La audiencia en la que se discutió la aplicación de medidas cautelares para el excónsul uruguayo en Rusia, Stéfano Di Conza, el único funcionario público hasta ahora imputado por el caso Astesiano, derivó en un debate de fondo sobre el rol de estos diplomáticos en la adulteración de pasaportes.
Mientras que el abogado de Di Conza, Florencio Macedo, se amparó en la posición de Cancillería de que el funcionario, al no conocer el idioma, confió en otros empleados, la fiscal del caso Gabriela Fossati entiende que los cónsules eran los últimos responsables y que la explicación no está alineada con la ley.
El abogado alegó que —tal como había declarado su cliente— el Ministerio de Relaciones Exteriores le había respondido a la fiscal del caso, Gabriela Fossati, que la responsable del control de los pasaportes que se emitían en el exterior era de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y no los cónsules.
Los "informes ratificados por el propio ministro (Francisco) Bustillo lo único que hicieron fue ratificar cada una de los hechos que el señor (Stéfano) Di Conza desde un inicio le explicó a la Fiscalía. Y la Fiscalía no le creyó, creyéndole a (Alexey) Slivaev, (Roman) Karpov y Álvaro Fernández", criticó Macedo ante el juez Alejandro Asteggiante este viernes en una audiencia que presenció El Observador.
Recordó también que desde Cancillería manifestaron a Fiscalía que los cónsules "depositan su confianza en el personal local formado y contratado" cuando no conocen el idioma del país en el que están cumpliendo funciones.
Esto último abona la teoría de que Di Conza no tenía por qué entender lo que estaba firmando, aunque sí debió haberse asesorado debidamente con la traductora que lo asistía en el consulado.
Pero la fiscal Fossati no cree que eso sea cierto. En la audiencia anterior había leído un artículo del reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje que afirmaba lo siguiente: "No se considerara válido para el ingreso al país o salida de él, así como tampoco para la tramitación del pasaporte, ningún documento que contenga el más leve indicio de alteración".
En otro pasaje el reglamento establece que la tramitación de los pasaportes en Uruguay está a cargo de la DNIC y en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de los funcionarios consulares.
Ante los argumentos de Macedo, Fossati expresó: "Estamos hablando de investigaciones en las cuales se está investigando funcionarios públicos que integran las instituciones que tienen que ser auxiliares de la Justicia y de alguna manera existen códigos o existen resguardos que los propios involucrados o informantes pueden adoptar para salvaguardar futuras eventuales responsabilidades propias".
"No es cierto que no se hayan reunido elementos respecto de Di Conza, no es cierto que los cónsules no tuvieran la obligación de controlar la documentación, es así por ley", afirmó Fossati.
"Es absolutamente inentendible y no puede ser recibida ninguna pretensión de que ellos solo firmaban lo que otro les decía. Ese era su trabajo", complementó.
En ese contexto, Fossati le recordó al juez Asteggiante que esa es una de sus líneas de investigación y que un día antes (por el jueves), le había solicitado la medida del cierre de fronteras para otro excónsul, Gustavo Piegas. "En el juicio precisamente se va a tener que dilucidar si tiene razón el Ministerio de Relaciones Exteriores o si está dando respuestas que lo colocan en una posición más favorable", insistió.
Para la Fiscalía es claro que la versión correcta de los hechos es aquella que señalan desde la DNIC, que apunta a que el consulado era el responsable de la expedición de los pasaportes. "Parecería increíble tratar de sostener de que no sabían que esa norma existía (...) Creo que ningún sistema se puede sostener con estas alegaciones", valoró.
Y continuó recordando que Cancillería "en un primer momento dijo que estaba todo correcto", pero que luego ordenó "investigaciones administrativas" que todavía no culminaron.
"La primera posición del ministerio luego fue modificada. Si logramos llegar a la conclusión de que es una mala praxis extendida y que puede haber responsabilidad penal extendida, lo que están tratando (desde Cancillería) es de minimizarlo. Eso es natural, es obvio y es entendible", dijo y calificó a la primera decisión de MRREE de no comenzar investigaciones administrativas como "irrisoria".
Para Fossati, la Fiscalía continuará esa línea de investigación de cara a un eventual juicio. "Se tratará de justificar porque se entiende que es absolutamente inexcusable la explicación que pretenden darnos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la ley, insisto, es clara", repitió.
"Les pasó a los tres"
El abogado Macedo señaló que el "problema" que tuvo Di Conza con la traducción de las partidas —que luego resultaron adulteradas— también lo tuvo Gustavo Piegas y Florencia Del-Có, los dos cónsules que lo sucedieron en Moscú.
"La única persona que estuvo durante todo ese período fue una sola que fue la traductora del ruso Victoria Rodríguez que no la queremos incriminar porque no tenemos ni idea si está relacionado o no", expuso.
Piegas, Di Conza y Rodríguez están siendo investigados administrativamente por Cancillería.
