Cuando se tuerce el derecho

Los testimonios del profesor Gonzalo Passos, involucrado sin pruebas en la llamada Operación Océano, y de su abogado defensor Rodrigo García, en una entrevista conjunta en El Observador, publicada en la edición del Fin de Semana del sábado 3 y domingo 4, revelan un mal proceder de fiscales intervinientes en el caso.

Este profesor de inglés, informática y diseño gráfico en liceos y universidades, de 34 años de edad, perdió sus trabajos al ser imputado por delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos. A lo que, meses después, su abogado se desayunó de que se pretendía endosarle los delitos de abuso sexual y violación. 

Dos años y dos días después, Passos fue absuelto por falta de evidencias, algo que el doctor García daba por descontado porque la Fiscalía solo contaba como “pruebas” con unos chats entre su cliente y la principal víctima del caso Operación Océano, cuyos contenidos reflejan un vínculo de amistad que no prefiguran delitos.

Durante el largo proceso de la imputación, según surge de la mencionada entrevista de El Observador, el profesor investigado nunca declaró ante la Fiscalía ni ante la Justicia.

Los testimonios de los entrevistados le confieren verosimilitud a la interpretación de García de que hubo “una quijotada ideológica buscando una cruzada moral”, por parte de las fiscales Darviña Viera y Mariana Alfaro, apartándose claramente de sus deberes como representantes del Estado de “perseguir la verdad”.

Es por eso por lo que Passos se refiere a un  “desborde” por parte de la Fiscalía y a un “condimento ideológico” en su contra. Es comprensible que se sienta víctima de un enchastre.

Los fiscales tienen la obligación legal (y moral) de buscar la verdad material de las pruebas para luego responsabilizar con fundamento, y con todas las garantías del caso, a los verdaderos responsables de delitos.

Le asiste la razón a García cuando afirma que “la Fiscalía no puede buscar la condena a cualquier precio. No puede ser ocultando prueba y no valorando la prueba exculpatoria que había en este caso”.

El asunto en cuestión revela un mal funcionamiento de la administración de Justicia que responde a varios factores. Nos parece que uno de ellos es el de los preconceptos de fiscales que hieren la imparcialidad, una conducta de siempre, pero que se impone mucho más desde el  Código del Proceso Penal, vigente desde 2017, que los erige como responsables de la investigación de crímenes, delitos y faltas.

Parecería que hay procesos judiciales que están influidos por la ideología de género que contamina la búsqueda de la verdad, afectándose principios determinantes para la buena salud de un Estado de derecho.

Es muy grave que ello ocurra, aunque la Justicia termine por enderezar un camino torcido del derecho, como muestra el caso de Passos: fue exculpado, pero es muy difícil de reparar el daño moral y económico que sufrió, sumada la “condena social” de los más de dos años que duró el proceso.