El fin de semana el diario El País informó acerca de una reunión que autoridades policiales mantuvieron con jueces y fiscales en la que los uniformados informaron sobre la peligrosidad que implica que organizaciones internacionales de narcotraficantes hayan comenzado a operar en Uruguay en el marco de lo cual se han detectado amenazas a la integridad física de los magistrados.
Si bien la crónica no da nombres, dice que por un lado los magistrados se molestaron porque no se les avisó debidamente sobre estos supuestos riesgos y por otro hubo quienes desconfiaron de la información y la interpretaron como una maniobra de la Policía para lograr una mayor mano dura de parte de los jueces.
Si esto es así, los jueces que piensan de esta manera son unos ignorantes, irresponsables o inocentes. Es probable que en la maraña de trabajo que implica la tarea de juez y el atender casos que van desde robo de gallinas hasta delitos de cuello blanco pasando por asuntos del crimen organizado y denuncias por difamación, los magistrados no tengan tiempo de leer algunos trabajos internacionales sobre los alcances de la mafia.
Uruguay no era un país de consumo sino de tránsito de drogas hacia otros mercados, hasta que lo fue. Toneladas de marihuana llegan al país con el único fin de ser consumidas aquí.
Uruguay no era un país donde el consumo de drogas se convirtiera en problemático para la seguridad pública, como lo fue en su momento la heroína o el crack en otras naciones, hasta que apareció la pasta base.
Uruguay no era un país de producción de drogas, hasta que en varios operativos se encontraron laboratorios para procesar la pasta base y convertirla en la más rentable cocaína.
Uruguay no era un país interesante para las grandes organizaciones del narcotráfico (salvo a los efectos del lavado de dinero) hasta que aparecieron narcos colombianos y mexicanos requeridos en el exterior por pertenecer a peligrosas organizaciones delictivas.
Las cárceles de Uruguay no eran un potencial centro de accionar delictivo de importancia hasta que los narcos locales, instruidos por estos expertos internacionales, comenzaron a manejar el tráfico desde sus celdas.
Las cárceles de Uruguay nunca habían estado tan al alcance de la corrupción de grandes capitales, hasta que estos ricos narcos extranjeros se convirtieron en un nuevo problema carcelario.
En Uruguay no había sicarios vinculados al narcotráfico pero hoy es larga la lista de abatidos en ajustes de cuentas por pequeños y no tan pequeños negocios (recordar los ocho tiros que mataron al “empresario” Washington Bocha Rissoto).
En Uruguay era impensable que se atentara contra una autoridad nacional, pero hoy hay varios funcionarios que andan en coches blindados desde que un informante de la Policía reveló que un narco local estaba organizando desde el exterior un atentado con bomba contra el director nacional de Policía, Julio Guarteche.
En Uruguay es impensable que el narcotráfico asesine a un juez.
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