Discuten quién debe investigar los acosos cometidos por jerarcas

En el gobierno comenzó a delinearse la idea para que los casos de acoso sexual que involucren a jerarcas de la administración pública sean investigados por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y no por el Ministerio de Trabajo, como ocurre hoy. Se busca que las investigaciones ofrezcan mayores garantías y, por lo tanto, que las realice un organismo independiente no sujeto al Poder Ejecutivo. Formalmente la Institución es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo.

La propuesta que se analiza entre la Inddhh y el Ministerio de Trabajo –encargado hoy de recibir las denuncias de acoso laboral y sexual– se conoce en momentos en que la Justicia penal tramita una denuncia de acoso sexual contra el exsubsecretario de Educación, Óscar Gómez.

Actualmente ese tipo de denuncias se presentan ante la Justicia o en el Ministerio de Trabajo.

En el caso del ministerio, las tramita la Inspección General del Trabajo, que dirige Gerardo Rey.

Las denuncias por acoso moral presentadas este año en el MTSS hasta junio fueron 83. En 2014 fueron 285 y en el año 2013, 327

Las dudas acerca de la eficacia de las investigaciones surgieron específicamente para los casos donde se involucra a la cúpula de la administración estatal, por ejemplo cuando se trata de ministros, o subsecretarios. En esos casos, –excepto cuando actúa la Justicia– los funcionarios a investigar están administrativamente por encima de la oficina que deberá averiguar si hubo o no acoso. Es decir, en el esquema actual, un inspector subalterno del Ministerio de Trabajo debe investigar a un jefe político.

Juan Faroppa, presidente de la Inddhh, comentó a El Observador que el tema aún no está definido pero se trabaja en esa dirección.

De hecho, el jueves hubo una reunión de técnicos del Ministerio de Trabajo y de la Inddhh "para decidir criterios comunes en acoso sexual para ambos organismos", dijo Faroppa. También se definirán procedimientos de actuación, considerando que la Institución de Derechos Humanos no tiene hoy capacidad para hacer inspecciones. En todo caso, si hoy la institución recibe una denuncia de ese tipo "la toma", aclaró Faroppa.

Las denuncias por acoso sexual presentadas desde enero a junio de 2015 fueron 25. La mayoría (22) las presentaron mujeres. El año pasado las denuncias fueron 60; en 2013, 86 y en 2012, 64, según datos oficiales

En materia legal, el país cuenta con una ley que sanciona el acoso sexual pero no hay ley para el acoso laboral.

Sobre ese punto está trabajando la senadora Carol Aviaga (Partido Nacional) buscando unificar los puntos de vista de las partes involucradas, explicó a El Observador.

La semana pasada, la senadora se reunió con los presidentes de la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, para conocer los protocolos que utilizan las empresas. En la administración pública, también hay protocolos para casos de acoso, una conducta que es difícil de probar. Aviaga organizó además un seminario donde participaron sicólogos, la Universidad de la República y sindicalistas.

En tanto, el diputado blanco Pablo Abdala presentó un proyecto de ley.

Gerardo Rey, inspector general de Trabajo, comentó a El Observador que las denuncias por acoso sexual "saltaron en la estadística" a partir de la aprobación de la ley en el año 2007. También se comprobó que hubo denuncias que luego fueron descartadas porque no configuran acoso, que debe ser "sostenido en el tiempo, frecuente y discriminatorio", dijo.

La psicóloga Silvana Giachero, especialista en recursos humanos, afirmó el jueves en Metrópolis FM que el acoso laboral, ya en 2011 según la Organización Internacional del Trabajo, era el mayor factor de riesgo psicosocial, "el que más enferma al trabajador", y "hay una tendencia al aumento a nivel mundial".

"Los victimarios tienen un perfil psicopatológico, manipulan, son depredadores, y no es una cuestión de género", dijo. Giachero comentó que muchas veces son mujeres las que acosan a otras mujeres. "El acoso que más se da es de arriba hacia abajo", o sea de un jefe a un subalterno. Pero "en Uruguay también estoy viendo que cada vez más hay más casos en el área de la educación y salud, donde el acoso es de abajo hacia arriba", explicó.

Rey señaló que el ministerio recibe en total 4.000 denuncias por año, de las cuales 80 corresponden a acoso sexual. Los registros muestran que desde 2012 a la fecha más del 90% de las denuncias de acoso sexual provienen del ámbito privado. "El acoso está relacionado con situaciones de poder", afirmó Rey.

Proyecto de Abdala propone medidas preventivas

El diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) presentó un proyecto de ley sobre acoso laboral donde propone "ampliar las potestades" de la Inspección General del Trabajo. El texto, que según dijo Abdala a El Observador viene a cubrir "un vacío legal", habilitará que en el proceso de la investigación, ante "una denuncia fundada", se puedan tomar medidas preventivas, como ser separar de la sección al trabajador víctima de acoso a los efectos de protegerlo. Eso lo definirán los inspectores del Ministerio de Trabajo, en acuerdo o no, con los empleadores.

El texto, en el que trabajó un equipo de profesionales encabezado por Soledad de Franco, prevé que cuando se compruebe el acoso se configure una "mala conducta", donde el acosador puede ser despedido sin recibir indemnización. Lo mismo ocurrirá para los casos de denuncias falsas, donde la mala conducta será del denunciante. El proyecto establece sanciones que van desde el apercibiminento al cobro de multas de hasta 1.000 unidades reajustables (hoy son unos $ 811 mil). Las empresas deberán tener códigos de conducta y protocolos para casos de acoso laboral.