La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por las vulneraciones a los derechos humanos de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas durante la dictadura. También exhortó a "coordinar esfuerzos" para conformar un grupo de trabajo con Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú para la “investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del plan criminal interestatal”, informó el diario argentino Página 12 y confirmó El Observador. Deberá hacerse en el plazo de un año.
Julien Cáceres fue dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Grisonas, su esposa, fue secuestrada junto a los hijos de ambos –de 1 y 3 años– y torturada en Automotores Orletti. Los niños fueron trasladados a Uruguay y luego abandonados en Chile. A él lo asesinaron intentando huir. El episodio ocurrió el 26 de setiembre de 1976 en su casa al norte del conurbano bonaerense.
La Justicia argentina ya había condenado a dos expolicías por las torturas a Grisonas. La medida, adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, recayó sobre el excomisario inspector Rolando Nerone y el exsubcomisario de la Policía Federal Argentina Oscar Gutiérrez, ambos imputados por el "delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas", informó entonces el Centro de Información Judicial.
Esta vez es la CIDH el que, por unanimidad, toma las cartas en el asunto en este caso. Es el primer episodio ocurrido en Argentina en el marco del Plan Cóndor sobre el que se expide la corte internacional. En Uruguay lo hizo sobre el caso Gelman.
“Realmente es contundente. La Corte condena por denegar justicia a un Estado que dijo y dice que ya hizo lo que corresponde, cuando está lejos”, dijo Anatole Julien a Página 12 desde Chile.
