Desesperanza ante el odio racial

Pese a dispersas leyes de liberación gradual en algunos estados, que comenzaron en 1780 en Pensilvania, y a la emancipación en todo el país dispuesta por Abraham Lincoln en las postrimerías de la guerra de Secesión, la explotación y la discriminación racial sobrevivieron con pocos avances hasta mediados del siglo pasado. Fue la secuela de la necesidad de mano de obra barata para sustentar la economía agrícola de los estados sureños, fortalecida con leyes que hasta le negaban a una persona de raza negra la condición de ser humano a menos que tuviera, por lo menos, un octavo de sangre blanca.

Relegar a comunidades por motivos raciales no es, obviamente, triste privilegio de Estados Unidos. En mayor o menor grado, existe en América Latina y en otras partes del mundo contra indígenas o personas de origen africano. Pero es especialmente repudiable, por su volumen y las injusticias y violencia que genera, que sobreviva en muchos sectores de la población de una potencia mundial que es paladín de la democracia liberal y de los derechos que conlleva. Barack Obama, su primer presidente afroamericano, sorprendió al declarar, después del sangriento ataque en Charleston, que la discriminación racial “es parte de nuestro ADN”. Como esta conformación celular es básicamente inmutable, Obama reconocía de hecho que la verdadera igualdad generalizada y la convivencia pacífica de todas las razas es una meta que no se avizora. Poco se logrará con la decisión de restringir el uso público de la bandera de la Confederación en la guerra de Secesión, que muchos ondean todavía como símbolo de la rebeldía de los estados sureños esclavistas. Al contrario, su retiro de edificios públicos y la prohibición de usarla en otros lugares puede alentar más acritud en esas partes del país en sectores de la población blanca.

Como si no bastara la intolerancia y el latente estado de protesta que demuestran los atentados, las muertes y los graves disturbios callejeros en varias ciudades de Estados Unidos en los últimos meses, el fácil acceso a las armas de fuego agrava las consecuencias de los estallidos raciales. La Constitución autoriza la tenencia de armas, derecho que la mayoría de la población defiende y que le permite a una persona comprar libremente desde una pistola hasta rifles de asalto y otras armas militares, aunque se trate de un perturbado como el asesino de Charleston. De todos modos, la incidencia de las armas en los conflictos raciales es solo la consecuencia de una discriminación que ha disminuido, especialmente desde el siglo pasado, pero que dista de desaparecer. Erradicarla es una meta que, como lo demuestran la historia y la reciente admisión de Obama, llevará mucho tiempo, tal vez siglos, alcanzar, para desesperanza de una nación cuya capacidad de amalgamar razas ha sido una de las fuentes de su poderío.