Los dos países implicados aseguran que buscan el diálogo pero no avanzan en esa línea
El gobierno encabezado por David Cameron mantiene a sus agentes de policía frente a la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugia Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que es reclamado por la justicia sueca pero que recibió asilo político por parte del país latinoamericano.
Los oficiales podrían arrestar al hacker cuando este pise la calle –algo que Assange no hará– o ingresar a la embajada y arrestarlo, algo que el canciller británico William Haugue dijo que no sucederá.
Porque la monarquía parlamentaria no quiere que sean los policías los que solucionen la disyuntiva legal, sino que busca que lo hagan los diplomáticos, según declaró ayer el vocero del primer ministro a la salida de la reunión de líderes del gobierno.
Mientras reiteró que su país no le otorgará un salvoconducto al australiano y que bajo su ley están obligados a extraditarlo a Suecia, el portavoz agregó que seguirán “dialogando con el gobierno ecuatoriano y con otros para lograr una solución diplomática”. El argumento de los británicos es su compromiso con el otro país europeo para entregar a Assange, requerido por dos denuncias de acoso sexual.
Del otro lado del océano, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño también se mostró tendiente a “continuar con un trabajo de diálogo” diplomático, según dijo al canal televisivo Gama. El ministro dijo que priorizaba este camino porque uno legal –acudir a la Corte Internacional de La Haya– “toma mucho tiempo”, según transcribió el diario El Comercio.
Habrá que ver si estos dos países logran efectivamente hablar, porque por más que sus representantes se muestran dispuestos, el panorama no es tan luminoso.
Para empezar, Ecuador exige que Gran Bretaña retire la amenaza de asaltar su embajada, algo que ya el jueves el canciller británico negó rotundamente.
Y el Foreign Office, por su parte, tampoco se ha ablandado en su discurso. Ayer el vocero de Cameron reivindicó la carta que la semana pasada le enviaron a los diplomáticos ecuatorianos, donde les advirtieron que el estatus de la sede podría ser revocado. Esto se haría bajo el amparo del Acta de Permisos Consulares y Diplomáticos de 1987 y solo si Ecuador “deja de usar la tierra para los objetivos de la misión o exclusivamente como oficina consular”.
El vocero británico explicó, según transcribió ayer The Guardian, que “lo único” que procuraron con esa misiva fue “aclarar las posiciones”. “Simplemente, aclaramos la posición legal, nada más. Seguiremos hablando con los ecuatorianos para intentar encontrar una salida”, agregó.
Asilo empantanado
Tanto Suecia como Gran Bretaña han criticado el asilo garantizado por Ecuador. Aunque por estas latitudes a algunos no les cierre, no hay que dejar de lado que la concesión de esta calidad se funda en que en determinado país no hay garantías constitucionales y por eso se requiere el amparo de otro. O sea que, de aceptar la figura, Gan Bretaña o Suecia estarían consintiendo que su país viola los derechos procesales.
Asimismo, la figura del asilo no es tan común en Europa como en América. De hecho, todavía no se ha alcanzado un protocolo común europeo al respecto, algo que se está buscando desde el Consejo Europeo de Tampere, en 1999.
Por otra parte, el asilo se originó en los países de Iberoamérica y Haití y rige entre las naciones que celebraron tratados bilaterales o multilaterales, no así con otros territorios. De aquí que el excatedrático uruguayo de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República (UDELAR), Heber Arbuet-Vignali, califique la situación como “empantanada”.
En un estudio del caso para el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), Arbuet-Vignali consideró que el “empantanamiento” se debe a que el Reino Unido debe respetar la inviolabilidad de los locales diplomáticos y no puede arrestar al requerido, mientras que Ecuador no tiene derecho a exigir un salvoconducto y no puede sacarlo de la sede diplomática.
“En esta disyuntiva, mientras Assange esté en la embajada está seguro, pero si sale de ella no tiene ningún amparo y podrá ser aprehendido y extraditado a Suecia”, consideró.
A juicio del experto, “en los hechos, el amparo se transformaría en una condena perpetua o por lo menos muy extendida”.
Más cuestionamientos
De todas formas, el abogado cuestionó la concesión de asilo por parte de Ecuador debido a que esta figura se concede “por motivos políticos, por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos”. Arbuet-Vignali aclaró en su escrito que “no existe el derecho de Ecuador a calificar los delitos aducidos para reclamar el asilo”, pese a que el texto fue redactado días antes de que el gobierno de Rafael Correa ratificara su apoyo al fundador de WikiLeaks.
Pero además, este experto y autoridad en la materia se sumó a los cuestionamientos que han surgido al pedido de extradición hecho por Suecia. La figura legal se suele aplicar cuando alguien es requerido por delitos políticos, militares, financieros o muy vinculados a la cultura local, ninguno de los cuales parece aplicarse al caso de Assange, que, asimismo, ni siquiera es británico o sueco.
A decir de Arbuet-Vignali, “resulta claro que, en el caso, no concurre ninguna de las causas que normalmente pueden obstar a la extradición”.
Amenaza de Chávez
El presidente venezolano, Hugo Chávez, advirtió que si Gran Bretaña entra a la embajada de Ecuador “tendría respuestas muy contundentes”, “muy fuertes y muy firmes”.