Al igual que en otros países, desde hace años las autoridades de Brasil combaten sin éxito el consumo problemático de drogas. Un ejemplo de ello es el megaoperativo concretado al año pasado por las fuerzas de seguridad de la ciudad San Pablo para recuperar el control de lo que se conoce Cracolandia, la mayor concentración marginal de consumo, compra y venta de drogas de la megalópolis.
Lo que las autoridades presentaron como un “éxito” duró bien poco. En la actualidad, después de dispersar a pequeños vendedores y consumidores que viven en las calles, al menos media docena de pequeñas cracolandias se generaron y crecieron en otros puntos de la capital de la mayor economía sudamericana y una de las principales del mundo.
En esos paupérrimos campamentos, donde las personas duermen bajo cobijas sucias, desplomados en sillones viejos o tapados con cartones y hules, todas buscan lo mismo y ninguna lo oculta: consumir libremente drogas, en especial crack. Las zonas son tan peligrosas que las autoridades, incluida la Policía, prefieren no entrar. Cuando ingresan, lo hacen con violencia.
Según el gobierno federal, la estrategia para prevenir el consumo de drogas y sus consecuencias adoptará de ahora en más un enfoque humanizado centrado en el ámbito social. El problema se considerará como una cuestión de salud, evitando las “represiones policiales” que se demostraron ineficaces.
Basándose en esta premisa, la prevención fue el tema central de la Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, bajo el lema “Política sobre Drogas: Enfoque en las Personas”, evento que organizó la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Según la titular de Senad, Marta Machado, la idea de la reunión con diversos expertos en Brasilia, la capital del país, fue abordar la prevención a través de “políticas orientadas a las personas”, centrándose en las demandas y vulnerabilidades, en un contexto problemático que impone obstáculos al acceso a servicios, justicia y derechos para las personas que consumen drogas, sus familias y comunidades.
“Hablamos, por lo tanto, de una política que aborda el consumo problemático de sustancias como una cuestión de salud pública, de desarrollo social y humano, de Derechos Humanos, y de equidad racial y de género”, explicó la funcionaria.
Según Machado, es imprescindible considerar de manera integrada las necesidades de las personas, centrándose en el respeto a la autonomía, en el acceso a información cualificada, en la ampliación del acceso a servicios de salud y protección social, en el acceso a derechos y en la promoción de la justicia social y racial.
“Las acciones para prevenir tanto el consumo de drogas como la implicación en el tráfico deben incluir la ampliación del acceso a la vivienda, el acceso al trabajo y los ingresos, menos discriminación y más derechos, menos racismo y más justicia racial, menos violencia y más prevención, menos prejuicios y más conocimiento científico”, argumentó la titular del Senad.
Según la funcionaria, iniciativas similares se implementaron en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff mediante “algunos programas de prevención, con metodologías validadas internacionalmente, adaptadas para Brasil y con una aplicación monitoreada para seguir mejorándolos”.
“El Senad apoyó este movimiento que, desafortunadamente, fue interrumpido”, anunció Machado al dar a conocer la reanudación de las iniciativas de prevención y su “fortalecimiento” en el marco de un Sistema Nacional de Prevención. El plan de acción se implementará inicialmente en 163 municipios “prioritarios” en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci).
Se trata de un conjunto de municipios que registra el 50% de los homicidios cometidos en todo el país. Entre las medidas previstas se encuentra la de calificar la información y a los profesionales que trabajan en la prevención, así como la posibilidad de que se vuelvan en replicadores.
“Se trata de establecer una red de investigadores, gestores y expertos para el intercambio de información y el monitoreo continuo”, detalló el Senad.
En representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Elena Abbati afirmó que, según un informe de la entidad, sólo una de cada cinco personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas recibe tratamiento. “Las barreras son múltiples”, dijo.
Machado afirmó durante la presentación del plan que entre los problemas observados para acceder a un tratamiento se encuentra el hecho de que las personas que consumen drogas tienen que lidiar con el estigma y la discriminación, lo que puede comprometer aún más su salud física y mental, además de dificultar el acceso a derechos y servicios.
“Por eso, la campaña de UNODC de este año bajo el lema ‘Primero la Gente’ destaca la importancia de poner a las personas en primer lugar”, añadió Abbati al defender también “prácticas basadas en evidencia y en una cultura de respeto y empatía”.
La experta abogó por redirigir los “recursos represivos del Estado” hacia el “ahogo patrimonial de las organizaciones criminales”, en lugar de reprimir a la población. Según destacó, el objetivo debería estar enfocado en los “eslabones más fuertes y de mando” en la cadena del tráfico de drogas.
“Aquí estamos viendo una situación de violencia institucional causada por años de fomento al modelo de represión policial, altamente ineficiente, y que también viene siendo responsable de la vulnerabilidad de los derechos de las personas que viven en territorios periféricos y afectados por el tráfico de drogas”, advirtió Abbati.
“Por lo tanto, es necesario centrarse en las personas, para que la fuerza bruta del Estado deje de afectar a inocentes, muchos de ellos niños. La mayoría es de origen afrodescendiente y vive en zonas periféricas, sufriendo los efectos colaterales de esta guerra entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad”, agregó.
Por el momento, mientras la Guardia Civil Metropolitana, apoyada por la Policía Militar, sigue patrullando durante las 24 horas del día las zonas céntricas más degradadas de San Pablo, las cracolandias se regeneran, multiplican y trasladan. La represión del narcotráfico puede poco y nada, y las redadas policiales aumentan el clima de tensión y violencia, al tiempo que la asistencia social es casi inexistente.
En este contexto, las organizaciones civiles que pugnan por un enfoque integral del problema, señalan con amarga ironía el nombre del operativo que disolvió la Cracolandia inicial: Caronte, el barquero de la mitología griega que lleva las almas de los recién muertos a ser juzgadas para decidir su lugar de descanso.
(Con información de la Agencia Brasil)
