Con la pospandemia en el horizonte, los socios del gobierno marcan su agenda

Lo esperable fueron las primeras reacciones que vinieron desde la oposición. Los senadores Mario Bergara y Daniel Olesker salieron rápidamente a cuestionar aspectos técnicos del balance y remarcaron la postura ya conocida del Frente Amplio. Palabras más, palabras menos, que “el gobierno no está gastando lo suficiente”. Se cuestionan las medidas, que, por ejemplo, refieren al aumento de tarifas, ajustes a los instrumentos de política fiscal, al tiempo que se enfatiza la necesidad de recurrir a un mayor gasto público a través de las políticas sociales (renta básica) y un mayor protagonismo del Estado para reactivar la economía.

El contrapunto es el esperable. La ministra dio un mensaje contundente en dos líneas: por un lado, reafirmando el rumbo del gobierno más allá de la pandemia. Un rumbo que tiene el foco puesto en la reactivación económica, apelando a dos objetivos que se vienen marcando desde la campaña electoral, tales como el achicamiento del déficit fiscal y el ordenamiento del gasto público; por otro lado, destacando que el gasto para afrontar las consecuencias de la pandemia es “contundente”.

En lo que refiere al balance fiscal, más allá de la coyuntura excepcional, se reafirma el objetivo de bajar gradualmente el déficit en el quinquenio. En tal sentido, en la presentación se destacó el ahorro que se viene generando en la administración central, siempre que se deje al margen los gastos de la pandemia. Efectivamente, los egresos de la administración central disminuyeron 2,7% en términos reales, según datos del MEF.

En cuanto a los gastos por las medidas que se vienen tomando para afrontar la crisis sanitaria, se estima en un monto de US$1217 millones, considerando el Fondo Coronavirus y los préstamos garantizados. Ello equivale a un 2,2% del PIB aproximadamente, y a un 1,3% si se deja de lado los préstamos garantizados. Eso como gasto asociado a la pandemia.

Dentro de ese paquete la ministra ha destacado el accionar del Mides, como forma de dar cuenta de las medidas en materia social. Principalmente a través del refuerzo de los principales instrumentos de política social, (Asignaciones familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Canastas TuApp) a través del cual se ha invertido US$ 385 millones en 2020, cuando ese gasto era de US$ 268 millones para el año anterior. Ello en conjunto con otras medidas, tales como el seguro de desempleo y enfermedad.

No obstante, en estos días los distintos socios de la coalición han salido públicamente a marcar su perfil. Tanto desde el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido Colorado (en ese orden), se ha marcado una agenda de medidas que van en el sentido de brindar un mayor apoyo a la pequeña y mediana empresa, a la población vulnerable, a los informales, planes de alimentación e instrumentos financieros (emisión de deuda a través de bonos para infraestructura).

Con ello se advierte que la valoración presentada por la ministra es la posición del presidente y su equipo más cercano. Pero se desdibuja la imagen de que esas valoraciones representan la posición de todo el gobierno. Por extensión, entonces no queda claro si a la interna de la coalición concuerdan en que el gasto es “suficiente” y “contundente”.

Con la llegada de las vacunas se avizora en el horizonte un nuevo escenario, el de la pospandemia. Un escenario pautado por la necesidad de reactivar la economía y seguir mitigando las consecuencias de la crisis sanitaria. En el tablero político cada partido se ve en la necesidad de ajustar su posición y marcar un perfil ante la ciudadanía. Allí la ideología importa, y eso se traduce en declaraciones, decisiones, apoyos y críticas que habrá que seguir de cerca.