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Caso Astesiano: la maniobra por la que cayó el primer funcionario público

El excónsul uruguayo en Rusia Stéfano Di Conza fue imputado este domingo, estuvo en audiencia acompañado de sus padres, que miraron desde el público

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28 de noviembre de 2022 a las 05:04

El primer caso documentado de adulteración de partidas de nacimiento para darle pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos que no les correspondía es del año 2013. Si bien la fiscalía no descarta que ese hecho puntual se trate de una casualidad, el licenciado en Estudios Internacionales Stéfano Di Conza comenzó a cumplir funciones como vicecónsul uruguayo en Moscú el 8 de noviembre de ese año. Este domingo, en una audiencia que presenció El Observador, el juez Fernando Islas imputó a Di Conza por 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil y dispuso que permanezca preso preventivamente hasta el 6 de febrero de 2023.

El nombre de Di Conza ya había aparecido en la investigación en más de una oportunidad. Tanto el escribano Álvaro Fernández como el ciudadano ruso Alexey Slivaev apuntaron al excónsul como uno de los que "facilitaba la ciudadanía" a ciudadanos rusos a los que no les correspondía "simulando que (....) tenían un ascendiente de nacionalidad uruguaya", según replicó la fiscal del caso, Gabriela Fossati, en audiencia. 

Roman Karpov —el ciudadano ruso al que agarraron infraganti queriendo tramitar el pasaporte con una partida falsa— admitió en fiscalía que no tenía parientes uruguayos. Sin embargo, dijo que una persona que vivía en San Petesburgo y que era una especie de gestor le había dicho que tenía "contactos" en el consulado uruguayo en Rusia. Sobre ese contacto, le dio dos características: que se trataba de un hombre que estaba casado con otro hombre de origen ruso y la segunda, que el funcionario había sido trasladado a Uruguay nuevamente, lo que dificultaba las cosas. Entonces, el trámite de Karpov, que se había iniciado en 2019 o 2020 (la fiscal dijo no recordar la fecha exacta en audiencia) se dilató hasta 2022 e implicó que Karpov viajara a Uruguay (cosa que no sucedía cuando el funcionario estaba allá). Di Conza dejó el consulado el 7 de noviembre de 2018. 

Por esta misma causa, la fiscal imputó al exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano pero, por la información que se maneja hasta ahora, el custodio ingresó a la banda en 2021, cuando Di Conza ya no estaba en el consulado. 

De acuerdo al relato fiscal, en su tiempo en el consulado Di Conza intervino en 77 expedientes. Los primeros años fueron pocos, pero incrementaron significativamente a partir de 2016. En audiencia, Fossati refirió a cinco de ellos donde detectó 11 inscripciones adulteradas. Según explicó, una vez que se documentaba —en forma legal— que un ciudadano ruso tenía derecho a un pasaporte uruguayo se desprendían varios trámites apócrifos. 

Así, citó varios ejemplos. El primero fue el de una mujer que tramitó en 2016 su pasaporte en el consulado y a partir del cual se reconoció a tres hijos, pero la fiscalía detectó que uno de ellos era real y los otros dos falsos. Pudieron notarlo porque en los documentos de los últimos dos se utilizan fuentes de texto (tipos de letra) diferentes. En otro de los casos, a una relación madre, hijo y nieto real, le sumaron más familiares en los que no coinciden el nombre de los padres y madres entre el documento original y la traducción. En un tercer ejemplo, mostró que se utilizaban mal los nombres de acuerdo a las reglas gramaticales rusas. Pero uno de los más claros, y que llamó la atención del juez Islas, fue el caso de una mujer que —de acuerdo a la documentación— tuvo dos hijos, de dos padres diferentes, en el lapso de cinco meses

El último de los ejemplos enumerados implicó un cambio de modus operandi: en vez de la partida emitirse en Rusia, viajó desde Uruguay. Se trataba de una ciudadana uruguaya, ya fallecida, a la que se le inscribieron tres hijos naturales rusos. Una pariente informó a la fiscalía que la mujer tenía una condición médica que le impedía tener hijos. Bajo la misma referencia numérica se intentó inscribir

Si bien Di Conza en fiscalía insistió en que la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) era el encargado de revisar la documentación y que, como él no entendía ruso, no era su responsabilidad, Fossati insistió en que eso no es así. En audiencia, leyó un artículo del reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje que expone que: "No se considerara válido para el ingreso al país o salida de él así como tampoco para la tramitación del pasaporte ningún documento que contenga el más leve indicio de alteración". En otro pasaje el reglamento expone que la tramitación de los pasaportes en Uruguay está a cargo de DNIC y en el exterior el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de los funcionarios consulares.

Karpov declaró en fiscalía que estos trámites se cobraban entre 80 y 100 mil dólares cada uno. Por su parte, el escribano y Slivaev declararon que ellos cobraban cerca de 5 mil dólares. Di Conza insistió en que él no hablaba ruso y solamente firmaba lo que la oficial del consulado, una ciudadana rusoespañola llamada Victoria Rodríguez, le suministraba. A su vez, resaltó que el Ministerio del Interior después controlaba eso. "Él quiso explicarse en cuanto a que, bueno, él no tenía porqué controlar la documentación. Pero es la firma de él y en todos los expedientes está la firma electrónica de él", enfatizó Fossati. A esa funcionaria, que es ciudadana rusa, "va a ser más difícil acceder", adelantó. 

A su vez, hizo hincapié en que investiga a otros funcionarios. "No es cierto que la responsabilidad cayera sobre la DNIC. (...) Eventualmente pueden quedar en una situación delicada algunas instituciones que no realizaban los controles, algunos jerarcas que siguieron con prácticas que abrían puerta para resquicios que podría llevar a que algún funcionario no se guiara por los parámetros que la ley exige", expresó. 

Di Conza, que entonces tenía 24 años, fue designado como vicecónsul en Rusia el 22 de setiembre de 2013 en una resolución firmada por Danilo Astori. El 8 de noviembre de ese año asumió funciones y culminó su tarea el 7 de noviembre de 2018, a raíz de una licencia sin goce de sueldo que terminó el 8 de febrero de 2021. Karpov dijo que su gestor en Rusia dijo sobre Di Conza que "no le gustaba trabajar mucho" y por eso había sido "trasladado". 

En el período en el que estuvo con licencia sin goce de sueldo igual visitó el consulado en algunas oportunidades. El exjerarca dijo en audiencia que fue solamente dos veces y lo hizo a pedido del embajador. 

El abogado de Di Conza, Florencio Macedo, insistió en que Fernández y Slivaev apuntaron a su cliente únicamente para sacarse responsabilidad y que también nombraron a otras personas. En el caso de Slivaev, al embajador en Rusia (durante el tiempo de Di Conza hubo dos: Aníbal Cabral, actualmente en México, y Enrique Delgado, ahora director de Integración y Mercosur) y a una traductora, y en el de Fernández a funcionarios de la DNIC e incluso al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aunque no especificó en qué contexto. 

Cancillería está desarrollando una investigación en este momento en el consulado de Moscú con la presencia de una abogada. Di Conza se desempeñaba en la Dirección de Asuntos Consulares y lo trasladaron al Instituto Artigas del Servicio Exterior para despejar cualquier sospecha de que se encontraba interviniendo en el tema. 

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