Que el vertedero de Felipe Cardoso no puede seguir engordando, y que hay que enlentecer la trepa de montañas de basura, nadie lo debate.
Como alternativa, una fracción de los descartes de Montevideo empezará a retenerse en otros puntos de la ciudad. Uno de ellos ya está en obras, y se ubica a los pies del Cementerio del Buceo, sobre Tomás Basáñez, con frente a la rambla y vista hacia uno de los muelles del puerto.
Ese rincón coronado por los nuevos nichos de la necrópolis va camino a erigirse en un "ecocentro", una de las varias apuestas de la Intendencia de Montevideo (IM) por achicar los descartes. La construcción a cargo de Sarlux SA. se inició a fines de agosto y tiene presupuestados unos US$ 464.375. Es una de las últimas intervenciones del Fondo Capital, la herramienta financiera con la que el exintendente Daniel Martínez impulsó un "shock de infraestructura".
Su ensamblaje no escapa, sin embargo, al mismo cuestionamiento que sus dos antecedentes más directos: los vecinos están en contra.
La Comisión Pro Fomento del Puerto del Buceo –asociación civil que nuclea a unas 60 familias del entorno– aprobó por unanimidad en asamblea su rechazo al proyecto, preocupados por la ubicación del nuevo dispositivo.
En cuestión de unos meses los vecinos tuvieron reuniones con el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi y la alcaldesa Matilde Antía; iniciaron expedientes ante la Junta Departamental, la IM, el Ministerio de Ambiente, el Municipio CH y la Comisión de Patrimonio –por estar situado en el entorno de la rambla, declarada Monumento Histórico Nacional–; y hasta averiguaron presupuestos para una defensa legal –aunque finalmente la descartaron–.
"Ante nuestros planteos la obra ha continuado", dijo a El Observador el presidente de la comisión, Javier Vázquez, quien cuestionó la instalación inconsulta de la construcción. "No queremos que se siga con las obras, o que por los hechos consumados se termine acá cuando hicimos todos los planteos en tiempo y forma", argumentó.
Bajo la sombra de la explanada del edificio lindero, los vecinos se juntaron con Moncecchi y Antía el pasado 27 de setiembre para discutir sobre los planes en curso. "Nos dijeron que a lo sumo podían acceder a formar una comisión de seguimiento. El tema es que eso parte de la base de que se va a construir y nosotros pretendemos que no se haga ahí", afirmó Vázquez, quien aclaró su rechazo a la ubicación pero no al proyecto en sí mismo.
En esa zona confluyen en pocos metros el área residencial, el Liceo Francés, el Museo del Arma de Ingenieros, el local de la Asociación Coordinadora y Reivindicadora del Impedido en el Uruguay (Acridu) y el gran espacio verde de la Aduana de Oribe. Los vecinos temen que las calles de trazado angosto no vayan a poder soportar el incremento vehicular asociado a un punto de acopio de residuos.
Consultado por El Observador, Moncecchi explicó: "La idea es que llegues caminando o en auto, por lo que no hay tránsito de camiones salvo un par de veces al día que van y levantan lo que está". "De verdad pensamos que va a ser una mejora para la zona", defendió el director de la IM y exministro de Industria, quien enumeró intervenciones de iluminación y de instalación de cámaras de seguridad en el entorno.
"Es un lugar de recepción temporal de materiales. No digo residuos, porque todo lo que va ahí es recuperable. No hay material orgánico salvo poda, por lo cual no va a haber olores. El lugar va a estar cerrado y va a funcionar todos los días durante un horario largo", detalló.
Antía, alcalde nacionalista, dijo que "la obra empezó y no se les avisó, entonces hay enojo en los vecinos". "No se puede parar la obra, pero sí que se tengan aportes de los vecinos", añadió en diálogo con El Observador.
Un cartel colgado sobre el cerramiento de la obra anticipa un establecimiento cerrado al que se va a entrar y salir por Tomás Basáñez. En una parte va a haber un estacionamiento libre, donde un funcionario va a orientar sobre dónde depositar en base a qué tipo de material se lleve. Moncecchi adelantó que la intendencia está evaluando los modelos de gestión del sitio, y que una de las opciones sobre la mesa es contratar a una cooperativa que se encargue.
Según supo El Observador, una primera locación definida por la comuna para instalar el ecocentro había sido el Parque Batlle. Cuando eso no prosperó, se sopesó la posibilidad de trasladarlo al Parque Hansen, sobre Rivera y Batlle y Ordóñez. Al final quedó al pie del cementerio, aunque la bancada blanca –mayoritaria– del Municipio CH expresó en aquel entonces –diciembre del 2020– su discrepancia con la ubicación.
Ese mismo sitio fue objeto de una trama judicial años atrás cuando en 2016 el Tribunal de Apelaciones condenó a que la Intendencia de Montevideo pagara US$ 150 mil a los vecinos, luego de que la comisión presentara una demanda por la multiplicación de la llamada "fauna cadavérica" a raíz de la construcción de nuevos nichos en el cementerio en 2008. Los vecinos temen que esa situación se agrave con el ecocentro, pero el jerarca de la IM lo descarta.
"Acá no hay nada orgánico", zanjó Moncecchi. El dispositivo albergará desde electrodomésticos hasta escombros de pequeñas obras, ropa, aceite viejo, pilas, entre otros, todos ellos provenientes de hogares.
Los primeros amagues de montar un ecocentro en Camino Carrasco y Saldún de Rodríguez (Carrasco Norte) enfrentaron a la intendencia entonces comandada por Christian Di Candia con los vecinos de un complejo lindero, así como también con el municipio blanco que denunció un "atropello al tercer nivel de gobierno".
Pese al reclamo vecinal, el ex secretario general Fernando Nopitsch había afirmado que la intervención no precisaba autorización ambiental del Ministerio de Ambiente. El mismo cuestionamiento vuelve a estar sobre la mesa en Buceo, ante lo que Moncecchi contestó: "No necesitás informe ambiental porque no es un sitio de disposición final; vos recogés temporalmente material".
Ese ecocentro en el Municipio E se descartó en la administración de Carolina Cosse. El del Municipio C, a situarse sobre el Parque del Prado, sigue su curso no sin estar exento de molestias de vecinos y el propio Club Bella Vista, que por años tuvo la concesión del predio sobre el que hoy se montará la estructura.
La actual gestión busca ahora replicar el modelo en todos los municipios. Se trata de uno de los componentes de préstamo por US$ 70 millones del BID, en pleno tire y afloje político entre blancos y colorados.
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