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"Cosas atadas con alambre": a nueve meses del caso Astesiano, ¿qué cambió el Estado para prevenir falsificación de pasaportes?
Hubo varias alertas que permitían sospechar que lo que pasó en el caso Astesiano, en cuanto a la falsificación de pasaportes, podía suceder.
Una de ellas fue una denuncia en 2019 –que se terminó archivando en 2021– y otra las varias advertencias que Juan Martínez, el director de Cédulas y Pasaportes de Montevideo, hizo a sus superiores. De esas advertencias, una estuvo dirigida, el 13 de marzo de 2020, al director nacional de Identificación Civil, José Luis Rondán.
Según consta en la solicitud de formalización de Alejandro Astesiano, que la Fiscalía divulgó meses atrás, en marzo de 2020 Martínez "informó con suma profundidad" de los "problemas con la gestión de nacionalización de hijos de ciudadanos naturales de varias comunidades extranjeras, así como respecto de nietos naturales de uruguayos, solicitando que la comisión técnica fortaleciera la normativa de expedición de pasaportes".
En diálogo con El Observador, Rondán recordó que en 2019 su antecesor Ruben Amato había presentado una denuncia, luego de recibir información que indicaba que había ciudadanos rusos accediendo a pasaportes uruguayos de forma ilegítima.
Sin embargo, esa investigación naufragó debido a que se hizo en Interpol y la institución no tenía información al respecto.
Consultado por el informe que le envió Martínez en 2020, contestó: "Aparecieron los rusos por allí y cuando ellos vieron que se iba a hacer un procedimiento, se fueron. Me acuerdo que uno había tramitado la cédula de identidad y no la llevó, la dejó. Ahí quedamos en alerta de 'mirá, el gestor, los rusos, van a volver, vamos a estar atentos'. Cuando volvieron, que a mí me avisaron, es que yo le pongo dos policías y les digo 'bueno, llevemos lo que tenemos y digámosle a Inteligencia que los tenemos acá, hoy no se nos pueden ir'. Y ahí comienza el procedimiento. Ese fue el tema. Que nos dejaron con los papeles armados, pero sin gente, porque como no estaban detenidos..."
Según supo El Observador en base a fuentes judiciales, el operativo que describe Rondán tuvo lugar tras la primera denuncia, que se terminó archivando y que se investigó entre 2019 y 2021. De ese operativo frustrado participó el gestor Alexey Slivaev, condenado este año (por el caso Astesiano) luego de alcanzar un acuerdo abreviado.
En 2021 hubo una denuncia realizada por Soumex (Asociación de Compatriotas Rusos en México) al consulado de Uruguay en la que se señalaba que varios ciudadanos rusos estaban usando documentos uruguayos apócrifos y en la que se mencionaba como gestor a Alexey Slivaev, un ruso que vivía en Montevideo.
Martínez y el subdirector, Diego Sorribas, redactaron varios informes que derivaron en una nueva denuncia en Fiscalía, cuya investigación comenzó en enero de 2022.
Antes del caso Astesiano "estábamos híper vulnerables", reconoció Rondán. Y en ese momento, afirmó el director, lo sabían.
Por eso, desde principios de 2022 se puso en marcha un plan para conseguir un nuevo software que mejorara, entre otras cosas, la seguridad. Cuando se ponga en funcionamiento, que estiman será en octubre de este año, va a tener "impacto en algo muy crucial que es el tema de la seguridad". "Nosotros teníamos muchas cosas atadas con alambre, como los uruguayos", expresó el director.
Pero ¿qué cosas hizo el Estado para evitar situaciones similares a las del caso Astesiano? Según supo El Observador, hubo varios cambios dentro de la Dirección Nacional de Identificación Civil y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos de ellos están directamente vinculados a las falencias estatales que dejó al descubierto la investigación judicial del caso, pero otros corresponden a medidas que ya se habían tomado antes.
1. Inversión en un software de US$ 3,5 millones para Identificación Civil
Las gestiones para cambiar el software empezaron a principios de 2022 y servirán para subsanar varias de las falencias de las que se aprovechaba la banda que integraba Astesiano y que gestionaba pasaportes falsos. Rondán explicó que se utilizará para los procedimientos de gestión de pasaportes, previo paso por Policía Científica e Interpol. Impactará en la filiación, los tiempos y la seguridad.
Reconoció que el gobierno anterior había comprado equipos nuevos, pero que el software que se usa actualmente "es arcaico" y tiene 20 años. La licitación la ganó Sonda, la empresa chilena que maneja las cámaras de Montevideo.
2. El decreto que se modificó a raíz del Caso Marset
A comienzos de setiembre de 2022, el Poder Ejecutivo modificó el decreto N° 129/014, que reglamenta la "expedición de pasaportes comunes" y "títulos de identidad y de viaje", debido a la necesidad de "ampliar los presupuestos en materia de antecedentes de conducta" tras la polémica por la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que generó críticas al Ministerio del Interior y Cancillería.
Con el decreto I/306 del Ministerio del Interior, firmado por Luis Lacalle Pou el 31 de agosto de 2022, el Ejecutivo cambió los requisitos para las personas privadas de libertad fuera del país que requieran un pasaporte, y aumentó los referidos a antecedentes para todos los ciudadanos.
Por la entrega del documento de viaje a Marset fue despedido el subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, quien intentó acelerar la emisión del pasaporte tras una reunión con el abogado Alejandro Balbi.
"Antiguamente, que era una cosa medio que ancestral, tu me pedías para adelantarte un pasaporte y yo llamaba a Policía Científica y te adelantaba el certificado de antecedentes judiciales, por ejemplo. Que fue lo que pasó con Marset. Lacoste hizo lo que hizo todo el mundo toda la vida. Ni más ni menos. Pero eso se evadió. Ahora, por ejemplo, no se adelantan más casos, el involucrado es el que lo tiene que pedir directamente si tiene la necesidad y además se suma el hecho de que se piden los antecedentes a Interpol. Hasta que no se vean los antecedentes de Interpol, requisitorias y eso, tampoco se libera el pasaporte", explicó el director Rondán.
3. Mayor capacitación para cónsules
Según la Fiscalía, las partidas de nacimiento apócrifas se valoraban en Rusia y ese documento apostillado por el consulado se utilizaba en Uruguay para acceder a los pasaportes. Por eso hay dos funcionarios diplomáticos, que fueron cónsules en Rusia, que están imputados: Stéfano di Conza y Gustavo Piegas. Di Conza, sobre todo, insiste en que era potestad de la DNIC controlar que los documentos fueran reales, pero la Fiscalía entiende que no.
Más allá de esa cuestión –que aún no está saldada judicialmente–, Cancillería dispuso reeditar en el Instituto Artigas del Servicio Exterior un curso de Atención Consular, donde se repasan las normativas vigentes sobre estos puntos. También se vigila con más rigurosidad que aquellos que vayan a cumplir las funciones consulares en el exterior cumplan con los dos meses de trabajo previos en la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación.
4. Instructivo para la recepción de traducciones
La Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación y la Dirección General de Secretaría redactaron un instructivo para la recepción de traducciones de documentos que se reciben en los consulados para recibir pasaportes.
Una de las polémicas generadas en el caso Astesiano apuntaba a que esas partidas apócrifas que aprobaban los cónsules estaban en ruso. Según expresó en su momento la defensa de Di Conza, Florencio Macedo, el cónsul no entendía ruso y confiaba en los funcionarios que lo auxiliaban, además de que era responsabilidad de la DNIC valorar su veracidad. Sin embargo, la Fiscalía creía que eso no era así.
