El futuro de la asesoría parlamentaria en Uruguay

Desde 1830 en adelante, por ensayo y error, pero siempre haciendo un enorme esfuerzo de ingeniería institucional, la elite política uruguaya fue buscando equilibrar la necesaria construcción de la autoridad presidencial con el igualmente imprescindible papel de los demás poderes del Estado, en especial, del Parlamento. Algunas constituciones, como la de 1918, buscaron limitar el poder presidencial y potenciar la labor parlamentaria.  Otras, como la de 1967, por el contrario, buscaron incrementar el poder de los presidentes. Desde entonces, el Poder Ejecutivo en Uruguay, además de reglas institucionales que le dan ventaja (como la iniciativa privativa en ciertas materias o el mecanismo de la declaración de “urgente consideración”), ha ganado mucho en capacidad técnica. Basta comparar el viejo y escuálido Ministerio de Hacienda de los años sesenta con el remozado Ministerio de Economía y Finanzas de las últimas dos o tres décadas. Pero el fortalecimiento técnico de los ministerios no ha tenido como correlato un proceso igualmente intenso en el Parlamento. Esto coloca a los legisladores en situación de asimetría.  

Hay buenos ejemplos de mecanismos de asesoría parlamentaria que podrían servirnos de inspiración, al menos como “ideas a tomar en cuenta”, para decirlo con Carlos Vaz Ferreira. La democracia norteamericana está lejos de ser perfecta. Pero, tenemos mucho para aprender de ella en el plano institucional. El mecanismo de asesoría parlamentaria (Congressional Research Service, dependiente de la Biblioteca del Congreso) es particularmente interesante por su poderío y sofisticación. El servicio de asesoría parlamentaria es el think tank del Congreso. Fue creado en 1914, en tiempos de la presidencia de Woodrow Wilson. En 1970, fue reorganizado y fortalecido. Su misión es “servir al Congreso con la más alta calidad de investigación, análisis, información y consulta confidencial para apoyar el ejercicio de sus funciones legislativas, representativas y de fiscalización en su rol de rama de gobierno equivalente”. 3

CRS está al servicio de los congresistas, de su staff, y de los comités del Congreso. Ofrece apoyo técnico a través de muy diferentes mecanismos. Por ejemplo, sus funcionarios atienden llamadas telefónicas, reciben a los congresistas o a sus asesores para evacuar consultas, elaboran infografías y resúmenes de leyes, preparan informes extensos sobre temas específicos, síntesis de dos páginas sobre temas complejos, y librillos con información clave para los legisladores que viajan hacia otros países. CRS también ofrece servicios multimedia. Durante el año 2019 fueron subidos a la página del Congreso 52 videos, se distribuyeron 45 grabaciones de seminarios y se continuó el desarrollo de podcasts en los que especialistas examinan temas muy variados, tanto internacionales como domésticos. Para desarrollar sus actividades CRS contó con 125 millones de dólares en fondos propios, y 627 mil dólares adicionales recibidos de fundaciones.4CRS tiene cerca de 600 empleados. Más de 400 son profesionales, entre ellos, expertos en políticas públicas y abogados. 

Como puede verse, la asesoría parlamentaria en EEUU es realmente potente. Esto, en buena medida, es consecuencia de un rasgo clave del diseño institucional norteamericano. El presidente de los EEUU no puede iniciar la legislación. Esto obliga a los congresistas, especialmente a los senadores (que duran seis años en su cargo) a tener un papel muy activo en los debates sobre políticas públicas. Para contrarrestar el poder del Congreso y de su “think tank”, para posibilitar que el presidente pueda ejercer su liderazgo en las políticas domésticas y cumplir con sus promesas electorales, la presidencia de los EEUU ha debido incrementar su poder y su capacidad técnica. En nuestra región la situación es exactamente la opuesta. El principal legislador es el Poder Ejecutivo. En Uruguay, por ejemplo, cerca de 2/3 de la legislación es iniciada por el presidente y sus ministros, y no por el parlamento. En EEUU, para corregir la asimetría entre los poderes, debió expandirse la influencia del centro presidencial. Para corregir la asimetría en Uruguay, ¿no debería aumentar de modo sensible la capacidad técnica del parlamento? En todo caso, es una buena discusión, de cara al futuro. 

1 Ver: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19509-2017

2 Ver: https://www.elobservador.com.uy/nota/otro-paso-hacia-el-futuro-201511112160

3 Ver: https://www.loc.gov/crsinfo/about/history.html

4  Ver: https://www.loc.gov/crsinfo/about/crs19_annrpt.pdf

Adolfo Garcé

Doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

adolfogarce@gmail.com