicia que en el pasado nos llenó de orgullo y en la que hoy se encuentran agazapados partidarios del terrorismo marxista”.

El senador Raúl Lozano cuestionó el fallo con igual dureza. Recordó que aquel día también fue herido de muerte un oficial del Ejército y escribió a propósito: “El Capitán Julio C. Gutiérrez asesinado en ese operativo dejó tres hijos de 6 y 5 años y un bebé de 11 meses. El Teniente Coronel Juan M. Rebollo fue herido al tratar de socorrer al oficial. Luego de 48 años lo procesan con prisión. ¿Justicia? Difícil de explicar”.

Domenech ahondó en ese punto en declaraciones a la prensa. Habló de que existió un “combate” y agregó que las víctimas no eran “unas inocentes muchachas”, sino “que estaban muy preparadas para las acciones de carácter bélico, que respondieron con granadas y tiros de un arma de alto poder de fuego, a tal extremo que llegaron a herir de muerte a un efectivo, el capitán Gutiérrez”.

Durante muchos años, escuché las dos versiones. De boca de los militares: la versión que hoy esgrimen Lozano y Domenech: que hubo un enfrentamiento, con un muerto de un lado y tres del otro. De boca de militantes de izquierda: que las tres muchachas fueron ejecutadas y que a Gutiérrez lo mataron por error sus propios camaradas.

Tanto el dictamen del fiscal Perciballe como el fallo de la jueza Isaura Tórtora aportan muchos elementos para entender el caso. Parecería que Manini, Domenech y Lozano no los hubieran leído.

Es cierto. En el procedimiento fue herido de muerte el capitán Gutiérrez, quien fallecería días después a causa de las heridas recibidas. A Rebollo lo rozó una bala, que lo lastimó en forma leve.

¿Las muchachas mataron a Gutiérrez?

Según consta en el auto de procesamiento, los médicos que en aquel momento atendieron a Gutiérrez en el Hospital Militar dejaron estampado por escrito que las heridas que tenía habían sido provocadas por balas de ametralladora.

La autopsia histórica que se hizo durante las actuales actuaciones judiciales para reconstruir el caso, confiada al Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, coincidió con aquella anotación. El estudio concluyó que Gutiérrez fue impactado por balas de ametralladora o de otro tipo de arma similar, automática o semiautomática. Gutiérrez no tenía heridas de revólver.

Este estudio fue realizado por los médicos legistas Hugo Rodríguez, Frances Borches y Natalia Bazán.

Las armas que se encontraron junto a los cadáveres de las tres muchachas eran revólveres. Así lo documentan las fotos de la Policía Técnica tomadas en aquel momento, en plena dictadura. Perciballe, además, remarcó que se encontró un documento del Servicio de Información y Defensa dando cuenta de los elementos requisados en el apartamento donde se produjo la matanza: revólveres y material de imprenta.

Algunos viejos tupamaros sostienen que las jóvenes no tenían armas en el apartamento y que los revólveres fueron plantados. Eso dijo para esta nota Baldemar Tarocco, quien integraba la guerrilla en aquellos días de 1974. Las pruebas en las que se basó la jueza Tórtora –entre ellas las fotos de la Policía Técnica– indican que sí las tenían. Pero de lo que no hay ninguna prueba es de que las muchachas tuvieran ametralladoras, ni armas automáticas o “de alto poder de fuego”, como las que menta Domenech.

Es un punto central porque los disparos de un arma de ese tipo serían los que habrían herido de muerte a Gutiérrez, según lo estampado en 1974 por los médicos que lo atendieron y según las conclusiones de la autopsia histórica. El expediente de la justicia militar sí habla de granadas, pero luego no consta que se haya incautado alguna.

Incluso el oficial Jorge Silveira, preso desde hace 16 años por crímenes cometidos en la dictadura, consultado para esta nota, insistió en la tesis del “enfrentamiento”, pero negó que las jóvenes tuvieran una ametralladora. Tenían, dijo, revólveres y granadas.

En el actual expediente hay, además, múltiples declaraciones de testigos que los cabildantes no toman en cuenta.

Hugo Néstor Conde, vecino de un apartamento lindero al de la masacre, declaró: “En ese momento entran varios militares adentro de mi apartamento, algunos entran con revólver, me sacan hacia afuera donde me ponen contra la ventana y mientras me revisan me preguntan cómo me llamo, alguien grita ‘ahí no es, es al lado’, ahí comienzan a efectuar disparos hacia el apartamento n.º 3 sin haber golpeado, no sé quién era que efectuaba los disparos porque no tenía visibilidad… El tiroteo sigue, las balas siguen, alrededor de 5 a 7 minutos, o 10, no sé exactamente, hasta que cesan los disparos y ahí comienzan los gritos de los militares y de las muchachas, que gritaban que no dispararan, que no las mataran, y luego de eso se siente una ráfaga de metralleta que sacudía la pared”.

Además, están las fotos de los cadáveres de las jóvenes, también tomadas en aquel momento por la Policía Técnica. Los tres cuerpos quedaron apilados en un rincón entre una pared y un mueble, apretados y superpuestos uno contra otros. Las expertas combatientes de Domenech encontraron la muerte acurrucadas en un rincón. Los tres cuerpos tenían múltiples heridas de bala de “armas de guerra”. Estaban acribillados. La pared detrás, llena de sangre.

Silveira declaró ante la Justicia: “Entro a un cuarto y a mano derecha, en un rincón, están las tres mujeres muertas, como pegadas entre sí, dando una impresión dantesca para quien lo veía”.

Y aún hay otro elemento que soslayan los tres senadores de Cabildo Abierto. Esa madrugada, los militares que participaron del operativo mataron a balazos a un ciclista que pasaba por la zona y al que confundieron con el tupamaro Washington Barrios, a quien estaban buscando. 

No era un guerrillero, sino un humilde policía que volvía a casa de trabajar y que habría desoído una voz de alto. Se llamaba Dorval o Dorbal Márquez. Que lo mató un alférez del Ejército que participaba del operativo quedó probado en las propias actuaciones de la justicia militar.

Ese episodio colateral da una idea del clima que reinó esa madrugada durante el operativo.

Todos estos elementos son ignorados por Manini, Lozano y Domenech.

Por supuesto que los fallos judiciales pueden ser cuestionados. Lo que no se puede es descalificarlos mientras se soslayan o se escatiman sus aspectos centrales, o incluso se los tergiversan.

¿Algunas de las pruebas en que se basa el auto de procesamiento es cuestionada por los senadores de Cabildo Abierto?

Sería bueno saberlo en concreto.

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