El Senado de la República aprobó de forma unánime el acceso de la mutualista Casmu al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por US$ 122.000.000. Ahora el proyecto pasó a la Cámara de Representantes.
Si bien el acceso al fondo contó con el apoyo de todos los senadores, la oposición no acompañó un artículo que tiene que ver con exigencias del Poder Ejecutivo a instituciones que quieran acceder a este beneficio.
El senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, dijo sobre este punto que "lamentablemente no se llegó a un acuerdo".
"Tenía que ver justamente con las exigencias que en nuestro proyecto estábamos solicitando, que quedara por proyecto de ley para todos aquellos futuros conductores y directivos de las instituciones que solicitaran este fondo", agregó el legislador del oficialismo en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.
Por otra parte, desde la oposición, el senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que les producía "mucho temor" este artículo. "Nos produce mucho temor es que el Poder Ejecutivo quiere arrogarse, a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud Pública, la facultad de vetar en determinadas situaciones a los directivos de esas instituciones que acceden al Fondo de Garantía", agregó Bordaberry .
"No puede arrogarse el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud Pública esas facultades porque obviamente que es una injerencia política de quien ejerce el gobierno", sentenció.
El oficialista Borbonet afirmó que espera que en la cámara baja si sea acompañado este punto por los partidos de oposición. Si bien el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, no cuenta con ella en la Cámara de Diputados.
Sobre el acuerdo logrado en la cámara alta, Bordaberry dijo que "es muy importante porque es una institución que tiene 170.000 usuarios afiliados y 6.000 empleados".
A fines de julio, y a contrarreloj, el Parlamento aprobó la ley que permite al Poder Ejecutivo extender por dos años más la intervención en Casmu.
La intervención se vencía el 29 de julio, por lo que el presidente Yamandú Orsi se apresuró para promulgar la ley y –en paralelo– firmar una resolución con la extensión, la cual trajo como novedad que se cambian los interventores y se baja de 3 a 2 su cantidad, ya que deja de haber un contador en el equipo.
