El ajuste de tarifas y una discusión que se repite todos los años

Este intercambio, que ya se había generado cuando el anterior gobierno decidió no ajustar las tarifas en enero y se repite año tras años, vuelve a poner sobre la mesa la discusión respecto a cuál es el papel de las empresas públicas y cómo deben ajustar sus tarifas. 

Durante los gobiernos del Frente Amplio quedó claro que el ajuste o no de esas cuentas era una decisión de carácter netamente político. En distintas intervenciones Astori aseguró que las empresas públicas “juegan un papel en la política económica en un sentido amplio" y defendió su rol como un instrumento más de la política macroeconómica. En los 15 años del FA hubo casos donde las tarifas públicas sirvieron para amortiguar una suba de la inflación y otras donde se pidió aportes extraordinarios a Rentas Generales a los entes con mayores utilidades, UTE y Antel, cuando la coyuntura fiscal fue apremiante. 

Del otro lado, el Partido Nacional criticó una y otra vez desde la oposición los aumentos de tarifas decretados por los gobiernos del Frente Amplio, llegándolos a calificar de “tarifazo”. Una de las primeras decisiones que tomará como gobierno será elevar las tarifas. Las nuevas autoridades argumentan que los costos subieron desde el último ajuste registrado hace más de un año y no fueron trasladados a tarifas. 

Pero esta discusión es cuestionada por analistas independientes que creen las tarifas deben ser fijadas por los organismos reguladores de forma independiente. “Se requiere desacoplar el retorno de las empresas al del desempeño fiscal del Estado, de forma de dar previsibilidad a la gestión”, dice el documento presentado por diversos expertos durante la campaña electoral. 

Ese mismo documento asegura que el precio de los bienes y servicios producidos por las empresas en mercados regulados debe ser establecido por el regulador sectorial de forma de evitar que “se trasladen al consumidor ineficiencias e inversiones sin la debida evaluación”. Además, reclaman el fortalecimiento de la gestión y las capacidades técnicas de estos organismos. 

El economista socio de Exante y uno de los firmantes del documento, Pablo Roselli, dijo en enero de este año que “mientras el Poder Ejecutivo siga fijando las tarifas de forma discrecional” no habrá “empresas más eficientes” ni “precios razonables”. Y, al mismo tiempo, aseguró que esta discusión volverá cada enero cuando se ajusten las tarifas. 

“Las direcciones de las empresas públicas deben estar enteramente abocadas a logar esas mejoras de eficiencia”, dijo en diálogo con En Perspectiva. 

Los cambios que no cambian

El borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que presentó el gobierno a mediados de enero plantea algunos cambios para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y para la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) con el objetivo de jerarquizarlos. Sin embargo, también plantea otros cambios que permiten que las unidades reguladoras las dirijan políticos con intenciones de hacer carrera. 

Además de transformarlos en servicios descentralizados, lo que les da mayor independencia, el borrador plantea que los reguladores deben “examinar en forma permanente las tarifas y precios correspondientes a los servicios comprendidos dentro de su competencia, formulando las determinaciones técnicas y recomendaciones que entienda del caso”. 

Si bien hoy los organismo reguladores tienen funciones parecidas, durante los gobiernos del Frente Amplio no han sido tenido en cuenta para la fijación de tarifas. De hecho, durante la administración de José Mujica (2010-2015) tanto la Ursea como la Ursec perdieron pie como organismos reguladores y de controlar sobre los precios que fijan los entes públicos, quedando relegadas a un papel netamente testimonial y sin injerencia frente al Ejecutivo para determinar las mismas. 

Por otro lado, el borrador de la LUC también reduce el período de gestión de estos organismos de seis a cinco años, alineándolo con el ciclo político, y elimina la restricción actual que tienen estos jerarcas de no poder presentarse a un cargo electivo hasta pasados los cinco años de dejado el cargo.

“Cambiaron todo para dejar todo como estaba”, había dicho en diálogo con El Observador el investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar  y asesor del Partido Independiente, Leandro Zipitría. Además, apuntó que “no importa” lo que pongas dentro si quien dirige es un político. “En los hechos yo creo que no vamos a observar un cambio”.