Las tarifas de UTE tendrán un ajuste promedio de 3,5% que estará vigente desde el próximo 1° de enero. La corrección se sitúa sobre casi la mitad de la inflación proyectada por el equipo económico para 2023 que se ubica en alrededor de 6,7%.
Esta propuesta remitida al Poder Ejecutivo fue aprobada el martes por mayoría en el Directorio del ente.
El director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, afirmó que con el incremento votado la empresa “aporta al bienestar de los usuarios reduciendo en términos reales la carga sobre el presupuesto familiar por tercer año consecutivo”, y también “a la competitividad empresarial con menores costos” a los que implicaría un ajuste por la totalidad del IPC proyectado para el año próximo.
También sostuvo que es “un claro aporte desde los costos a la reducción gradual de la inflación en curso".
La propuesta inicial que habían presentado los equipos técnicos de la empresa era superior y apuntaba a una corrección promedio de 5,07% basada en tres fundamentos principales:
Una proyección de tipo por encima de $ 45 para el final de 2023, “muy por encima” de las estimaciones privadas. Según explicó Pées Boz, la aplicación del valor sugerido implicaba una proyección de incremento promedio de casi 2,5 %, el que ponderado por el peso de dicha variable en la estructura de costos de UTE – algo más del 40 %– representaba por sí solo un requerimiento de más de 1 % como ajuste a las tarifas.
Esto “revestía una elevada incertidumbre sobre su concreción y consecuente necesidad de incorporación al ajuste inmediato”, argumentó el jerarca en su fundamentación de voto a la que accedió El Observador.
En tanto, la inflación proyectada de 6,75% impacta en casi un tercio de los factores de costos de UTE una vez ponderado en la paramétrica. Eso implicaba la necesidad de adicionar algo más de 2% en la propuesta de ajuste.
Finalmente un tercer componente era el incremento salarial proyectado de 9,5% a partir de 2023, que ponderado por el impacto en los costos –aproximadamente 20%– explicaba la adición de un 2% adicional al tarifario promedio.
Según argumentó Pées Boz, el incremento técnicamente calculado de 5,07 % si bien recogía el peso de las variables consideradas, no incorporaba potenciales resultados de la propia gestión.
Entre ellos, las posibles negociaciones con generadores eólicos oportunamente convocados para reducir los egresos contratados según los PPA vigentes y una profundización en el programa de pérdidas por energía no facturada. Y también la incertidumbre que reviste el 1% incorporado como parte del 5,07 % en razón del eventual cambio de la política cambiaria y monetaria en curso, con valores de cierre a diciembre 2023 alejados de lo que fuentes privadas especializadas proyectan.
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