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Ecocentro en Carrasco Norte: vecinos reclaman estudio ambiental pero en IMM dicen que no es necesario
Los vecinos del complejo Altos de Carrasco -a la altura de Saldún de Rodríguez y Camino Carrasco- recurrieron a la Justicia para acceder a una solicitud de acceso a la información pública que pidieron a la Intendencia de Montevideo (IMM) y que la administración no respondió según los plazos legales. Los solicitantes querían saber sobre qué se basa la comuna para construir un ecocentro en un predio contiguo a sus casas y advirtieron que en el proceso conocieron que el gobierno capitalino no tiene elaborado un estudio de impacto ambiental lo que, según aseguran, "el día de mañana sería un buen punto si se hace una demanda".
Así lo evaluó Julián Valdés, presidente del complejo Altos de Carrasco y uno de los solicitantes de la información junto a Verónica Rodríguez. Los vecinos se oponen a la construcción del ecocentro, una de las obras previstas en materia de gestión de residuos en el Fondo Capital. Junto a otros proyectos, la IMM pretende montar tres instalaciones en los municipios C, CH y E a un costo de unos U$S 2 millones (cotización actual) con el fin de clasificar desechos y reducir la cantidad de basura que ingresa a diario al vertedero Felipe Cardoso.
“Es toda una cuestión medio idílica que es insostenible en el tiempo, y cuando no se sostiene en el tiempo, queda un basural, y de eso no se vuelve”, había dicho Valdés a El Observador, quien además dijo que las 40 familias del complejo no se hubieron mudado al mismo lugar de saber que tan cerca de su casa tendrían un centro con estas características.
Valdés y Rodríguez solicitaron el 4 de setiembre a la IMM el "acceso a los antecedentes administrativos que justifiquen la puesta en marcha del proyecto del ecocentro del Municipio E". La ley de Acceso a la Información pública prevé que los organismos del Estado deben contestar -por sí o por no- dichas solicitudes en un plazo de 20 días hábiles, pudiendo prorrogar por otra veintena en caso de acceder al requerimiento, previa notificación quien solicita.
Cuando al cabo de 20 días no hubo respuesta y la comuna no hizo ninguna notificacdión, Rodríguez y Valdés llevaron el tema a la Justicia. Representados por los abogados Francisco Algorta y Facundo Briz interpusieron la acción de Habeas Data ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno el 16 de octubre. "Básicamente es lo mismo pero ya es más fuerte porque se lo presenta ante un tribunal en el que un juez los intima a dar la información", explicó Algorta a El Observador.
Los vecinos buscaron mediante esa intimación tener dos informaciones: una resolución revocatoria de la decisión tomada por el entonces intendente Daniel Martínez en octubre de 2018 de no proceder con las construcción del ecopunto en ese sitio, y algún informe de impacto ambiental sobre el que la comuna sustente sus intenciones.
La primera consiste en una marcha atrás dada por el exjerarca socialista, que en 2017 había aprobado la asignación del espacio para montar la planta en Carrasco Norte, pero ante los reclamos de los vecinos canalizados a través del Municipio E, dio marcha atrás y firmó en octubre de 2018 –más de 10 meses después– una resolución que dejaba sin efecto la anterior. Rodríguez y Valdés querían conocer sobre qué nueva determinación se basaba la comuna para retomar las acciones en el predio de Saldún de Rodríguez y Camino Carrasco, hoy usado en comodato por una barraca.
A mediados de agosto el secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, había argumentado que la comuna no precisa una resolución para actuar sobre un terreno que, al no tener padrón asociado, es un espacio público.
En cuanto a lo segundo, el gobierno capitalino no tiene un informe de esas características. En el juzgado la IMM presentó un expediente sobre la intimación al desalojo de la barraca que hoy ocupa en comodato el terreno. "Les preguntamos por A y nos responden por B", reclamó Julián Valdés a El Observador.
Es por esto que el pasado 3 de noviembre el juez determinó que "no existe reticencia a entregar documentos o informaciones" por parte de la comuna, "sino que estas no existen", según consta en el documento judicial al que accedió El Observador. Fuentes de la IMM señalaron que no hay ningún requisito que demande un estudio de impacto ambiental para esta iniciativa.
El abogado Algorta entiende que hay dos caminos que sus clientes podrían tomar: por un lado recurrir las resoluciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o por otro hacer una demanda basada en los intereses de la comunidad.
Desde el Municipio E entienden que la postura de la comuna es un "atropello al tercer nivel de gobierno", según dijo el alcalde Agustín Lescano a El Observador. El dirigente del Partido Nacional expuso que se han puesto en contacto con el Ministerio de Ambiente para ver la posibilidad de que se elabore un informe sobre el impacto del Ecocentro, así como también con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para "ver si es adecuado".
Lescano aclaró que "desde el día uno el municipio está en contra de la ubicación pero no del concepto" del proyecto de la comuna a través del Fondo Capital. Dos meses atrás la obra estaba en la etapa de publicación de los pliegos de condiciones. El alcalde expuso que están a la espera de la adjudicación para evaluar qué acciones tomar. Una de ellas podría ser una acción de amparo por los daños y perjuicios que su instalación podría causar a los vecinos, planteó.
La comuna finalmente contestó el pedido de acceso a la información pública de Rodríguez y Valdés el pasado 5 de noviembre, habiendo transcurrido 44 días hábiles desde la solicitud y cuando el proceso judicial ya había tenido su curso. Respecto a la demora las fuentes oficiales destacaron que "en general" se responde a tiempo, aunque la emergencia sanitaria puede haber ocasionado los retrasos.
