El confuso periplo del que nadie se hace cargo y que terminó duplicando las penas para algunos hurtos

El ministerio apuntaba a la penalización específica del hurto de bienes destinados a un servicio público y de utilidad pública. “Lo que se persigue es combatir un delito que provoca un grave daño social, afectando en forma terrible a amplios sectores de la población”, advirtió el subsecretario Guillermo Maciel, refiriéndose al "flagelo" que representa el hurto de cables de bronce y de cobre del tendido eléctrico y teléfono. 

Maciel habló allí de costos millonarios tanto para los entes como para las intendencias. También de que "barrios enteros han quedado sin luz, sin teléfono, sin semáforos o sin alumbrado por varios días por la acción de quienes roban los cables para poder sacar el cobre y venderlo al peso”. 

Uruguay, recordó, aparece desde hace varios años como el segundo exportador de cobre de América Latina, a pesar de no ser un país productor. El año pasado, en promedio, UTE sufrió 32 robos por día. 

La propuesta de Interior planteaba la creación de un artículo 343 bis en el Código Penal, y así establecer para este tipo de delitos una pena de 24 meses de prisión a seis años de penitenciaría. 

El pedido no tuvo éxito y Diputados optó por desechar la iniciativa. Por eso, Maciel volvió a plantearla cuando la discusión de la Rendición de Cuentas se trasladó al Senado. 

Allí, el subsecretario apeló incluso a una carta que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, envió por esos días al ministerio, al que le hizo llegar su “preocupación” por el robo cables, "el costo de su reposición y los perjuicios derivados”, solicitando trabajar “a los efectos de terminar con esta práctica delictiva”. 

Además del hurto de cables, Maciel apuntó contra los habituales robos de materiales y equipamiento en lugares como los centros de enseñanza y las policlínicas públicas. En el Senado tuvo mayor suerte, pero lo que salió aprobado de allí difirió sustancialmente con lo que había planteado. 

En su artículo 114, la Rendición de Cuentas incorporó un inciso al Código Penal y definió como agravante cuando un hurto sea cometido “sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas”. La pena mínima quedó fijada en 24 meses de prisión. 

Poco claro

Así, según advirtieron en las últimas horas defensores de oficio y fiscales, el universo de modalidades contempladas es bastante más amplio que el robo de cables, e incluye todos los hurtos cometidos sobre bienes, cosas o elementos expuestos al público. 

Además de plantear que iguala las penas a las previstas por violación u homicidio, los operadores advirtieron sobre un “colapso” del sistema carcelario, a tratarse de la variedad de hurto más habitual. 

A nivel parlamentario no se tiene claro cuál fue el proceso que derivó en el cambio de redacción.  “En el Frente Amplio no lo votamos”, se aclaró a El Observador desde la bancada opositora, al señalar que la modificación fue resuelta entre los legisladores oficialistas sin fundamentación. 

Además de notar la falta de proporcionalidad de las penas previstas, en la coalición de izquierda se remarcó la inconveniencia de discutir este tipo de medidas en un proyecto de ley presupuestal. 

Un relevamiento de las actas parlamentarias demuestra que la aprobación de este artículo pasó desapercibida, sin ningún tipo de debate. En el oficialismo, ningún legislador dijo recordar la razón del cambio. Varios, incluso, afirmaron haber votado convencidos de que estaban aumentando las penas específicamente para el robo de cables y admitieron desconocer el alcance de lo que aprobaron. 

Desde el equipo de dirección del Ministerio del Interior se confirmó a El Observador que el cambio se procesó en el Senado. Una alta fuente de esa secretaría remarcó que la intención de la cartera seguía siendo la creación de un delito específico, aunque reconoció la potestad del Parlamento, que tiene la “última palabra” en cuanto a la legislación. 

La información que recibió el ministerio es que se optaría finalmente por apelar al numeral 6 del artículo 341 del Código Penal en lugar de crear un nuevo delito.  De todas formas, se terminó por dar su visto bueno a los cambios.

En el equipo de dirección del ministerio se rechazaron las críticas que en las últimas horas expresaron fiscales y defensores bajo la premisa de que "las leyes las hace el Parlamento”.