Habrá casi 20.000 presos al final de este período si se mantiene el ritmo de ingresos actual

En 2003 se creó el cargo del Comisionado Parlamentario, ya con cárceles que albergaban, en conjunto, a 7.000 reclusos. En los años en que lleva trabajando esa oficina, la población que debe atender se duplicó. 

Los últimos datos, cerrados la semana pasada, indican que el sistema aloja hoy a 13.645 personas. Es el número máximo de presos que ha tenido el país y un récord que, mes a mes, se viene rompiendo sucesivamente. 

Las cifras se traducen en que Uruguay tiene 385 presos por cada 100.000 habitantes. Otro número que sigue creciendo y que consolida al país, detrás de Brasil, como el país con más reclusos por habitante de América Latina. 

El informe fue presentado a la Asamblea General por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, en su última comparecencia ante el Parlamento. “Estamos como Brasil hace diez años”, advirtió. 

En octubre del año pasado ya era récord la población de 12.921 personas privadas de libertad. Si la tendencia continúa y el ritmo de crecimiento de los últimos 12 meses se mantiene, para el final de este período habrá casi 20.000 presos en el sistema carcelario. 

Concretamente, Petit proyectó 19.289 reclusos para finales de 2024. “Estaremos aumentando prácticamente un Comcar entero en la población penitenciaria”, explicó. 

Hoy hay 135 presos por cada 100 camas disponibles. Y cerca de la mitad del sistema tiene un hacinamiento crítico, concentrado en el área metropolitana. 

La peor situación sigue siendo la del Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez, que alberga hoy 3.800 reclusos, la Cárcel de Canelones y la de Mujeres. 

En el interior, Salto, Artigas, Colonia, Soriano, Cerro Largo, Paysandú y Tacuarembó también padecen una situación complicada. 

Y con una población que crece, para Petit no hay más que dos alternativas. “O creamos más cárceles o tenemos menos presos”. De lo contrario, advirtió, el sistema se vuelva absolutamente inviable y alimentará un círculo vicioso. 

"Más reincidencia, más delitos, más presos, más reincidencia, en un sistema que estalla de distintas maneras”, dijo. Puede hacerlo hacia adentro, con muertes, motines, o hacia afuera, irradiando violencia, corrupción y delito en la sociedad. 

En ese punto el comisionado se mostró especialmente crítico con la intención del gobierno de construir una nueva cárcel de máxima seguridad con 400 plazas. Un proyecto presentado por el fallecido ministro Jorge Larrañaga y que además integraba el programa de gobierno de Cabildo Abierto. 

La idea, según lo había clarificado el entonces titular de Interior, era destinar allí a los presos especialmente peligrosos o extremos, y evitar así otra fuga como la del italiano Rocco Morabito. 

Pero para Petit, delitos de ese tipo están lejos de ser la mayoría en Uruguay y así se lo planteó al nuevo ministro, Luis Alberto Heber. 

“El país no necesita una cárcel de seguridad para 400 personas”, afirmó. “Sería necesaria sí para descomprimir y para mejorar el nucleamiento de los internos”. 

En su visión, la alternativa pasa por recurrir a medidas alternativas a la prisión siempre que se pueda. 

En esa condición hay hoy 12.000 personas. El problema es que su seguimiento está a cargo de 20 técnicos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Uno cada 600. 

“El sistema de medidas alternativas no tiene una intervención técnica suficiente, con lo cual los jueces no creen en ella, tampoco los fiscales ni los legisladores ni la opinión pública, que lo ve como un ‘mandar para la casa’”. 

Petit puso sobre la mesa el ejemplo de Suecia, en donde existe el “sistema penitenciario y de medidas alternativas”, con funcionarios comunes y que tiene “ida y vuelta”: el que incumple una medida va a la cárcel, y el que en la cárcel tiene buenos puntos va al sistema. 

El comisionado insistió ante el Parlamento en una serie de prioridades en las que hay que trabajar: tratamiento de adicciones en el sistema, justicia terapéutica, atención en salud mental y la situación de las madres presas con sus hijos. 

También en la “necesidad imperiosa” de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cubra con sus servicios todas las cárceles. 

Hoy, ese organismo abarca el 65%. El resto del sistema está bajo la órbita de Sanidad Policial, lo que Petit consideró un “contrasentido” ya que se trata de recursos asignados a la atención médica de los policías. 

Vacío legal 

Petit le planteó en los últimos días a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, la necesidad de seguir “institucionalizando” la oficina del comisionado parlamentario. 

El principal planteo es que debe contar con más cargos propios. Hoy hay cinco funcionarios, y otros diez que se desempeñan como pases en comisión. 

El comisionado pretende además subsanar un “vacío legal” sobre sus facultades cuando presenta denuncias ante Fiscalía cuando se detecta un hecho con apariencia delictiva en el sistema carcelario. 

El problema radica en el alcance de sus potestades para seguir el avance de una investigación. 

“La posibilidad de acceder a la investigación depende de cada oficina fiscal”, explicó. 

Para subsanar el inconveniente, Petit presentó una propuesta que establece que el comisionado parlamentario, en los casos que refiera a delitos cometidos dentro del sistema, sea informado del avance del expediente. 

“Eso nos permitiría hacer lo que ya hemos hecho muchas veces y que ha tenido importantes consecuencias como, por ejemplo, en el caso de un interno que fue muerto por un disparo de la guardia cuando estaba de espaldas y arrodillado”, recordó.