El Tratado de Alta Mar (BBNJ): Algunas reflexiones preliminares

Informan, además, como un hecho, que se decidió implementar el cierre del 30 por ciento de áreas protegidas terrestres y marítimas para el 2030 (conocido como 30/30). No es verdad. El acuerdo de la 15ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) del pasado diciembre hizo una declaración política en Montreal, pero el BBNJ, como instrumento de naturaleza vinculante, no lo recogió en su texto.

Tampoco las “Décadas” de negociaciones a las cuales hacen alusión las ONG son verdad. Es solo un lamentable intento de crear una narrativa que no se ajusta a los hechos. Las negociaciones basadas en un texto duraron 5 años. Es, de hecho, poco tiempo para un tratado tan ambicioso dedicado a cumplir con una laguna que dejo pendiente la Convención del Derecho del Mar de la ONU (CONVEMAR) de 1982 sobre biodiversidad en la alta mar. La FAO y la OMC, por ejemplo, demoraron 30 años en llegar a un acuerdo sobre subsidios a la pesca que todavía está incompleto. 5 años es razonable. Pero exagerar y engañar parece ser su estilo.

Con respecto a uno de los pilares del paquete, como lo es la transferencia de tecnología marina de países desarrollados en vías de desarrollo. La misma es sumamente difícil-sino imposible-de ser transferida sin conocimientos técnicos (know-how) y a países que no tiene capacidad de absorción. Mas aun, está protegido por Derechos de Propiedad Intelectual y en manos del sector privado. A los países insulares en desarrollo, Países Menos Adelantados (PMA) y en desarrollo en general, se les prometió que obtendrían algún tipo de tecnología de punta gratuita. Con suerte, quizás reciban asistencia técnica. Pero si no cumplen, pueden haber sanciones.

En relación con Recursos Genéticos Marinos (RGM) fueron declarados, después de un acalorado debate, como Patrimonio de la Humanidad, pero no es claro en la redacción si los países desarrollados no aplicaran el concepto de “Libertad en los Mares”. Aun así, no es retroactivo y existen ya 13 mil patentes de secuencias genéticas registradas por tres multinacionales. La ausencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de las negociaciones fue un error. Tiene más experiencia en recursos genéticos (RG), después de 20 años y unas 30 sesiones de negociaciones, que nadie en el sistema de la ONU. Será difícil, si no imposible, negociar, y mucho menos implementar con empresas del sector privado, cualquier tipo de acuerdo de acceso y distribución de beneficios (ABS por su acrónimo en Ingles). ¿Qué hacer en las 200 millas de Zona Económica Exclusiva (Uruguay tiene 350 millas, un logro sumamente importante)? Ningún país en desarrollo tiene la tecnología ni los recursos financieros para intentar llegar a profundidades de 4000 metros, por ejemplo. Solo Alianzas Publico-Privadas con empresas de países desarrollados permitirían firmar complejos ABS.

Algo que refleja la intencionalidad de la ONG corporativas (95% de la cuales son financiadas por países desarrollados, pero hacen lobby en nuestro país) fue el promover la inclusión de 67 especies de peces de los cuales también se ha logrado identificar su secuencia genética. La realidad indica que si ya existen secuencias genéticas solo se necesita un solo individuo para obtener su ADN. Pero, sin duda, habla de que las ONGs solo intentan imponer estilos de vida y les es indiferente la seguridad alimentaria.

Por otra parte, se negociaron herramientas de gestión basadas en áreas (ABMT por sus siglas en Ingles)), incluidas las áreas marinas protegidas (AMP). Son el santo grial de las ONG del BBNJ. De hecho, el pretender cerrar 30 por ciento en el 2030 de áreas terrestres y marinas, sin justificación científica alguna, es otro error (Hilborn 2022). Si cierran los océanos a la pesca, las flotas pesqueras, por ejemplo, se congregarían donde no haya áreas de "no captura".

Mas allá del capricho arbitrario de AMPs en la alta mar -principalmente-y en las 200 millas de ZEE, no está probado que funcionen. Las AMP no son soluciones mágicas de talla única. Una puede, eventualmente, funcionar por un tiempo limitado y otras diez no. ¿Cuál es la evaluación a la fecha de las existentes? ¿Funcionaron? No se sabe, pero, en el mejor de los casos, es un escenario caso-por-caso y no una verdad revelada. El Artículo 19.2 del texto aprobado, gracias a los países en desarrollo, sobre medidas basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, establece el respeto a las competencias y el no socavar los marcos y organizaciones mundiales, regionales, subregionales y sectoriales. Las Organizaciones de Ordenamiento Pesquero (OROP) pueden hacerlo. Mas aun, se incluyeron cláusulas de exclusión voluntaria (opt-out clause), lo que debe reconocerse como un logro.

El financiamiento es clave y debería de ser tratado de manera conjunta junto con la incumplible promesa de transferencia de tecnología. Los PMA, insulares en desarrollo, el Caribe y países africanos confían en recibir fondos para implementar estas medidas. La realidad geopolítica y económica indica que no existe la más remota posibilidad de lograrlo, pero las promesas venden utopías. En América Latina los países de ingreso medios y altos quedarían fuera. Tal vez algunas donaciones a través de ONGs con condicionalidades El dinero está en otra parte.

Un pequeño triunfo para el sector pesquero-el cual en Uruguay está prácticamente abandonado-es que la actividad queda excluida. Finalmente, admitieron que intentar incluirlo subrepticiamente prolongaría por años la aprobación de este instrumento inconsistente con la Convención del Derecho del Mar (CONVEMAR) podría menoscabar la seguridad alimentaria de 3.3 millones de seres humanos que dependen de proteínas del mar, $200 mil millones en comercio y 54 millones de empleos directos.

(*) Consultor Internacional, Ex Director para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).