La sentencia de la Suprema Corte de Justicia que rechazó el recurso de lesión de autonomía de las intendencias de Colonia y San José, coloca al gobierno en posición de llevar a las intendencias a negociar por una patente única nacional, como propuso el presidente José Mujica.
De todos modos, para lograr una patente única, con un precio menor al que se paga hoy, el Poder Ejecutivo deberá volcar más recursos que los US$ 12 millones previstos.
Mujica comunicó que está dispuesto a destinar fondos para aquellas intendencias que pierdan dinero. Es el caso de Colonia y Flores, que hoy ofrecen los valores más bajos para cautivar contribuyentes de otros departamentos.
En un fallo muy discutido, que salió por tres votos contra dos, la Suprema Corte rechazó el recurso de lesión de autonomía.
El intendente de Colonia, Walter Zimmer, dijo a El Observador que se comprometió con Mujica a negociar e intentar lograr un acuerdo para bajar la patente y actuará en consecuencia.
El próximo 15 de abril el Congreso de Intendentes comunicará los avances de la negociación que se viene llevando a cabo.
El gobierno central trata de limar asperezas entre los intendentes que no ven con buenos ojos el subsidio a las intendencias de Colonia y Flores, a las que acusan de desconocer acuerdos anteriores y bajar los precios para aumentar los empadronamientos.
Zimmer evaluó que el fallo de la Corte perjudica en definitiva al contribuyente porque no si no se logra bajar el precio de la patente es éste el que “paga los platos rotos”.
El jefe comunal dijo que respeta el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que es inapelable, pero aclaró que perdieron por tres votos a dos, y eso es “muy importante”. “Dos ministros nos dieron la razón”, subrayó.
Por su parte, el intendente de San José, José Carlos Falero, dijo que desea analizar el fallo de la Corte en profundidad, pero adelantó su opinión de que la ley de patente única deberá reformarse para “habilitar a que los ciudadanos puedan empadronar su vehículo donde deseen, más allá de que el tributo sea unificado”. Falero dijo que “es una cuestión de libertad de opción”,
LESIÓN DE AUTONOMÍA. La ley 18.456, de empadronamiento y reempadronamiento de vehículos aprobada en diciembre de 2008, determina el criterio para fijar “el domicilio permanente” de las personas físicas o jurídicas titulares de dichos bienes y, en consecuencia, de la Intendencia donde se debe tributar.
En rechazo a esa ley, las intendencias de Colonia y San José, y la Junta Departamental de Colonia, plantearon un recurso ante la Corte, pero perdieron por tres votos contra dos.
La discusión de los magistrados giró en torno al artículo 297 de la Constitución que establece que los gobiernos departamentales tendrán como fuente de recursos “determinados impuestos, las contribuciones por mejoras, tasas, tarifas, y precios por servicios”, entre otros.
En una sentencia que la Corte emitió semanas atrás frente a un recurso de inconstitucionalidad presentado por contribuyentes particulares, los ministros de la Corte, que ahora votaron en mayoría, señalaron que la interpretación que hizo la ley del alcance territorial de la potestad tributaria “no constituye infracción constitucional alguna”. Afirmaron también que “no existen derechos absolutos” y que los derechos consagrados por la Constitución “pueden ser limitados por el legislador nacional por razones de interés general”. En posición contraria, los otros dos ministros opinaron que sí se lesiona la autonomía porque la Constitución establece que la patente de rodados es una fuente de recursos municipal y ello es competencia de las intendencias. Agregaron que no puede establecerse como base de ese tributo la circulación.
