Con el exministro Peña tras bambalinas y la firma de Cabildo, coalición blindó proyecto Arazatí en interpelación del FA

Aún con el fantasma de la última interpelación al Ministerio del Interior sobrevolando –cuando cabildantes y Frente Amplio votaron juntos para dejar sin respaldo parlamentario a la administración de Luis Alberto Heber–, esta vez Guido Manini Ríos había dado su palabra al líder de Ciudadanos, Adrián Peña, de que el tema no pasaría a mayores, más allá de que el partido no callaría sus cuestionamientos al controvertido proyecto del gobierno para tomar agua del Río de la Plata. 

"La soledad del poder", dijo entre risas el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, a su antecesor en el cargo, que miraba su celular sentado en un rincón del ambulatorio, mientras diputados y jerarcas de gobierno volvían a sala para retomar la sesión. Más allá de la broma anecdótica entre correligionarios, Peña fue –como principal artífice del proyecto Neptuno– el protagonista tras bambalinas de la contienda parlamentaria. 

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El hoy senador colorado llegó a la cámara pasado el mediodía y de inmediato recibió la consulta de la titular de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), Viviana Pesce, respecto a una de las preguntas del FA. Sobre las 15 defendió ante los periodistas el camino recorrido como ministro de Ambiente y en el cuarto intermedio subió a la sala desde la que la delegación del gobierno delineaba las contestaciones a las 88 interrogantes del miembro interpelante, Felipe Carballo. 

"Es un proyecto muy sólido desde el punto de vista técnico", insistió Peña, quien defendió el proceso iniciado desde su reunión con el presidente Luis Lacalle Pou el 30 de agosto de 2020, cuando junto a OSE y a pocos días de investido en el Ministerio de Ambiente pusieron en duda la concreción en este período de la represa en Casupá, el anteproyecto heredado de los gobiernos del Frente Amplio. "Al asumir noté que le faltaba mucho para ser autorizado y nos daba más agua de la cuenca del Santa Lucía, ya comprometida, y hacia la misma planta de Aguas Corrientes", señaló. 

Uno de los cuestionamientos centrales de la oposición –y también de Cabildo– radica en el financiamiento, con un costo de total US$ 890 millones a pagar en cuotas anuales durante un plazo de 17 años y medio a partir de que la planta sobre Arazatí comience a funcionar en 2026, por concepto de repago de la inversión del consorcio privado Aguas Montevideo que la lleva a cabo, su mantenimiento y la operación. 

Inés Guimaraens

OSE alegó haber heredado el organismo con un endeudamiento del 100%: "Debía lo mismo que recaudaba", resumió su presidente Raúl Montero. "El financiamiento público es más barato, es cierto", admitió al respecto Peña, quien –en línea con la estrategia definida en el oficialismo– atribuyó el esquema a una "decisión del equipo económico". "Pero también es cierto que eso hubiera cambiado las cuentas macro del país, y la misma explicación dio el Frente Amplio para usar este modelo en contratos como la construcción de la cárcel en Punta de Rieles o el Ferrocarril Central". 

Ante los cuestionamientos de inconstitucionalidad –por poner la gestión del agua en manos de un privado– el gobierno esgrimió informes jurídicos de constitucionalistas y señalaron que durante el gobierno del Frente Amplio hubo nueve casos de plantas de tratamientos de aguas residuales que operaron privados "sin por ello contradecir el artículo 47 de la Constitución", afirmó el subsecretario Gerardo Amarilla. 

"Da la sensación que la interpretación se realiza en función de quién realiza la conducta. (...) No está bregado en la Constitución que el privado no intervenga en las operaciones materiales de la toma de agua y su reservorio", concluyó en tanto el titular de Jurídica de OSE, Marcelo Riviezzo, quien también consideró que "podrán gustar o no los resultados, pero no se puede decir que la administración no resolvió expresamente todos" los recursos presentados por el sindicato de OSE y la sociedad civil contra el proyecto. 

Uno de los puntos en que más hincapié hizo el frentista Carballo fue en la presunta "ilegalidad" del proceso, por haber procedido a aceptar una iniciativa privada (IP) que "no calza con la ley 17.555" que las regula, "porque (la toma de agua del Río de la Plata) no es un tema nuevo y OSE ya lo había descartado en varias oportunidades". 

Inés Guimaraens

"El proyecto Neptuno parte de una IP del consorcio que entendemos no se justifica por muchos motivos, entre otros por no tratarse de una idea original que no estuviese a estudio de OSE", acusó y apuntó contra un cambio de decreto "con nombre y apellido" a un año de presentado el proyecto por parte de Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que ahora tuvo una ventaja del 12% en la licitación.

El dirigente tildó este proceder de "gravísimo" y llegó a comentar en la interna de la coalición de izquierdas la posibilidad de formular una denuncia penal, aunque los propios sectores descartaron ese camino por considerar que faltan elementos. 

Al cierre de esta edición y con varias horas de intervenciones de diputados por delante, la coalición oficialista confiaba en tener los votos suficientes para respaldar la gestión, aunque a sabiendas de que habría ausencias –por razones logísticas o por convencimiento político– en la bancada de Cabildo Abierto a la hora de levantar las manos.