El diseño del sistema financiero uruguayo resulta poco adecuado para acompañar los objetivos de innovación y transformación productiva del país debido a varias limitaciones estructurales, como la baja penetración crediticia, un mercado de capitales subdesarrollado, una banca pública que funciona como un actor comercial más y una fragmentación y débil coordinación entre las instituciones públicas, según advierte un documento elaborado por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
A pesar de consolidar una macroeconomía estable y un sector bancario solvente, la arquitectura financiera actual favorece operaciones de corto plazo, bajo riesgo y alta liquidez. Esta lógica dificulta la canalización de recursos hacia proyectos con retornos económicos más diferidos e inciertos, pero con retornos sociales significativos, dice el sindicato.
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Un crédito estancado y sesgado al consumo
El sindicato bancario señala que el sistema local se encuentra poco orientado a la economía real y registra una baja penetración crediticia, estancada desde hace más de dos décadas entre el 25% y el 30% del Producto Interno Bruto. Esta cifra ubica a Uruguay por debajo del promedio de América Latina (51%), Brasil (72%), Chile (109%) y el promedio de la OCDE (150%), al tiempo que los depósitos bancarios representan casi el doble del volumen total que los créditos otorgados.
A esta limitación se suma la asignación de los recursos: casi el 40% del crédito bancario total se destina al consumo de las familias. Esta proporción alcanza el 46% en el caso del Banco República (BROU) y el 31% en los bancos privados. Esto implica que una gran parte del financiamiento se orienta a los hogares y a sectores ultra-consolidados en lugar de volcarse a la estructura productiva.
Por su parte, el acceso al financiamiento para la producción resulta acotado: en los tres años previos a la pandemia solo el 17% de las micro, pequeñas y medianas empresas logró acceder a un crédito bancario.
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Depósitos a corto plazo y ahorro en el exterior
Esta situación se da en un contexto donde la estructura de fondeo del sistema bancario está dominada por los depósitos de corto plazo. El 75% de los depósitos totales se encuentran a la vista y solo el 25% a plazo.
En el Banco República la proporción de depósitos a la vista alcanza el 79%, al tiempo que el volumen de depósitos es tres veces mayor al monto otorgado por créditos.
En paralelo, un porcentaje significativo del ahorro nacional permanece colocado en el exterior, alcanzando en 2023 un equivalente al 78% del PIB, señalan. Esto evidencia que el país dispone de niveles de ahorro, pero enfrenta dificultades para movilizar esos recursos hacia el financiamiento de la transformación productiva.
El secretario general de AEBU Martín Ford durante una mesa de intercambio realizada el jueves por el sindicato.
AEBU
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Articular un ecosistema sin crear un nuevo banco
Ante esta brecha, AEBU propone avanzar hacia un modelo de banca de desarrollo que no requiere la creación de una nueva institución bancaria desde cero, sino la articulación de un ecosistema coordinado sobre la base de organismos ya existentes.
Bajo la orientación del Sistema Nacional de Planificación liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la propuesta plantea integrar las capacidades operativas del Banco República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) con agencias especializadas como ANDE, ANII y Uruguay XXI.
El esquema se complementaría con la filial República AFISA para la administración de fondos y fideicomisos, con el Sistema Nacional de Garantías (SiGa) para absorber primeras pérdidas y con el Banco de Seguros del Estado (BSE) para co-diseñar coberturas frente a riesgos tecnológicos o climáticos, sin sustituir al sector financiero privado sino abriéndole oportunidades de cofinanciamiento.
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Propuestas operativas para movilizar el ahorro
En materia de recomendaciones operativas, el documento sugiere reconfigurar a la CND como una banca de segundo piso que capte y gestione un pool de fondos con bancos estatales y privados, fondos de inversión e inversores institucionales. En paralelo, plantea la creación de una unidad especializada dentro del Banco República dedicada a evaluar y financiar proyectos estratégicos de mediano y largo plazo.
Asimismo, el trabajo promueve esquemas de financiamiento mixto (Blended Finance) con estructuras de protección por capas. En este modelo, el sector público o la cooperación internacional aportan el capital inicial como un "colchón de seguridad" para absorber primeras pérdidas, mientras que organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial brindan un "paracaídas institucional" mediante créditos blandos y garantías. De este modo se busca activar el "motor privado" a plazos largos y tasas competitivas en áreas como transición energética, tecnología e infraestructura.
Por otro lado, la propuesta busca democratizar la inversión mediante instrumentos de ahorro minorista orientados al desarrollo. Para esto impulsa la emisión de Obligaciones Negociables de empresas públicas, el lanzamiento de una Plataforma Oficial de Crowdfunding gestionada por la CND o el BROU para financiar proyectos tangibles (como fibra óptica o paneles solares), y la creación de una "Billetera de Inversión Nacional", una aplicación móvil estatal donde el ciudadano pueda consultar proyectos disponibles y su rentabilidad en tiempo real.
Finalmente, el documento señala que el otorgamiento de crédito debe responder a las misiones definidas por la Estrategia Nacional de Desarrollo y no a demandas espontáneas, incorporando criterios de evaluación por impacto social y ambiental. A esto suma la asistencia técnica a las MIPYMEs innovadoras, junto a un marco de gobernanza técnica con mandatos no coincidentes con el ciclo electoral para mitigar riesgos de discrecionalidad.
