Érase una vez un “gran debate nacional”

¿Les digo la verdad?

Bueno, sigan leyendo.

En un par de semanas, o quizá antes, especialistas en régimen jubilatorio vinculados al partido de gobierno y socios de la coalición oficialista, comenzarán a dibujar el esqueleto de una nueva reforma previsional. Compartirán escena con técnicos de la oposición, habrá gestos de buena voluntad ante el público, pero los del oficialismo trabajarán contra reloj, en un texto que será aprobado por mayoría y que, con algunos retoques, el Ejecutivo enviará al Parlamento en 2021.

Como si fuera un espectáculo de magia, habrá un rutina de ilusión en escena, pero lo real (lo que importa) estará detrás de los telones.

No es que el gobierno no desee el consenso, que sí lo quiere (y en algún caso de cierta ingenuidad política, creen que se puede obtener), sino que es que no es posible comer gofio y soplar a la vez.

El gobierno de Lacalle Pou quiere y precisa una reforma previsional que permita sostenibilidad financiera y que mantenga la combinación de solidaridad y capitalización individual, y eso está en sintonía con lo que piensan sus socios políticos, pero choca de frente con las ideas del actual Frente Amplio. Basta revisar las propuestas programáticas de 2019, que están en la web de la Corte Electoral.

En el gobierno, ya circula una lista de posibles miembros del “Consejo Asesor Honorario en Seguridad Social” que comenzaría a trabajar en agosto, y para ese grupo, Lacalle debe elegir con buena puntería, porque se precisará especialización técnica, y a la vez manejo político.

Las calificadora de riesgo tienen la lupa sobre dos “deberes” del gobierno uruguayo: (a) un presupuesto nacional austero, con recorte de gasto; y (b) una reforma previsional que despeje el cielo encapotado.

El 1º de marzo de 2016, el entonces presidente Tabaré Vázquez había explicado por qué hay que cuidar el “investment grade”: “En lo económico, en  primer lugar  (hay que)  trabajar fuertemente para no perder el grado inversor” porque “de perderse el mismo, los impactos indirectos sobre el sector real de la economía serían muy negativos (y se) podría reducir el volumen general de inversiones y por tanto, impactar negativamente en el número de puestos de trabajo”.

Un año y medio después, en la Rendición de Cuentas enviada al Parlamento, el informe del entonces ministro Danilo Astori, rubricado por Vázquez, advertía que “a raíz del aumento de la cantidad de jubilaciones, el gasto ha subido fuertemente” y explicaba que “la ley de flexibilización de las jubilaciones” de 2008 se había hecho con una fallida proyección del BPS. Habían estimado que las “altas incrementales” serían “37.000 acumuladas desde 2009 a 2015” y terminó siendo “tres veces” más, con “un costo adicional” de “USD 330 millones anuales en 2016”.

Un año después, en 2018, Vázquez y Astori le dijeron al Parlamento: “La situación de las cuentas públicas continúa siendo el aspecto más vulnerable desde el punto de vista macroeconómico, con un déficit fiscal que permanece en niveles muy altos”. Y decían que la tendencia a mejora era “poco probable que se consolidara “sin que se realicen reformas profundas del gasto público, como la de la seguridad social que está en suspenso”.

Han pasado dos años exacto de esa alerta, y empeoró el déficit.

¿Habrá reforma? Sí, pero no será de consenso.

El Frente Amplio actual no se mira en ese espejo de Vázquez y Astori: quiere una reforma previsional sí, pero para reforzar el régimen de reparto, y que el tramo que sea de ahorro, no sea individual ni manejado  por privados. Y además propone ampliar beneficios en cantidad y en montos. La amplia mayoría de la dirigencia y sectores del FA quiere eso, y es lo que prometieron en la campaña de 2019.

Los programas de los partidos de la coalición oficialista tienen puntos en común para una reforma que permita mejorar el resultado financiero del sistema jubilatorio, sobre la base de sistema mixto, que mantenga una parte en “reparto” (BPS) y otra de “capitalización de ahorros” (AFAP).

Las dudas están en si se podrá abarcar todo el sistema (las cajas específicas, Bancaria, Profesional, Notarial, Policial y Miiltar) y en si habrá modernización de la operativa de administradoras de fondos y seguros post retiro (ya se manejan variantes innovadoras que mostraron buen resultado en otros países).

O sea, hay mayoría para una reforma como se precisa, pero no está claro si da para algo más profundo.

El Comité a formar a fin de julio, tendrá 15 miembros y debe decidir por “consenso o por una mayoría de nueve votos conformes”, por lo que el gobierno deberá contar con holgada ventaja, para que la “multicolor” vote un texto que cumpla los cometidos expuestos en la LUC: “la sustentabilidad de mediano y largo plazo”.

Ese comité estará integrado por expertos que reflejen la “diversidad de visiones con respecto al tema de la seguridad social, tanto de las organizaciones sociales como de los partidos políticos”.

Pero la reforma que el gobierno y sus socios quieren hacer, y que las calificadoras esperan y los mercados reclaman, no puede ser votada por el Frente, porque sería traicionar lo que prometieron en 2019, e ir contra los principios de sus dirigentes.

Habrá un “gran debate nacional”, se hará la “porfiada búsqueda del consenso”, y al final saldrá un proyecto de reforma avalado por la mayoría actual, para votar el 2021 por la bancada multicolor.

El debate formal del “Consejo Honorario”no será lo relevante y lo que importará será la negociación entre una parte de ese comité, la que ocurra entre delegados de los socios oficialistas.

Sobre la reforma que podrá concretarse, hay indicios aunque no certezas; para “el gran debate” ya se se puede leer el “colorín, colorado …”