Heber hizo una serie de "reflexiones" al presentar la Rendición de Cuentas.

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Cárceles y medidas alternativas: dos récords y el "mundo ideal" de Heber

Hay casi 32 mil personas cumpliendo pena dentro o fuera de prisión. Faltan recursos para controlar medidas alternativas
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26 de septiembre de 2022 a las 05:00

En las cárceles uruguayas hay hoy 14.693 presos, según cifras cerradas el pasado jueves. Así, setiembre terminará con otro récord de personas encarceladas. Un récord que viene quebrándose mes a mes desde hace varios años. 

Son 800 presos más de los que había hace exactamente un año. Y son casi 3 mil más que los que había el 1° de marzo de 2020, cuando comenzó esta administración. 

Un dato que fue destacado el jueves pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado por el ministro el Interior, Luis Alberto Heber, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.  Un dato que el jerarca presentó como demostración de la eficiencia que está teniendo la Policía en el combate contra el delito. 

Los números, por supuesto, no son estáticos. Permanentemente están cambiando, ya que muchas personas salen de prisión porque sus penas terminan o porque son reducidas por buen comportamiento. Las estimaciones indican que entre 500 y 600 reclusos salen de la cárcel todos los meses. 

Las cifras aportadas por Heber alarmaron al senador frenteamplista Óscar Andrade. Representan, recordó, cerca de 400 presos por cada 100 mil habitantes. “Creemos que, si se estudia a países con menores niveles de violencia no se encontrará a ninguno con los niveles de prisionización que hoy tiene Uruguay”, afirmó.

Andrade recordó las proyecciones efectuadas por el comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit: si la tendencia continúa, al final de este período habrá 20 mil personas en las cárceles uruguayas.  “Difícilmente pueda verse como una buena noticia”, señaló el legislador, al subrayar que sistemas gigantes son muy difíciles de financiar y mucho más de asegurar una correcta rehabilitación. . 

La exposición de Heber se dio horas antes de algunos “episodios lamentables”, como un incendio intencional desatado en la Cárcel de Maldonado, que hasta ahora se cobró la vida de un recluso y dejó a otros siete son severas heridas. 

En esa prisión desde hace tiempo se vive una situación problemática. También en la de Canelones y en varios módulos de Santiago Vázquez, en donde 3.000 reclusos siguen viviendo hacinados en situaciones que, reconoce el ministro, violan los derechos humanos. 

“Hemos apurado la búsqueda de una solución para poder revertir esta situación, que es nuestra obsesión”, insistió Heber al igual que cada vez que le toca ir al Parlamento por este tema. 

La gran esperanza es el proyecto público-privado que permitirá construir tres nuevas cárceles en el predio del Penal de Libertad, cada una con 460 cupos. Por otro lado se está ampliando la Unidad 6, de Punta de Rieles. Allí se ha construido un pabellón especial para presos que están estudiando una carrera universitaria, con 60 campas. 

También, remarcó, se están adecuando los centros de Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres, y se está ampliando la construcción de Salto. La recuperación del módulo 1 del Comcar permitirá rehabilitar otros 500 cupos. 

Heber calculó que, si la población carcelaria “no crece en demasía”, al final de este período habrá 3.500 nuevas plazas, que irían a resolver lo “más duro, chocante e inadmisible” del sistema carcelario uruguayo. 

La realidad es otra

“Tenemos la inseguridad que tenemos debido al sistema penitenciario que tenemos”, remarcó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que insistió el viernes pasado ante la comisión la necesidad de fortalecer el sistema de medidas alternativas. “Toda la experiencia mundial señala que son mucho mejores para bajar la reincidencia de los delitos leves que las penas de prisión. 

Lo cierto es que hoy son más lo que cumplen su pena fuera de prisión que encarcelados. Hay cerca de 18 mil personas que están bajo algún tipo de pena alternativa a la prisión. Se trata de otra cifra récord. 

“Sé que el mundo ideal lo podemos escribir juntos y, quizá, podamos tener el cien por ciento de coincidencia sobre lo que queremos, pero la realidad es otra”, advirtió Heber al informar del nuevo dato. Y la realidad, advirtió, indica que se necesita mucho más personal para poder tener el control sobre todas las personas que están con penas alternativas. 

La Rendición de Cuentas plantea la provisión de 65 nuevos policías para la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA), a cargo del control de la ejecución esta medidas, en la que hoy hay 95 funcionarios. 

Un número “totalmente insuficiente” según reconoció Heber. Si bien el ministro no lo dijo, significa una mejora sustancial de la realidad que había allí hace poco tiempo. El propio jerarca había señalado en noviembre pasado que había solo 19 funcionarios para controlar a casi 15 mil personas.

De los 65 nuevos ingresos, 45 serán destinados al monitoreo de cámaras. La propia OSLA será jerarquizada y elevada de categoría. Volverá a ser la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida, dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). 

“La OSLA toda la vida fue secundaria y nunca se le dieron recursos” señaló el director del  INR, Luis Mendoza. A su entender lo importante no es cuántas personas sean derivadas a medidas alternativas la prisión, sino la eficacia de esas medidas. “La eficacia va a depender del personal que nosotros dispongamos para eso”, subrayó. 

A la OSLA irán también 800 nuevas tobilleras electrónicas: 600 para las medidas alternativas y 200 para personas con prisión domiciliaria. 

Heber anunció que se comenzó a cumplir en forma gradual con uno de los aspectos incluidos en la ley de Urgente Consideración (LUC): a los que salen de prisión con medidas transitorias se les está colocado una tobillera. El objetivo es comprobar si el beneficio que autorizó el juez está de acuerdo con el trayecto que realiza el recluso fuera de la cárcel. 

La discusión en el Parlamento promovió en Heber “algunas reflexiones”. Según su visión, debe estar a cargo de dos ministerios: uno que se encarga de la prevención y la represión, y otro de la rehabilitación de las personas. 

“Todo indica que quien los agarra, los persigue y los combate no es el más indicado para poder rehabilitarlos”, aseguró el ministro. Allí Heber volvió a insistir: en un “futuro no muy lejano”, esta última tarea debería quedar a cargo de un nuevo Ministerio de Justicia. 

Consultado, el ministro dijo desconocer una cifra que, históricamente, siempre se ha manejado en cuanto a la reincidencia de los que salen de prisión. “Siempre se ha dicho que el 60% de las personas que salen de la cárcel reincide”, recordó. “Yo no he tenido sobre mi mesa ningún estudio que me demuestra eso o lo contrario”. 

Según Heber no existen estudios comparativos ni información “suficientemente científica” para apoyar una afirmación en ese sentido.

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