Responsabilidad equilibrada en materia salarial es la necesidad que subraya la actual confección presupuestal y las cercanas rondas iniciales de los Consejos de Salarios
Responsabilidad equilibrada en materia salarial es la necesidad que subraya la actual confección presupuestal y las cercanas rondas iniciales de los Consejos de Salarios. No se trata de descargar arbitrariamente sobre los asalariados el peso del decrecido ritmo de crecimiento de la economía y de las perspectivas en declive en el mediano plazo. Se trata, en cambio, de asumir una realidad que golpea por igual a la gran mayoría de las empresas, a sus trabajadores y al Estado. Si no actúan todos de esa manera, se corre el riego de precipitar una crisis que hoy no existe pero que nos sobrevuela, por contagio de debacles regionales, por caída de precios de materias primas y por menor acceso a los mercados globales debido a la frenada inserción internacional del país.
Como es habitual cuando se está armando el presupuesto y comienzan las negociaciones en el área privada, los sindicatos plantean mejoras salariales, justas en muchos casos. Pero una cosa es lo deseable y otra, lo posible. El aumento del desempleo al 8,1%, su nivel más alto en los últimos seis años, es una advertencia que no puede ignorarse. Ha sido consecuencia del cierre de empresas o de reducciones de personal por caída exportadora y del consumo, especialmente en los sectores lácteo y textil pero también en otros rubros industriales. Aunque en el área sindical muchos reconocen las dificultades de sectores productivos, igualmente se les reclama que absorban aumentos que corresponden a épocas de prosperidad.
Pero es insoslayable que, además de empresas que han cerrado, hay muchas otras en las que peligra su ecuación económica, que se ha visto mermada o que puede tornarse en negativa. Cuando ese peligro ya golpea a la puerta, cualquier empresa privada bien administrada reducirá inevitablemente su costo de personal para ajustarlo a menor actividad, como alternativa a dejar de operar. En el sector público, a estar por los anuncios oficiales, el gobierno está asumiendo con madurez la apretada situación actual. Aunque la inamovilidad de los funcionarios públicos descarta despidos, se ha comprometido a un presupuesto austero, que incluye la política salarial y que elimine los muchos gastos improductivos o excesivos en que incurrieron las dos administraciones previas del Frente Amplio.
La confirmación de esta perspectiva supondrá dejar de lado la exigencia del programa aprobado por la alianza de izquierda el año pasado, de aumentar impuestos a las empresas y a las personas físicas, fórmula segura de agravar la retracción por menor actividad productiva y mayor fuga de capitales. Uruguay está capeando por ahora los efectos de la recesión en Brasil y Argentina, la caída de precios de sus exportaciones y las dificultades para competir con otros países por las trabas que nos impone el Mercosur, que imposibilitan incorporarnos a la creciente tendencia mundial de acuerdos de libre comercio. Pero la estabilidad que todavía existe se vería amenazada si no asumieran sus obligaciones alguno de los tres puntales de la actividad económica: empresas, sindicatos y gobierno. A las empresas les corresponde adecuar sus ganancias a un horizonte complicado; a los sindicatos, ajustar sus demandas; y al gobierno, restringir el gasto público y ser cuidadosamente parco en las pautas para los Consejos de Salarios.
