El mercado del supergás, un tema pendiente: qué sugerencias dieron los expertos

En el gobierno se está estudiando la posibilidad de modificar el subsidio general y focalizarlo en las familias de menores recursos. También está en carpeta la revisión de otros aspectos vinculados a la cadena de envasado y distribución. En ese contexto, vale repasar los puntos principales sobre el funcionamiento de ese mercado en Uruguay.

El supergás es un producto que se comercializa bajo tres modalidades. El más importante abarca a las garrafas de 11 y 13 kilos, cuyo mercado en los últimos años fue cercano a las 100.000 toneladas/año, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

La cadena de abastecimiento tiene como único proveedor a Ancap. La petrolera estatal es quien produce, almacena e importa. En tanto, la cadena de envasado y distribución es de libre competencia, pero a la vez está regulado.

El envasado lo realizan dos empresas: Gasur y Megal, mientras que la distribución está a cargo de cuatro empresas: Acodike, Riogas, Ducsa y Megal. La firma Gasur es una sociedad entre Ancap, Acodike y Riogas que envasa en dos plantas propiedad de Ancap (que las arrienda). Y la tercera planta existente es propiedad de Megal, quien también la opera. La cadena también se compone de pequeños transportistas, subdistribuidores y fleteros.

El subsidio al barrer

El precio de venta que tiene este producto en la puerta de la refinería de La Teja es inferior a los costos de producción e importación. Ese subsidio que alcanza a todos los sectores sociales y a todos los usos se financia a través de sobreprecios en otros productos que comercializa Ancap.

En la actualidad, el precio Paridad de Importación (PPI) del supergás que marca la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) es de $ 55 por kg. Sin embargo, Ancap recibe $ 13,65 por ese combustible que el público paga hoy a $ 56,16 por kg. Esa diferencia (subsidio) de $ 41,3 por kg cuesta, a valores de hoy, unos US$ 95 millones por año, que Ancap debe cubrir con sobreprecios sobre otros combustibles (gasoil y naftas básicamente). Y el margen de distribución promedio y envasado del GLP es de $ 31,95 por kg (hoy el 57% del precio). El supergás también paga 18% de IVA ($ 10,13 por kg).

Además del subsidio general, desde 2018 está vigente un subsidio focalizado. Esa medida incluye un descuento de 15% para la recarga de la garrafa de 13 kg, y abarca a hogares integrados por al menos una persona beneficiara de programas como Tarjeta Uruguay Social del Mides, asignaciones familiares del Plan de Equidad, asignaciones familiares del Banco de Previsión Social que se encuentran en el primer escalón de ingresos, y Asistencia a la Vejez del Mides. Los hogares que son beneficiarios de estas prestaciones pueden realizar un máximo de 12 recargas anuales. Aunque este subsidio tiene un alcance potencial de 202.000 hogares, en 2019 solo 5.000 hogares lo habían utilizado, y algo más de 6.000 hogares en 2020.

Las recomendaciones

Con respecto al subsidio de la tarifa, el comité de siete expertos en combustibles designados por el Poder Ejecutivo recomendó en diciembre de 2020 una convergencia gradual al precio paridad importación (PPI). También se entiende necesario analizar la instrumentación de un único subsidio orientado a la población que se entienda como público objetivo.

Y en el documento que el Poder Ejecutivo envió en febrero de este año al Parlamento se señala que “es evidente que un subsidio genérico es claramente inconveniente como instrumento de política social, pues distorsiona el mercado de los energéticos, aumentando el consumo y llegando a sectores que no lo necesitan”.

Hasta ahora no se sabe cuál será el camino alternativo que propondrá el gobierno, a quiénes alcanzará, ni cómo se instrumentaría ese nuevo diseño del subsidio. Por lo pronto la única pista es la idea central de pasar desde un subsidio al producto a un subsidio a la demanda, con precios diferenciales.

Envasado y distribución

Los contratos vigentes de envasado y distribución se firmaron en 2007, y tienen vencimiento en marzo de 2023. El comité de técnicos señaló que “sería conveniente un cambio de modelo” de ese mercado, “por entenderse intrincado e ineficiente”. En ese sentido, también recuerdan que los contratos vigentes han sido observados por las autoridades de competencia por considerarse anti competitivos.

Por otro lado, explican que Ancap ha sido históricamente quien fijó los márgenes de envasado y distribución establecidos en los contratos con las empresas. Para el comité, Ancap debería dejar el papel regulatorio, y además se debería evaluar “la real conveniencia” de que Ancap siga participando en los eslabones de la cadena, en lugar de dedicar esfuerzos y recursos al negocio principal de refinación y comercialización de combustibles.

También se entiende conveniente analizar la venta de las plantas de envasado que son propiedad de Ancap, y que el ente se independice de la etapa de envasado y distribución. En ese caso, los contratos de suministro con los sellos serían similares a los del combustible líquido.

Otro punto que entienden conveniente es revisar los precios de la cadena “en pos que reflejen una estructura de costos y funcionamiento de eficiencia”. También se sugiere analizar la conveniencia de continuar con los colores y el clearing de los envases de 13 kg, tomando en cuenta el costo que eso significa y que existen tecnologías para generar la trazabilidad.

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