AFP

Cuidar la institucionalidad

Uruguay tiene un marco más sólido, pero es un marco que es preciso cuidar porque no estamos exentos de que ocurra en nuestro país lo que ocurrió en Chile

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23 de octubre de 2022 a las 05:05

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El 18 de octubre se cumplieron tres años del estallido social en Chile que derivó en semanas de intensa agitación social y política que se lograron aplacar con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución desde cero. La Asamblea se convocó, el proyecto estrambótico y sesgado se sometió a votación popular y fue rechazado por una amplia mayoría de la ciudadanía. Entre tanto, Gabriel Boric, una de los principales figuras de las protestas y del proyecto constituyente, fue electo presidente para encarar las reformas y pilotear la nueva constitución. Boric ató su mandato a la aprobación del proyecto y quedó con muy poco margen de maniobra luego de la aplastante derrota. De hecho, es uno de los presidentes con menor apoyo popular a seis meses de iniciar su mandato.

El pasado martes 18, Boric dio un discurso moderador, llamando al diálogo y ofreciendo una lectura distinta de los sucesos del 18 de octubre de 2019. No cejó en su ánimo reformista pero se centró en la necesidad de mejorar el acceso a la salud, a una buena educación y a jubilaciones dignas de los chilenos. ¿Quién podría oponerse a ese programa? Ese programa no es lo que traía consigo el mamarracho refundacional constituyente que alteraba derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la unidad de la república y varios más, al tiempo que creaba una pléyade de insólitos derechos, como la desconexión digital, y otorgaba rango constitucional a lo que solo era un programa electoral de gobierno. Ahora, Boric ofrece diálogo maduro y reconoce que los chilenos no solo quieren igualdad sino también libertad.

Se verá para donde dispara el proceso político. Pero da la impresión de que comienza a valorarse el respeto por el marco institucional y la necesidad de introducir reformas sin violentar ese marco.

Uruguay tiene un marco más sólido. Pero es un marco que es preciso cuidar porque no estamos exentos de que ocurra en nuestro país lo que ocurrió en Chile. Los partidos políticos son sólidos pero los movimientos sociales no suelen seguir sus pasos. Más bien se nota que por el lado de la oposición, quienes marcan la agenda son los movimientos sociales y gremiales. Y que el PIT-CNT marca la agenda política mucho más allá de su función gremial.

Basta ver lo que ocurrió en el referéndum contra la LUC. Sin el trabajo de algunos sindicatos y luego del PIT-CNT no se hubiera planteado el referéndum. De hecho, dentro del FA no había ánimo para iniciar el referéndum y solo se encolumnaron detrás de él luego de que lo hicieran los sindicatos.

Ahora viene otra batalla: la reforma de la seguridad social. Que no es necesaria para este gobierno pero sí es un deber para las generaciones futuras. El actual gobierno podría pasar de ella, como en su momento sugirieron los senadores nacionalistas Gustavo Penadés y Jorge Gandini, si no hay un apoyo político amplio. Y por lo que se ve, no solo no hay apoyo amplio sino que hay guerra amplia. El PIT-CNT hizo paros generales aún antes de conocer el anteproyecto. Eran paros “por las dudas”. No reflejaban la posición unánime de la izquierda. El senador Danilo Astori había advertido en 2018 que una reforma jubilatoria que implicara un aumento de la edad de jubilación era totalmente necesaria. Y que esa reforma debía ser tarea del gobierno entrante. Fue una voz que clamó en el desierto. Entonces, y al parecer ahora también. Cualquier cosa que suene a aumento de edad jubilatoria genera un inmediato rechazo.

Ante el anuncio del presidente Lacalle de enviar el proyecto al Parlamento, el PIT-CNT anunció un paro general y movilizaciones. Nada nuevo bajo el sol. Pero sí molesta por lo reiterado de una medida que debe ser extrema y que se usa con una frecuencia inusitada. Más moderada fue la postura del presidente del FA, Fernando Pereira, quien pidió tiempo para estudiar y debatir el proyecto. Eso es espíritu democrático aunque ha llamado la atención la falta total de acuerdo en la Comisión de Expertos convocada oportunamente por el Poder Ejecutivo para realizar un diagnóstico y formular propuestas. No parece tan difícil ponerse de acuerdo en ambas cosas. Hay algo que rompe los ojos: si aumenta la expectativa de vida no podemos pretender sustentar el sistema jubilatorio con los mismos años de aportes. Sea por la vía que sea, esos años de aportes tendrán que aumentar y no es un ataque a derechos adquiridos. Nadie adquiere un derecho cuando ingresa a un mercado laboral a los 20 años. Sí una expectativa, y esta puede cambiar del mismo modo que cambian las expectativas de vida. 

Lo importante es ir a un debate sereno donde no se falsifique la verdad, donde no se atribuyan al proyecto de ley efectos negativos sobre las jubilaciones futuras que no tiene y donde no se achaque a las AFAP problemas que no generan. Al contrario, que se reconozca el aporte que el buen manejo de los fondos previsionales ha hecho al retiro. De lo contrario, entraremos en una guerra de falsedades que nada aporta a un asunto vital para todos los uruguayos, y que es clave para la estabilidad institucional del país. La reforma de la seguridad será una prueba de cuánta cultura cívica y calidad institucional tiene nuestro país. Porque es una reforma que podría saltearse para no tener problemas hoy y endilgárselos al futuro gobierno. Pero eso sería poco serio. Sería pan para hoy y hambre para mañana. Sería la expropiación del futuro.

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