El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzaron en la ciudad de Caracas, la capital venezolana, el cuarto ciclo de las negociaciones de paz en busca de conseguir “alivio humanitario” a las zonas del país más afectadas por la violencia, luego de la entrada en vigor de un cese del fuego que regirá por seis meses y será supervisado por Naciones Unidas (ONU).
En coincidencia con el reinicio del diálogo, el presidente Gustavo Petro firmó en las últimas horas un documento que confirma el nombramiento como “gestor de paz” del antiguo jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, recluido en una prisión de los Estados Unidos desde 2008 y a la espera de ser extraditado a Colombia.
Con relación al comienzo de la cuarta fase del ciclo de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla, que se extenderán según lo pautado hasta el 4 de septiembre, el comandante Pablo Beltrán, líder de la delegación del ELN, enfatizó en la necesidad de ver “cómo se lleva alivio concreto a las ciudades y regiones que hoy están sufriendo más el conflicto”.
“El objetivo principal es que los instrumentos que creó la mesa, que es la participación y el cese del fuego, de verdad lleven alivio”, dijo Beltrán con relación al Comité Nacional de Participación (CNP), mecanismo creado para garantizar un rol activo de la sociedad civil en el proceso a través de más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes.
Según los observadores locales, el CNP es una de las principales apuestas del gobierno y el ELN. El comité tiene pautado un plan de trabajo hasta mayo de 2025, programa que consta de cuatro fases, de las cuales sólo se conoce la primera, que incluye para este año la realización de 25 encuentros nacionales y regionales que recogerán propuestas que se trasladarán a la mesa central de negociaciones con el apoyo de delegados de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia.
“Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente, la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia”, dijo por su parte Otty Patiño, representante del gobierno en la mesa de paz. “Empecemos en este ciclo a hacer planes concretos donde participen los jefes de los frentes de guerra del ELN y las comunidades de esos territorios”, propuso.
En tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ofició como anfitriona, reiteró al apoyo del gobierno del mandatario Nicolás Maduro al proceso y expresó su deseo de que “conduzca a la paz definitiva en Colombia”. “Venezuela como país garante apoya en todas sus posibilidades, y sin descanso, la política de paz total del presidente Petro”, dijo la funcionaria.
El 21 de noviembre de 2022, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN instalaron en Caracas la primera ronda de la mesa de diálogo, con el propósito de avanzar en un acuerdo que estuvo paralizado durante la gestión del presidente derechista de Colombia Iván Duque (2018-2022) y que retomó impulso a partir de la asunción de Petro con una segunda y tercera fase que se concretaron en México y La Habana los pasados días 13 de febrero y 2 de mayo, respectivamente.
El ELN se convirtió en la organización izquierdista armada más longeva de América luego del desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017, para pasar a la arena política. En procura de instaurar una “paz total”, Petro también dialoga con disidentes de las FARC, que no dejaron las armas o las retomaron, como así también con otros grupos, como es el caso de la paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia.
Mediante un comunicado de prensa, Petro confirmó lo que ya había anunciado el mes pasado: la designación como “gestor de paz” de Salvatore Mancuso para que “contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal”.
Según anunció oficialmente, el gobierno activará “los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición” de Mancuso. “Su presencia en el territorio nacional es imprescindible”, agregó la oficina del mandatario de izquierda, el primero en la historia del país.
Mancuso, de 58 años, fue extraditado sorpresivamente a los Estados Unidos por decisión del entonces presidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010), sin aportar argumentos sobre su entrega ni reparaciones a las víctimas como lo disponía el acuerdo. La extradición derivó en que Mancuso amenazara desde prisión con destapar las relaciones de los paramilitares con políticos y empresarios del país.
“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares nunca terminó, y aún no se sabe toda la verdad”, argumentó Petro sobre su decisión de solicitar la entrega de Mancuso. Conocido como “Triple Cero” durante su pasado armado, Mancuso reconoció estar implicado en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió al acogerse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, que promovió Uribe para desmovilizar a los paramilitares.
Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia expresó que la designación de Mancuso “de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones” y que los exmiembros de las AUC deberán seguir declarando ante los tribunales cuando “se les requiera”.
La misiva firmada por Petro no sólo designa a Mancuso como gestor de paz, también pide a las autoridades la suspensión de las medidas judiciales vigentes, tales como órdenes de captura, entre otras, una vez que llegue a Colombia, aunque sin dejar de comparecer ante instancias judiciales.
El documento indica además que el exjefe paramiltiar deberá “asistir personalmente a las diligencias judiciales” y a “rendir informe sobre las actividades desarrolladas en la calidad de gestor de paz” y que, en caso de no cumplir, su nombramiento será revocado, por lo que las causas penales en su contra serán reactivadas. Por ahora, Mancuso sigue detenido en un centro de retención de migrantes del estado de Atlanta a la espera de su extradición a Colombia, en donde hace unos meses se le concedió cuatro años de libertad condicional.
(Con información de agencias)
