Dina Boluarte, la reemplazante de Pedro Castillo, podría terminar el mandato o anticipar la elección presidencial

El exmandatario, al igual que se proponía hacer ahora Castillo, intervino sobre varios organismos, como la Contraloría General, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, y dejó en suspenso los artículos de la Constitución sancionada en 1979 que chocaban contra la instauración de su gobierno de “emergencia”.

A diferencia de Castillo, Fujimori fue respaldado por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, y al igual que su antecesor, Castillo consideró al legislativo como un obstáculo para las leyes que, según su entender, eran necesarias para recuperar al país de la crisis social y economía. En ambos casos, el Congreso votó dos veces la vacancia presidencial por incapacidad moral. La OEA, en el caso de Fujimori, demoró sus decisiones y por omisión terminó casi avalando al Ejecutivo.

Hoy, como ocurrió en el caso de Fujimori, la decisión de Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia, carece de respaldo legal. Hasta aquí las similitudes y diferencias. ¿Qué se puede esperar de ahora en más?

Según los analistas, la Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como ocurrió durante la presidencia Martín Vizcarra en 2019.Así lo señala el Artículo 134°, donde se establece que el presidente está facultado para disolver el Congreso "si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros", cosa que no ha sucedido durante el ejercicio de Castillo.

En lo inmediato, la asunción de la vicepresidente Dina Boluarte, una abogada independiente de izquierda, da continuidad a lo establecido en la Constitución, sancionada durante el gobierno de Fujimori en 1993. El interrogante es si Boluarte finalizará el mandato de Castillo, que opera en 2026, o si convocará elecciones anticipadas, opción esta última que los observadores entienden como la más probable debido a que carece de apoyos amplios en el Congreso.

Por lo pronto, el consenso entre los juristas peruanos es que la determinación de Castillo carece de sustento legal, y el hecho que no se hayan producido las dos censuras le quita cualquier sustento teórico. De allí que los analistas entiendan que la resolución del problema institucional deberá tomar un cauce estrictamente político en un Congreso muy fragmentado en el que ninguno de los espacios políticos cuenta con mayoría.