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Protestas en Lima

Mundo > CRISIS EN PERU

Otra vez Lima fue centro de enfrentamientos entre manifestantes y policías

En el sur del país, volvió a cerrar el aeropuerto de Cusco, centro del turismo internacional, ante el anuncio de nuevas manifestaciones

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25 de enero de 2023 a las 11:31

Lima vivió una nueva jornada de violencia en el sexto día consecutivo de protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en la capital peruana.

Los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes convirtieron el casco histórico de la ciudad en un campo de batalla donde volaron piedras y perdigones en medio de una nube de gases lacrimógenos.

En la capital, 6.500 efectivos policiales fueron desplegados sólo para las marchas céntricas, mientras que un total de 14.000 cubrió toda el área metropolitana de Lima.

Las movilizaciones tuvieron como punto de concentración la plaza Dos de Mayo, donde se encuentra la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), una de las organizaciones convocantes.

Entre las personas heridas con perdigones hubo dos reporteros gráficos de medios internacionales, uno de ellos de la Agencia France Presse (AFP), que recibió un impacto en una pierna.

La Gran Marcha Nacional había sido convocadas por grupos sindicales, campesinos y estudiantiles universitarios, pero tras un inicio pacífico ingresaron manifestantes encapuchados y con escudos caseros, y la situación se desmadró.

"Nosotros, todo el pueblo peruano, no vamos a dar tregua. No tenemos nada que hablar con la señora (Dina) Boluarte. La señora sabe muy bien: lo único que quiere el pueblo es que renuncie y que haya nuevas elecciones", dijo a la agencia AFP Carlos Avedano, un campesino de 35 años, que llegó a Lima desde Andahuaylas, una ciudad a 754 km al sureste de la capital.

En Cusco, la ciudad inca más turística de Perú, se cerró el aeropuerto una vez más "en salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas", informó el Ministerio de Transporte.

En un pueblo de la región de Puno, 1350 km al sur de Lima y donde se han producido las protestas más violentas con un saldo 18 muertes a principios de enero, un contingente militar marchó por la calle principal, cantando arengas en defensa de la patria.

En la región Ica, 300 km al sur de Lima, ocho suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos en un ataque al margen de una multitudinaria manifestación para bloquear un tramo de la carretera Panamericana Sur, informó el Ministerio de Interior.

A primera hora de la tarde, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportó 85 tramos de rutas bloqueados ubicados en nueve regiones.

En Arequipa los transportistas le pidieron al Gobierno resolver la crisis en 48 horas bajo amenaza de abandonar sus tareas.

En Puno la Policía está acantonada en el aeropuerto de Juliaca, el lugar de la mayor masacre desde que empezaron las protestas-, donde otra vez hoy se cruzaron agentes y manifestantes.

Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo, el 7 de diciembre, cuando el gobernante intentó disolver el Parlamento, controlado por la derecha. Tras una tregua por las fiestas de fin de año se reanudaron el 4 de enero, enfocadas en la renuncia de Boluarte, la convocatoria a elecciones generales y el cierre del Congreso.

Como rebote de la irrupción de la policía nacional en el campus de la Universidad Mayor de San Marcos, ocurrida el sábado, la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero. Durante el episodio, tendiente a disolver los grupos llegados del interior del país para las marchas, hubo 200 detenidos, en su enorme mayoría ya liberados.

En su conferencia de prensa ofrecida el martes, Boluarte aceptó que quizás la forma de ese operativo "no fue la adecuada". A las demandas se sumó el pedido de alejamiento de la rectora de esa casa de estudios.

La densidad de las protestas ignoran los llamados a una “tregua” lanzados por la presidenta Boluarte, que propuso un diálogo para resolver las demandas.

Los ministerios de Interior y de Defensa emitieron un comunicado conjunto para rechazar los ataques a 13 dependencias policiales y 14 sedes judiciales, muchas de ellas incendiadas, aunque el texto no especifica en qué lapso fueron esos hechos.

"Consideramos inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden", afirma el texto.

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