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Dina Boluarte negó que haya habido “ejecuciones extrajudiciales” durante las protestas en su contra
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó que durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país durante los últimos meses se produjeran "ejecuciones extrajudiciales" y una "masacre", como denunció el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas", indicó la presidenta junto al gabinete ministerial.
En su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú, la CIDH afirmó que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe y la posterior destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo "estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza".
Asimismo, denuncia que en la ciudad andina de Ayacucho hubo casos de "ejecuciones extrajudiciales" que "habrían resultado en graves violaciones de Derechos Humanos".
La CIDH centró su informe en la represión entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, y concretamente en la ciudad de Ayacucho, donde ocho personas fueron asesinadas y 26 heridas por herida de bala mientras intentaban tomar el aeropuerto local, en medio de una de las protestas más fuertes registradas en esta nación.
El informe se basó en videos grabados por testigos. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes de la zona que exigían la renuncia de Boluarte y el llamado a elecciones.
En total hubo 60 muertos y miles de heridos, en su totalidad civiles por herida de bala, a excepción de un policía quemado en su patrullero y un grupo de uniformados que se ahogó en un río.
Boluarte aseguró que las muertes ocurridas en las protestas se están investigando en los organismos judiciales correspondientes y que es "importante" que estas pesquisas avancen con celeridad para encontrar responsabilidades.
Al mismo tiempo, defendió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú (PNP), de las que dijo que "siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad".
"El informe general usa siempre condicionales, los de la Comisión estuvieron dos días, primero, y tres días, después. En cinco días no creo que hayan podido llegar a conclusiones, por eso hablan en condicional", dijo en relación a las visitas al país que dicha institución realizó en diciembre y en enero pasados.
A su vez, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, destacó que "el informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado". También estimó “desproporcionado” el señalamiento del informe al cabo de dos breves visitas al país.
Boluarte negó también que haya existido racismo durante la represión de las protestas, como indica el informe, y afirmó que en su gobierno "no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole".
El desprecio por los manifestantes de las zonas rurales con fuerte presencia de comunidades indígenas campesinas no sólo fue denunciado por organizaciones de Derechos Humanos y por la prensa internacional que cubrió los hechos sino por la estatal Comisión de Derechos.
"Desde que asumimos el gobierno, no hubo ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Siempre llamamos a la unidad, a la paz, al diálogo", añadió Boluarte.
Una apuesta más radical es la que esgrime la fuerte bancada seguidora de la derechista Keiko Fujimori en el Congreso: recomendaron “olvidarse” del informe y retirar los fondos que aporta Perú a la CIDH.
