"Si en algo nos hemos equivocado en encontrar la paz y la calma, pido perdón al pueblo peruano", declaró la presidenta peruana Dina Boluarte en un imprevisto mensaje televisivo a la nación. Pero con igual o mayor énfasis aseguró que “no voy a renunciar” al cargo que asumió el 7 de diciembre último.
La mandataria, que era vicepresidenta de depuesto Pedro Castillo, rompió el silencio al cabo de una semana en que la represión dejo otros 21 muertos entre los manifestantes que piden su renuncia y el adelantamiento del calendario electoral, previsto recién para abril del 2024.
"No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con este grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria", expresó luego de afirmar que “no quiero quedarme en el poder” y que seguirá "promoviendo el diálogo de la paz".
Desde que asumió y decretó el estado de emergencia, que habilitó sacar a los militares a la calle en respaldo de la policía, las víctimas suman 40 manifestantes muertos, un policía y ocho victimas en accidentes producto de los cortes de rutas.
El jueves renunció el ministro de Trabajo, Eduardo García, quien en un impactante texto le pidió “un pronunciamiento que exprese el dolor” por tantas muertes y finalmente la propia renuncia de la mandataria ya que la crisis no permite prolongar un año más la elección de nuevas autoridades.
García también tomó distancia del enfoque represivo de las demandas sociales y propuso un diálogo que acepte los argumentos de los sectores involucrados en las protestas, mayoritariamente en la zona andina del sur del Perú.
El funcionario saliente contrastó con el jefe de gabinete Alberto Otárola, quien defendió el accionar de las fuerzas militares y policiales calificó de “delincuenciales” a las protestas.
Según datos oficiales, las manifestaciones que se suceden después del parate navideño abarcan a 10 de los 25 departamentos del país, como más de un millar de cortes de rutas, incluyendo tramos de la Panamericana.
Boluarte aseguró que "el país merece conocer la verdad con objetividad y celeridad" sobre las muertes registradas en las protestas ciudadanas y saludó las investigaciones abiertas por el Ministerio Público para "individualizar a los responsables".
Pidió, sin embargo, "que se investigue todo" en alusión a los supuestos "azuzadores e infiltrados extranjeros" que -a su parecer- son "responsables de los actos violentos".
A comienzos de semana, el gobierno peruano prohibió el ingreso al país del ex presidente boliviano Evo Morales, de gran ascendiente en la región aymara de Puno, donde se registró la masacre de 17 civiles en inmediaciones del aeropuerto Juliaca.
Las autoridades peruanas acusaron a Morales de intentar una secesión del sur peruano para incorporarlo a Bolivia.
Tras expresar su pesar por las muertes, la mandataria hizo un llamado a abandonar la violencia, pese a reconocer que detrás de las protestas también hay un "reclamo justo" de la ciudadanía que expresa su "descontento por demandas insatisfechas" y relegadas durante décadas. "Hay que atender de manera inmediata estas demandas", aseveró.
Pese a ello adjudicó la crisis política a que “recibimos un país polarizado, enfrentado, donde existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos con claros intereses subalternos", dijo.
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