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Blancos y dos juristas defienden oportunidad del proyecto de urgente consideración

Expertos en derecho desacreditaron los argumentos del Partido Socialista para criticar la iniciativa de Lacalle Pou

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29 de septiembre de 2019 a las 05:00

Una de las banderas de campaña del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou es un proyecto de ley de urgente consideración que tendrá más de 300 artículos y que está siendo redactado desde hace algunos meses por su equipo técnico.

El Partido Socialista emitió este jueves un comunicado en el que tildaba la iniciativa como “inconstitucional”, lo que motivó la respuesta del candidato blanco. “Estamos haciendo una ley de urgente consideración porque los problemas de los uruguayos son urgentes y no pueden esperar meses como espera este gobierno para que lleguen las cosas”, dijo en un acto en Lascano, Rocha. En tanto, el experto en Derecho Administrativo y responsable de la redacción de la propuesta, Rodrigo Ferrés, afirmó a El Observador que decir que un proyecto de esas características es inconstitucional “no resiste el más mínimo análisis”.

Ferrés dijo que “la Constitución establece una facultad al Poder Ejecutivo para enviar proyectos de ley de urgente consideración cuya diferencia con los demás es que tiene plazos más breves para su aprobación”. En ese sentido, expresó que "la urgencia tiene que ver con el procedimiento de la aprobación de la norma" y que todas las medidas incluidas en el programa de gobierno nacionalista son consideradas "urgentes". 

Por otro lado, el responsable del llamado “proyecto ómnibus” señaló que “la argumentación del Partido Socialista es política y no técnica”. “Lo que se busca es atacar al Partido Nacional diciendo que es un programa oculto, lo que tampoco sostiene el más mínimo análisis. Todas las medidas están en el programa de gobierno. Si ellos quieren saber cómo va a ser el proyecto de ley de urgente consideración, que lean el programa y ahí lo tienen”, afirmó.

Según el Partido Socialista, “en 100 días Lacalle Pou impondría su agenda con escasa discusión parlamentaria inhibiendo la fragmentación del Poder Legislativo”. Ferrés respondió con el argumento de que luego de las elecciones nacionales, Lacalle Pou comenzará a negociar con sus eventuales socios y que gran parte de esa negociación tendrá al documento que están armando como base.

“Va a ser compartido con los otros socios de un gobierno de coalición. Se trata de buscar las coincidencias que podamos tener con los otros partidos. Este proyecto de ley se enviará si nosotros llegamos al gobierno, pero ya lo estamos redactando porque nos gusta adelantarnos a los tiempos y estar preparados para actuar. No esperar al 1 de marzo”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que no se trata de “un proyecto cerrado”, sino que se discutirá con los otros partidos y esa discusión ya habrá finalizado el día que se envíe, en caso de que el Partido Nacional sea gobierno. "Es la hoja de ruta, el documento final va a surgir del acuerdo", dijo. A eso, explicó, se le sumará el tratamiento y debate parlamentario que dispone la Constitución como para cualquier proyecto de ley. Como ejemplo de una coincidencia clara con los demás partidos de la oposición puso la derogación de la bancarización obligatoria prevista en la ley de inclusión financiera. Por ahora lleva redactados unos 250 artículos y se prevé que tenga más de 300 y que esté pronto antes de las elecciones nacionales. 

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento es de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días. 

Lo que dicen los expertos

El constitucionalista Martín Risso discrepó con las críticas del Partido Socialista y dijo que este tipo de proyectos "no requieren ninguna situación de emergencia previa" ya que "cualquier proyecto puede merecer declaratoria de urgencia si el Ejecutivo lo entiende pertinente". El especialista agregó que este tipo de decisiones del Ejecutivo "no puede ser cuestionada en términos jurídicos" ya que se trata estrictamente de una cuestión política. 

"No hay que manosear la Constitución", dijo Risso a El Observador. "No se puede manipular la Constitución para que diga lo que yo quiero que diga", reiteró.

Por su parte, el presidente de la sección Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Montevideo, Eduardo Esteva, dijo a El Observador que el comunicado del Partido Socialista parte de un error y es un "análisis que no es estrictamente jurídico" y que está "teñido de ingredientes políticos". "Aplicando los métodos de interpretación uruguaya no me parece una opinión bien fundada", añadió.

En tanto, el doctor en Derecho Luis Fleitas de León dijo este viernes a No Toquen Nada que el Poder Ejecutivo debe justificar y "presentar una ecuación racional" para la declaratoria de urgente consideración de un proyecto de ley ante el Parlamento. 

Asimismo, Fleitas consideró poco probable que la oposición de un próximo gobierno pueda votar en contra de la declaratoria de urgencia del  Ejecutivo. "Dadas las características del sistema político uruguayo actual donde se accede al Poder Ejecutivo en segunda vuelta es difícil que la oposición logre tener tres quintos votos en el Parlamento", concluyó.

 

 

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