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1 de septiembre 2022 - 13:57hs

El Poder Ejecutivo modificó el decreto N° 129/014, que reglamenta la "expedición de pasaportes comunes" y "títulos de identidad y de viaje", debido a la necesidad de "ampliar los presupuestos en materia de antecedentes de conducta" tras la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que generó cuestionamientos al Ministerio del Interior y Cancillería.

Con el decreto I/306 del Ministerio del Interior, firmado por Luis Lacalle Pou el 31 de agosto, el Ejecutivo cambió los requisitos para las personas privadas de libertad fuera del país que requieran un pasaporte, y endureció los requisitos de antecedentes para todos los ciudadanos.

En los fundamentos para los cambios (los "considerando"), el Ejecutivo alega que el pasaporte "demanda garantías en su proceso de emisión tendientes a evitar actos ilegales por parte de sus poseedores, tales como huir y eludir enjuiciamientos o facilitar otros crímenes o delitos".

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Cancillería emitió el pasaporte de Marset el 25 de noviembre de 2021, luego de que el narco, acusado de comandar una red de narcotráfico internacional con base en Paraguay, pidiera el documento en Dubai, donde estaba privado de libertad por intentar ingresar a Emiratos Árabes con un pasaporte paraguayo falso. Con el pasaporte, Marset salió en libertad, semanas antes de que Interpol emitiera una alerta roja para su búsqueda.

Por la entrega del documento fue despedido el subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, quien intentó acelerar la emisión del pasaporte del narco tras una reunión con su abogado, Alejandro Balbi.

Ahora la oficina consular a la que una persona privada de libertad en el exterior le pida un documento "no dará inicio al trámite", sino que será el Ministerio del Interior "el que autorice y emita el pasaporte o suspenda" el proceso, indica el decreto.

Además, cualquier persona que quiera un pasaporte uruguayo deberá presentar un "certificado de antecedentes judiciales", no estar privado de libertad y "carecer de orden de cierre de fronteras, requisitorias u orden de captura" a nivel nacional e internacional, esto último informado por Interpol.

En el marco legal anterior, a todas las personas mayores de 18 años se les pedía "información de Antecedentes Judiciales en el Uruguay", o una "consulta a la filial Interpol" del país donde se pedía el documento, o una "prueba testimonial en la que deberá constar declaración de por lo menos dos personas de conocimiento del Funcionario Consular y a satisfacción de éste". El decreto no hacía una alusión específica a las personas privadas de libertad.

El nuevo decreto también cambia uno de los elementos base de la reglamentación previa, como es el de las autoridades pertinentes para emitir el pasaporte, presente en el artículo 3: la norma anterior marcaba a Cancillería, a través de sus funcionarios consulares, como la única autoridad habilitada para emitir documentos, mientras que el decreto actual suma al Ministerio del Interior.

También cambia los plazos de vigencia de los pasaportes en casos excepcionales como pasaportes de emergencia emitidos por extravío o hurto, de seis meses a un año como máximo.

Por último, la resolución del Ejecutivo especifica el proceso de envíos de pasaportes al exterior: "Una vez que la Dirección Nacional de Identificación Civil emita el pasaporte común tramitado en el exterior, lo remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores para su remisión mediante valija a la Oficina Consular correspondiente", indica el nuevo artículo 46 Bis del decreto, que sostiene que "la entrega de cualquier documento de viaje tramitado en el exterior se realizará únicamente" en la oficina consular donde se pidió. 

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