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3 de diciembre 2022 - 5:03hs

Esta columna no es sobre Astesiano, aunque parezca que lo es porque trata de todo lo que rodea a un caso que desafía la reputación de este gobierno y la solidez institucional del Estado, pero que deberá decidirse en la Justicia, para bien y para mal. Esta columna no es sobre Astesiano, aunque esta semana se conocieron puntas de todo tipo sobre el exjefe de seguridad/custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Hay mucho en discusión sobre este personaje, pero ya no hay duda de que pasó de ser “solo” un integrante de una banda de gestores ilegales de pasaportes para rusos (con la gravedad extra que supone desde el lugar que ocupaba) a un aparente mega espía internacional con vínculos privilegiados en todos los niveles.

Estoy hablando con ironía de un caso que, aun si la Justicia no confirma todos los ilícitos que se adivinan en chats de Whatsapp, es un golpe durísimo para el gobierno, para el presidente, para la coalición y para toda la institucionalidad del Uruguay democrática bien posicionado en el mundo, justamente, por el respeto a sus instituciones. Estoy hablando con ironía de un personaje de confianza del mandatario, que podría ser desde un Pato Celeste hasta un Rasputín, dependiendo de la magnitud de los delitos que haya cometido y de hasta qué punto logró que otros funcionarios o reparticiones estatales fueran cómplices voluntaria o involuntariamente de sus tejemanejes. Astesiano habla y promete mucho por Whatsapp, pero la Justicia deberá definir si realmente hizo todo lo que dijo que podía hacer, y con qué colaboraciones.

Vamos por partes

La manija. El presidente Lacalle Pou fue quien utilizó esta expresión para criticar a quienes han azuzado con el tema. Es imposible pretender que la oposición no lo tome como mascarón de proa. El Frente Amplio se ha subido a carros imposibles de defender, empezando por las protestas por el manejo inicial de la pandemia, cuando pretendía que el gobierno decidiera algún tipo de confinamiento obligatorio. Ese partido lo ganó el presidente, que nunca se apartó de su decisión de “libertad responsable”, y obtuvo la aprobación de un alto porcentaje de la población uruguaya. Este es un caso grave, con posibles derivaciones a esta altura imposibles de prever, que deja en evidencia las fragilidades de un sistema público en el que faltan controles en todos lados desde hace muchos gobiernos.

El señalamiento directo del presidente al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, no tiene explicación lógica en una estrategia de comunicación que supo ser inteligente y ahora va al ritmo de la lógica rabia que siente el primer mandatario por este escándalo que le pega de frente. En este contexto, la acusación juega más a favor de Orsi que en contra.

El presidente parece sugerir que entre los los manijeros está la prensa, que ha accedido a la información de numerosos chats de Whatsapp que están en poder de la Fiscalía y la Justicia. Ese es el trabajo de la prensa. El trabajo de la Fiscalía y de la Justicia es evitar las filtraciones, algo que desde hace tiempo no logran hacer. Tanto el gobierno como la oposición están preocupados por la institucionalidad, aunque cada bando hace jugar esta palabra de forma muy diferente. La parte positiva de esto es que en Uruguay valoramos la institucionalidad, aunque tiendo a pensar que una palabra demasiado repetida se vacía de significado.

Hay algunos que no se están dando cuenta de que con esta manija es que dañan la institución –dijo Lacalle Pou esta semana–. Y lo que tienen que tener claro es que yo voy a dejar de ser presidente, y va a venir otro presidente, no sabemos de qué partido, y la fortaleza más grande que tiene el país es la institucionalidad. (...) No vale cualquier cosa con tal de volver al poder. Sí vale investigar, sí vale censurar, sí vale criticar y todas las herramientas legítimas de la democracia, porque entre otras cosas yo las usé cuando era oposición. Hay que tener presente que el país y la institucionalidad son bastante más importantes que los gobiernos de turno”.

Es verdad que todos le podrían bajar un cambio al nivel de discusión que rodea a este caso, pero nada indica que esté en jaque la democracia uruguaya. Por el contrario, si la Justicia trabaja a fondo, si el gobierno colabora con la Justicia como hasta ahora lo ha hecho y al mismo tiempo busca y detecta lo que permitió que un personaje como Astesiano se metiera en lo más hondo del poder institucional, y si la oposición exige lo que debe exigir para que haya más claridad pero sobre todo, para que se llenen los agujeros que permitieron que todo esto pasara, la democracia saldrá fortalecida.

En un país donde renunció un vicepresidente hace poco más de cinco años, la institucionalidad no se vio resentida. La institucionalidad se complica cuando no hay marcha atrás para corregir ni marcha adelante para mejorar. Se complica si no hay transparencia ni Justicia. No parece, por ahora, ser este el caso.

La institucionalidad sufre un tanto por el griterío de uno y otro lado, pero es mucho más resistente de lo que escuchamos en los discursos.

A pesar de los enfrentamientos políticos, escuchamos en estos días declaraciones que vale la pena destacar: Álvaro Delgado dijo que “no es grave, es gravísimo” el posible espionaje de dos senadores de la oposición, en el que podría haber intercedido Astesiano; la intendenta de Montevideo aclaró que no comparte la propuesta trasnochada de Esteban Valenti de que el presidente renuncie, “Hay que proteger la institucionalidad” dijo Carolina Cosse.

Sí se puede ver resentida si no se toman medidas a tiempo. Por el momento cuatro jerarcas fueron apartados del cargo mientras que se desarrolla la investigación, entre ellos el director de Inteligencia y otros tres del Ministerio del Interior. El juez Fernando Islas imputó al excónsul uruguayo en Moscú Stefano di Conza, por delitos de fraude y suposición de estado civil y dispuso prisión preventiva.

Fiscalía

En todo este caso entreveradísimo y con consecuencias imposibles de prever, el papel de Fiscalía y de la fiscal Gabriela Fossati suman otro punto de inestabilidad. La fiscal del caso ha participado de polémicos enfrentamientos vía redes sociales (con o sin razón, ese no es el punto en este caso) y hasta pidió ser apartada por falta de apoyo. “Creo que la importancia de la investigación amerita que sea asignada a un fiscal que tenga respaldo real de la jerarquía”, indicó. “Lo mejor para el caso parece ser que yo no lo siga”, dijo hace pocos días. Luego aclaró –vía Twitter– que respeta al fiscal. A mediados de noviembre había declarado a El Observador que se sentía molesta porque el fiscal de Corte, Juan Gómez, postergó su traslado de la fiscalía de Flagrancia a Delitos Económicos y Complejos hasta que avance la investigación sobre Astesiano y cía.
La fiscal está en lo cierto con respecto a las muy malas condiciones de trabajo que enfrenta la Fiscalía (y la Justicia en general), pero no es el mejor momento para recordarlo y sumar más incertidumbre.
Con manija o sin manija, con filtraciones y sin ellas, con recursos y sin ellos, el caso Astesiano debe seguir adelante y quedar zanjado en la Justicia con transparente claridad. Es ahí donde se juega la institucionalidad. 

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