El proyecto de "ley ómnibus", el "cheque en blanco" y qué puede hacer el Parlamento

"En 90 días, por lo que se rumorea, (el Parlamento) tendría que discutir entre 300 y 500 artículos. Eso es imposible. Acá estamos proponiendo que hay un programa oculto que la gente no conoce, y en democracia y elecciones se tiene que saber lo que la gente vota. No estamos para firmar cheques en blanco, no es justo que los ciudadanos firmen cheques en blanco", dijo este domingo en un acto partidario, según consignó La República."La ley ómnibus" –como la llama el comando de campaña del candidato nacionalista– estaría constituida por entre 300 y 500 artículos que abarcarían gran parte de los temas contemplados en su programa de gobierno.

El Partido Nacional todavía no reveló el contenido completo de su proyecto de ley. Según dijo Lacalle Pou a El Observador en agosto, recién a fines de octubre estará pronto el documento, al que incorporarán los aportes de otros partidos. De todos modos, el comandado de campaña del exsenador reveló parte de las ideas que serán incorporadas al escrito.

Algunas propuestas que abarcará son eliminar la representación docente en la ANEP, crear una regla fiscal para contener el gasto público, reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social, proteger el espacio aéreo con una ley de derribo como parte del combate al narcotráfico, permitir que los policías se puedan defender sin consecuencias penales, controlar las sociedades anónimas de los entes públicos, resolver la autonomía absoluta de las unidades reguladoras, desregular la importación de combustible y eliminar la bancarización obligatoria. 

El mecanismo para aprobar o rechazar este proyecto

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados exclusivamente por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento, que deben pronunciarse antes de los 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para analizarla, tratarla y votarla. Allí, los legisladores tienen que decidir si aprobar o rechazar la iniciativa. 

En la otra cámara, el tratamiento será de 30 días. Los 15 días restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Y entonces dentro de esos plazos volver a decidir si aprueba o no el texto.

La principal diferencia con respecto a un proyecto que no tiene el rótulo de urgente consideración es que, si se supera ese plazo previsto y no se votó, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí y decidir si aprobar o rechazar el proyecto en tres meses. 

El argumento que da el candidato nacionalista es que el próximo gobierno deberá tomar medidas "urgentes" pero, teniendo en cuenta que durante el primer año de ejercicio no tendrá presupuesto propio, la única alternativa es hacer estos cambios mediante una ley de urgente consideración, según dijo a El Observador en agosto. 

Comando de Daniel Martínez

¿Qué dicen los constitucionalistas?

El Partido Socialista también había criticado el proyecto y en setiembre elaboró un informe jurídico en el que señaló como inconstitucional el proyecto de ley. Juan Pablo Pío, magíster en derecho administrativo y coordinador de la campaña del PS, remarcó en él que la declaratoria de urgente consideración debe hacer referencia a una situación "preexistente", y no a algo que el gobierno considera urgente por cuestiones políticas o de carácter ideológico. 

"El Poder Ejecutivo no inventa o crea la urgencia del asunto por razones políticas o ideológicas o prioritarias de gobierno, sino que formula la declaración de una urgencia que preexiste. Una base fáctica razonable, económica, sanitaria, etc. Lo que sí no es posible es que haya 12 razones de urgencia. Las urgencias no son prioridades de gobierno ni del presidente ni de un partido", expresa el documento. 

El texto del Partido Socialista basa sus argumentos en un artículo del doctor en Derecho Luis Fleitas De León, publicado en la revista de Derecho Público de julio de 2019. Allí, el autor expresa que las leyes de urgente consideración poseen la característica "exorbitante" de que "el silencio de los órganos del Poder Legislativo" –luego de transcurridos los plazos previstos por la Constitución– "implican la sanción de la Ley en cuestión". "Es decir, la Ley se puede aprobar con la sola voluntad expresa positiva del Poder Ejecutivo", afirma Fleitas De León. 

A la vez, el doctor De León retoma los argumentos del constitucionalista y exsenador socialista José Korseniak, quien planteó que los temas incluidos en la declaratoria de urgente consideración "deben tener cierta razonable urgencia de ser resueltos". De acuerdo a este argumento, para que se justifique el proyecto de ley del Partido Nacional debe haber "un carácter declarativo de urgencia". No obstante, según el Partido Socialista no es este el caso, y más teniendo en cuenta que el contenido del proyecto no ha sido revelado todavía. 

El abogado constitucionalista Eduardo Esteva, sin embargo, consideró que este argumento no basta para catalogar de inconstitucional el proyecto de Lacalle Pou. "No resiste el análisis jurídico, es una interpretación teñida de política", dijo a El Observador.

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo señaló que la carta magna no pone limitaciones sobre la extensión de estos proyectos de ley, sino que solo constriñe los temas sobre los que puede versar. En estas normas no pueden ser incluidos aspectos que necesiten la aprobación de 2/3 de las cámaras, que según Esteva refieren a "temas más complejos". Dentro de este grupo se encuentran, por ejemplo, la creación o supresión de entes autónomos, los cambios de legislación en materia electoral, la modificación del número de legisladores, la creación o eliminación de departamentos, entre otros temas. "Sean 300 artículos o 1.000, (el proyecto de Lacalle Pou) es constitucional", afirmó Esteva. 

A la vez, el abogado expresó que a su entender no es correcto hablar de "un cheque en blanco" o "un programa oculto" –como dijo Martínez– porque los legisladores habrán leído el proyecto antes de manifestarse a favor o en contra, a pesar de que ahora se desconozca su contenido. "Los representantes de todos los partidos verán todos los artículos y tomarán una decisión basándose en eso", indicó. 

El constitucionalista además dijo que, incluso si la norma se aprobara mediante silencio positivo (es decir, sin que los legisladores se pusieran de acuerdo), "si hubiera un vicio jurídico" la Constitución garantiza la posibilidad de revertirlos. El jurista mencionó dos mecanismos previstos: la convocatoria a un referéndum o la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. 

El jurista Martín Risso también discrepó con las críticas del Partido Socialista y dijo que este tipo de proyectos "no requieren ninguna situación de emergencia previa" ya que "cualquier proyecto puede merecer declaratoria de urgencia si el Ejecutivo lo entiende pertinente".

El especialista agregó que este tipo de decisiones del Ejecutivo "no puede ser cuestionada en términos jurídicos" ya que se trata estrictamente de una cuestión política. "No hay que manosear la Constitución", dijo el jurista en setiembre, cuando El Observador le consultó al respecto. "No se puede manipular la Constitución para que diga lo que yo quiero que diga", reiteró entonces.

No obstante, Fleitas De León defendió su razonamiento. A su entender, el Partido Nacional tendría que "presentar una ecuación racional" para la declaratoria de urgente consideración de un proyecto de ley ante el Parlamento, según dijo en setiembre en el programa No Toquen Nada, de FM Del Sol.

El experto consideró poco probable que la oposición de un próximo gobierno pueda votar en contra de la declaratoria de urgencia del Ejecutivo. "Dadas las características del sistema político uruguayo actual donde se accede al Poder Ejecutivo en segunda vuelta es difícil que la oposición logre tener tres quintos votos en el Parlamento", concluyó.