El excónsul uruguayo en Rusia, Stéfano Di Conza, quedará libre luego de que pague una fianza de US$ 25 mil dólares. Tendrá prohibido salir del país y comunicarse con varios funcionarios del consulado y la embajada, dispuso el juez Alejandro Asteggiante, en una audiencia que presenció El Observador. Además, estará obligado a fijar domicilio y presentarse en seccional una vez por semana.
Di Conza fue el primer funcionario público imputado por el caso Astesiano y está preso preventivamente desde el 27 de noviembre. El juez Fernando Islas lo había imputado por 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil.
Inicialmente, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, pidió una fianza de US$ 50 mil, pero el abogado del exjerarca, Florencio Macedo, le preguntó a la familia –que también estaba presente en audiencia– si podrían afrontarlo. Los padres le contestaron que el mayor esfuerzo que podían hacer es de US$25 mil y la fiscal lo aceptó.
A su vez, Macedo controvirtió el pedido de Fossati de que se le impidiera la comunicación con funcionarios durante 180 días, dado que, de cara a un eventual juicio oral la defensa de Di Conza debería consultarlos para poder producir su propia prueba. Finalmente, Asteggiante definió que esta prohibición se mantuviera durante 90 días.
El nombre de Di Conza fue citado por el escribano Álvaro Fernández y por el ciudadano ruso Alexey Slivaev –también participantes del grupo que integraba Astesiano para la falsificación de pasaportes–. Ambos apuntaron al excónsul como uno de los que "facilitaba la ciudadanía" a ciudadanos rusos.
En una audiencia posterior a la de Di Conza –que también presenció El Observador– el juez Asteggiante dispuso la prisión domiciliaria para Patricia Medina, la exmujer del escribano Álvaro Fernández. Asimismo, la fiscal Fossati aclaró que su abogado se encuentra formulando un acuerdo abreviado.
De esa forma, Medina quedará condenada por el caso, asumiendo su culpabilidad, a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena. Los términos del acuerdo aún no están listos.
A pocos días de cumplirse el mes de haber imputado a Fernández, Fossati pidió que se la imputara a ella. A raíz de las conversaciones de WhatsApp, indicó que la mujer sabía de las maniobras de su pareja e incluso ella tenía injerencia. La fiscal dijo que hay conversaciones de las que se desprende que, en ocasiones, ella le daba órdenes a él.
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