El largo y sinuoso camino hacia el equilibrio fiscal: Propuestas de Política Pública (Parte II)

En el artículo anterior nos encargamos de realizar una somera descripción algunas de las conclusiones y propuestas de política pública que surgieron del encuentro “¿Podemos mejorar el desempeño fiscal y al mismo tiempo la calidad de vida de la gente?” organizado por la Academia Nacional de Economía. En este último artículo nos referiremos al resto de las propuestas de política pública que surgieron del seminario.

Entre los integrantes del grupo de trabajo se mencionó la posibilidad y la pertinencia de volver a la práctica (adoptada en el gobierno del P.N. en 1990-1995) de que los créditos no ejecutados al final de cada semestre caigan (sin pasar para el próximo). Un rubro que suele ser problemático es el de los juicios que pierde el Estado. Aquí un cambio sustantivo sería legislar para que no sea Rentas Generales, sino la dependencia perdidosa la que afronte el costo. 

Si a futuro pretendemos poder llevar adelante políticas de tipo contracícilico, lo mejor es empezar ahora a generar los recursos destinados a instrumentarlas. Un ejemplo podría ser, mediante la creación de un Fondo de Estabilización, a financiarse con la venta tierras del INC, la salida a Bolsa de algunas entidades estatales de derecho privado y la venta de activos estatales en general (edificios, terrenos, parque automotor). En este último caso, vemos con buenos ojos la creación del Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado en la Ley de Presupesto.

Por otra parte, el abogado Julián Barquín subrayó la importancia de involucrar al ciudadano, al contribuyente, en el control del gasto y el accionar del estado por todas las vías que sea posible. Para esto podrían habilitarse canales de comunicación donde el contribuyente puede denunciar la existencia de trámites innecesarios, o exceso de burocracia.  En este sentido, la creación de la figura del “Defensor del Contribuyente” es decisiva. Teniendo como idea de base el fortalecimiento del control de gestión independiente, brindándole apoyo al contribuyente, informándole de sus derechos y velando por el cumplimiento de éstos. 

Con el objetivo de no generar costos económicos, la función del defensor del contribuyente será ejercida en forma honoraria por ciudadanos que hayan ingresado a la pasividad y tengan competencia moral y técnica para llevarla adelante. 

Un aspecto que no podemos dejar de lado son los supuestos macroeconómicos sobre los cuales se elabora el presupuesto. Para el gobierno implican una caída del 3,5% del PBI para el 2020, seguido de un rebote en 2021, creciendo al 4,3% y con tasas de crecimiento del 2,5%, 4,2% y 3,9% para los años 2022,2023 y 2024 respectivamente  . Sin embargo, la calificadora de riesgo Fitch proyecta una caída para 2020  de 4,6% y un crecimiento muy inferior para el 2021 y 2022 (2,8% y 2,0% respectivamente). 

Es por estas razones que algunos entendemos que en caso de no cumplirse las expectativas de crecimiento, con el fin de alcanzar las metas fiscales, existen dos medidas que deben ser consideradas por parte de las autoridades. La primera es el aumento de impuestos de fácil recaudación y escaso efecto en materia de incentivos a la inversión. El IVA es el candidato natural, un aumento de la tasa de 22% a 23% es la opción para considerar, con una recaudación estimada de unos 200 millones de dólares. 

La segunda medida está relacionada con la política monetaria y la inflación. El stock de Letras de Regulación Monetaria ronda los 6.500 millones de dólares, e implica el pago intereses que suman casi 300 millones de dólares anuales. Estos son parte del déficit del Banco Central y el Gobierno en general.

La idea es no renovar ese stock, de modo que el porcentaje de letras integrado en dólares se venza y deje de ser fuente de déficit. Lo mismo sucede para el porcentaje integrado en pesos, y que además este último vuelva a la plaza y no sea esterilizado. El impuesto inflacionario resultante contribuiría a licuar pasivos del sector público y mejorar el balance fiscal.

A modo de cierre, creemos que hay algunas lecciones que debemos aprender: la primera es que hay que aprovechar los tiempos de bonanza para generar ahorros. La segunda es que, a la hora de socializar pérdidas, el enfoque debe ser asignar las mismas a aquellos que estén mejor capacitados para soportarlas, (en Uruguay los empleados públicos no tienen riesgo de pérdida de empleo y en los mayores de 65 años el porcentaje de es pobreza inferior al 2%). En cambio, el apoyo al sector privado, motor del repunte para la salida de una crisis, y a sectores clave para el desarrollo social como la primera infancia, no pueden descuidarse.

En sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790), Edmund Burke escribía que “la sociedad es de hecho un contrato (…) una asociación no solo entre quienes viven, sino entre quienes viven, quienes han muerto y quienes han de nacer”. El equilibrio de las cuentas públicas es quizá una de las mejores maneras de mantener sana, pujante y próspera esa asociación.