Mundo > Crisis en Perú
Dictan 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo
Si el Congreso peruano vota finalmente el proyecto de elecciones generales en diciembre del 2023, el destituido expresidente Pedro Castillo seguirá preso y tendrá todavía por delante 6 meses más de prisión preventiva. Se la extendió en la noche del jueves un juez supremo para que no se fugue ni pida asilo político.
Juan Carlos Checkley, el magistrado, accedió al pedido de la Fiscalía General, que lo incriminó por el delito de rebelión por su fallido decreto de disolución del Congreso, el miércoles. Es la misma fiscalía que en 16 meses de gestión le inició ocho procesos por supuesta corrupción, allanó su residencia oficial, y detuvo a familiares. También lo acusó de traición a la patria, finalmente desechada.
En ese mismo lapso, el Congreso le inició tres trámites de vacancia (remoción del cargo) acusándolo de inhabilidad moral” para gobernar. En el tercer intento Castillo dio el mal paso, decretó su disolución sin apoyo militar (como hizo Fujimpri) y ese mismo parlamento lo destituyó. Fue apresado por su propia custodia cuando intentaba refugiarse en la embajada de México.
Si el sistema político judicial peruano no se resquebraja por el clima de agitación publica ni cede a la presión internacional, Pedro Castillo, un maestro rural sin contacto con las élites pero votado en las urnas, podría terminar hasta 20 años en la cárcel.
Con perfecta sincronía el Congreso que lo destituyó comenzó analizar ayer una convocatoria a elecciones generales para diciembre del 2023.
Los representantes de los organismos electorales y el ministro de Justicia justificaron este jueves ante el pleno del Congreso la necesidad de cumplir un cronograma mínimo de 12 meses para convocar a un adelanto de elecciones generales.
El titular de Justicia, José Tello, dijo a los legisladores que si las elecciones se realizan en diciembre de 2023, "no se podrán hacer las reformas electorales" y defendió la propuesta inicial de Boluarte de realizarlas en abril del 2024. Pero cuando algunos legisladores conservadores pidieron respetar la fecha del 2026 para que Boluarte complete el mandato de Castillo, admitió que se debe "dar atención a lo que pide la ciudadanía".
Las manifestaciones y cortes de rutas en las zonas rurales andinas donde Castillo tiene su electorado piden precisamente el llamado inmediato a elecciones, la libertad de su líder y también el cierre del Congreso. Encuestas previas a la destitución del presidente indicaban que ese era un anhelo compartido por el 84% de los peruanos.
El número de muertos en las protestas en Perú subió el jueves a 10, con el fallecimiento de dos personas durante la toma del aeropuerto de Ayacucho, donde, además, se registraron decenas de heridos y grupos de manifestantes quemaron una fiscalía.
Un informe dio cuenta de 71 personas detenidas y 216 policías heridos como balance de las manifestaciones previas, pero quedó rápidamente desactualizado ante las nuevas protestas, ataques, bloqueos y ocupaciones de sedes de entidades públicas Anoche también seguían suspendidos los vuelos a y desde los aeropuertos de Arequipa y Cusco.
Respondiendo a la presión internacional, la Cancillería peruana llamó y a consulta a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, luego de la postura que asumieron esos países tras la destitución de Castillo.
“Hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en reacción a la intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las autoridades de los aludidos países", anunció la canciller Ana Cecilia Gervasi.
El miércoles de la semana pasada, horas después de que el Congreso decidiera la salida de Castillo del Palacio de Pizarro y tomara juramento a Dina Boluarte en su lugar, Colombia, Argentina, Bolivia y México se pronunciaron a favor del "respeto a la voluntad popular". También exhortaron a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
En un acto en Palacio Torre Tagle, sede de relaciones Exteriores de Perú, Gervasi lamentó que el comunicado de los cuatro países haya cuestionado una sucesión presidencial "realizada en estricto apego a la Constitución del Perú".
Frente al cuartel policial donde Castillo está detenido, seguidores del expresidente exigían su libertad durante la audiencia en la que se resolvió extender su prisión preventiva por año y medio.
La defensa del exmandatario argumenta que no se cometió delito de rebelión porque la ley indica que este delito implica un alzamiento en armas, lo que no ocurrió. Y señala que el cierre del Congreso no se llegó a consumar, por lo que no hay delito de rebelión.
El fiscal Alcides Chinchay argumentó que sí hubo delito de rebelión porque, aunque no se dio un alzamiento en armas, el expresidente ordenó a las Fuerzas Armadas que entren en acción y que si no lo hicieron, fue porque no obedecieron la orden.
Hace unos días, al referirse al caso Castillo, la Corte Suprema señaló que puede darse el delito de rebelión como tentativa, lo que refuerza la posición de la acusación fiscal.
